UN BAREMO EUROPEO DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL

 Luis Moreno Fernández
Moreno Fernández, S.L. Abogados

 

ÍNDICE

I.-     ANTECEDENTES DE LAS INDEMNIZACIONES POR LESIONES EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

A)   La primera Directiva: (72/166/CEE).

B)   La segunda Directiva: (84/5/CEE).

C)   La tercera Directiva: (90/232/CEE).

 II.-    LA RESOLUCIÓN (75) 7 RELATIVA A LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CASO DE LESIONES CORPORALES Y FALLECIMIENTO.

 III.-   LOS SISTEMAS DE INDEMNIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES CORPORALES DE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

A)   Las modalidades de evaluación médica

B)   Las modalidades de estimación monetaria

 IV.-   LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN LA LEY 30/95 DEL SEGURO PRIVADO EN ESPAÑA .

A)    Seguro directo de vida.  

B)    Seguro directo distinto del seguro de vida.

C)    Seguro de responsabilidad civil de automóviles

D)    Cuentas anuales y cuentas consolidadas.

E)    Vínculos estrechos.

 V.-     EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.

 VI.-   EL DAÑO CORPORAL EN EL SISTEMA FRANCÉS.

A)   El daño personal y el Artículo 1382.

B)   La Ley Badinter.

C)   Daños patrimoniales y daños morales.

 VII.-   LA CUARTA DIRECTIVA SOBRE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS DE MOTOR.

 VIII.-  CONCLUSIÓN: REFLEXIÓN.

 BIBLIOGRAFÍA

         

I.- ANTECEDENTES DE LAS INDEMNIZACIONES POR LESIONES EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

 El  Consejo de las Comunidades Europeas (CC.EE.) aprueba una resolución en 1961, la cual preveía la realización de una serie de armonizaciones legislativas, antes de aplicar la prestación de servicios en Seguros. Finalmente se abandonó este criterio y se optó por la liberalización sin armonización previa.

 A)      La primera Directiva: (72/166/CEE).

 La primera Directiva sobre el Seguro de automóviles, es de 24 de Abril de 1972 (72/166/CEE), ésta exige la obligatoriedad de aseguramiento y la no exigencia del control de la llamada “Carta Verde” en frontera, sustituida por un acuerdo “inter oficinas” nacionales. La Carta Verde es un documento que emite la oficina de seguros de automóviles de cada país, que acredita la existencia de seguro ante las autoridades de otros países, en base a que cada oficina nacional reconoce a las oficinas de otros países, ya que todas están integradas en el Council o Bureaux, con sede en Londres.

 Esta Directiva instauró el sistema del seguro obligatorio de automóviles para todos los Estados Miembros, permitiendo así, la eliminación recíprocamente de los mecanismos de control de seguro en los territorios de la Unión Europea.

 Además se consideran Directivas de Primera Generación las siguientes: 73/239/CEE, de 24 de Julio; 73/240/CEE, de 24 de Julio; 77/92/CEE, de 13 de Diciembre; 79/267/CEE, de 5 de Marzo.

 B)      La segunda Directiva: (84/5/CEE).

 La Directiva 84/5/CEE, es de 30 de Diciembre de 1983. Ésta aborda la materia del importe de las indemnizaciones por daños materiales y personales, estableciendo 350.000 ecus por víctima para daños corporales y 100.000 para los materiales.

 Por otro lado, establece la inoponibilidad a las víctimas de las exclusiones motivadas en el incumplimiento por parte del asegurado de las condiciones de la póliza y la ampliación al ámbito internacional de la cobertura de las funciones de los fondos Nacionales de Garantía.

 Igualmente son consideradas Directivas de Segunda Generación las siguientes: 78/473/CEE, de 30 de Mayo; 84/641/CEE, de 10 de Diciembre; 87/343/CEE, de 22 de Junio; 88/357/CEE, de 22 de Junio; 91/674/CEE, de 19 de Diciembre.

 C)      La tercera Directiva: (90/232/CEE).

 Esta Directiva es de fecha de 14 de Mayo de 1990. Establece una sola prima de seguro para toda la Comunidad, lo que viene a eliminar la Carta Verde, ya que la misma póliza incluye lo que antes cubría la Carta.

 Ésta procura la cobertura de todos los ocupantes, excepto el conductor, dentro del seguro obligatorio, a la extensión territorial de pólizas a todo el territorio de la Unión Europea.

 Las Directivas de Tercera Generación son las siguientes: 92/96/CEE, de 10 de Noviembre; 92/49/CEE, de 18 de Junio.

 El punto de encuentro de estas Directivas lo hallamos en la referencia a accidentes de circulación acontecidos en el país de residencia de la víctima y que el vehículo causante puede estar matriculado y asegurado en el mismo o en otro Estado.

 Otra Directiva importante, fue la de 8 de Noviembre de 1990 (90/618/CEE), que regula el régimen de libre prestación de servicios en el seguro de automóviles, es decir, la contratación con un asegurado situado en otro país, sin establecimiento en el país asegurado o del riesgo. Ésta dispuso la Libre Prestación de Servicios, ampliando la posibilidad de que el vehículo causante estuviera matriculado en el país de residencia de la víctima pero asegurado en otro Estado Miembro distinto.

 A pesar de estas Directivas, las diferencias fueron importantes en muchos aspectos: en el sistema de imputación de la responsabilidad, en los sistemas procesales, en la diferencia existente entre los países de sistema continental europeo y el Británico del Common Law.

II.- LA RESOLUCIÓN (75) 7 RELATIVA A LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CASO DE LESIONES CORPORALES Y FALLECIMIENTO.

 Esta Resolución, adoptada por el Comité de Ministros el 14 de Marzo de 1975, supuso otro antecedente basándose en una declaración de principios para la Comunidad Europea en aras de una armonización de legislaciones y jurisprudencia en materia de daños corporales. Se trata de una Recomendación que no tiene fuerza vinculante.

 Esta Recomendación estableció los principios relativos a la reparación de daños en caso de lesiones corporales y fallecimiento por medio de unas disposiciones que regularon aspectos tan importantes como el principio de reparación íntegra, el momento para el cálculo de la indemnización, la mención en sentencia de los distintos tipos de perjuicios, los gastos ocasionados al perjudicado y gastos de fallecimiento, el lucro cesante, formas de pago y aumentos, otros legitimados, etc.

 En nuestro país esta Norma comunitaria sirvió de inspiración a la Orden de 5 de Marzo de 1991 que fijó un sistema para la valoración del daño personal. Dicha orden no es más que una adaptación de la Recomendación al contexto socio-económico del país. Sin embargo, en nuestro país esta Orden ha quedado relevada por el baremo de la Ley del Seguro Privado de 1995.

III.- LOS SISTEMAS DE INDEMNIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES CORPORALES DE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

 El principio común es el de la indemnización íntegra, que se halla expresado en la Resolución nº 75 del Consejo de Europa: “La persona que es objeto de un perjuicio debe ser devuelta a una situación lo más cercana posible a aquella en la que presumiblemente se hallaría si el daño no se hubiese producido”.

 Sin embargo el estudio comparativo de la práctica de evaluación de los perjuicios corporales y de los niveles de indemnización es un ejercicio frustrante, debido a la multiplicidad de factores que interfieren.

 Existe una enorme disparidad con respecto a los montantes de indemnización en los distintos países de Europa. Con una relación de 1 a 5 entre las evaluaciones medias para casos similares, entre el país más parco y el más generoso (la relación de la renta media por habitante es de 1 a 3), en casos de diferenciación de  1 a 15 en las hipótesis de siniestros muy graves (paraplejia, tetraplejia) y en algunas situaciones particulares (deceso de un joven adolescente sin renta) del orden de 1 a 200.

 Se nota un cierto acercamiento entre grupos de 5, 6 o 7 países según los tipos de lesiones, que indemnizan de forma muy parecida o con unas diferencias de un 10  a un 20% para los distintos tipos de secuelas, que pueden explicarse por las diferencias de renta.

 Tomemos por ejemplo el caso de la tetraplejia. Hay un grupo de siete países, entre los cuales se hallan Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña, Francia y Alemania, cuyas indemnizaciones máxima y mínima tiene una diferencia de 1 a 1,6 .

 O el caso de la ceguera completa, para el cual las diferencias son de 1 a 1,2 entre seis países cuyos métodos de evaluación son sin embargo bastante distintos: Italia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Luxemburgo y Bélgica.

 Un primer factor de diferenciación de los montantes de indemnización es el nivel económico general y detrás de éste, se halla la facultad contributiva financiera de los ciudadanos para comprometerse con una prima más o menos costosa en seguros de auto, cotizaciones sociales o primas de seguros de accidente, para garantizarse una indemnización sustancial.

 Un segundo factor reside en los terceros pagadores. Se trata de organismos de seguros públicos o privados que ofrecen a la víctima una garantía a cambio de una cotización, que puede ser obligatoria o voluntaria. El principal representante de estos terceros pagadores en nuestros países es la Seguridad Social. Puede ocurrir que en unos países, las indemnizaciones se sumen o puede suceder que en otros, no se sumen a las realizadas en derecho común, por ello puede producirse que algunas indemnizaciones sean más elevadas que otras.

 Otro factor de distorsión lo constituye la diversidad de métodos de evaluación de los perjuicios, sobre todo los perjuicios económicos futuros y los no económicos.

 A)      Las modalidades de evaluación médica

 La peritación médica adquiere gran importancia en Bélgica, Luxemburgo, Italia y Francia. Existe una cuantificación del perjuicio a partir de baremos oficiales, los cuales clasifican las secuelas según un porcentaje del 1 al 100 o según una graduación o un número determinado de escalones convenidos para cuantificar le precio del dolor o el perjuicio estético.

 En otros países como, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda o Países Bajos, el médico realiza una descripción detallada de las dolencias y de las secuelas pero sin hacer ninguna cuantificación, la cual deja para el juez.

 B)      Las modalidades de estimación monetaria

 La evaluación de las indemnizaciones correspondientes a los daños futuros es muy delicada, puesto que se basa en pronósticos y éstos son muy aleatorios.

 Pueden distinguirse tres tipos de prácticas de evaluación monetaria:

 La evaluación in concreto, empleada por países como Alemania, Grecia e Irlanda, y también en cierta forma por Francia, Luxemburgo y Bélgica.

 La evaluación del multiplicador y del multiplicando, autorizada por los jueces británicos. El multiplicador es la pérdida anual neta de la víctima y el multiplicador, el número de años durante los cuales la víctima sufrirá esta pérdida.

 La evaluación a partir de un porcentaje de incapacidad, utilizada en Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo. No pretende evaluar la pérdida de ingresos profesionales, sino la pérdida de capacidad.

 Un último factor de dispersión reside en la diversidad de nociones relativas al perjuicio no económico (perjuicio moral).

 El Derecho Inglés limita a un determinado montante algunos de estos perjuicios, como por ejemplo el daño moral de los parientes en caso de deceso. Además el juez evalúa el daño moral con la ayuda de una tarifa regularmente puesta al día, el Kemp and kemp, es decir el clasificador de decisiones de jurisprudencia inglesa por tipo de lesión.

 En Alemania, el Schmerzensgeld, se refiere a la vez a la indemnización por el sufrimiento que se soporta, al perjuicio estético y a la pérdida de la alegría de vivir. Su evaluación es dejada a la libre apreciación de los jueces, que se valen de listas no oficiales de una numerosísima jurisprudencia.

 En el Derecho Italiano, la distinción entre perjuicio económico y no económico es sustituida por una distinción entre los daños en sentido objetivo, que dan siempre lugar a indemnización, el perjuicio moral, que no es indemnizado si no es en los casos excepcionales contemplados en el artículo 185 del Código Penal y el 2059 del Código Civil, y los daños biológicos, que comprenden todo perjuicio a la persona que tenga una repercusión en su vida fisiológica, social, sus placeres, el daño estético, etc. Este daño se indemniza independientemente de la pérdida de capacidad de trabajo y de ingresos.

 En Francia, el perjuicio no económico, siempre ha sido indemnizado. En caso de deceso, el juez concede a los parientes más cercanos una indemnización por perjuicio moral, deducible por tablas oficiales publicadas por los aseguradores. En casos de lesiones, la doctrina preconiza una indemnización que distinga entre el perjuicio económico y el fisiológico. Los aseguradores estiman que tal distinción puede conducir a doble indemnización de las mismas secuelas. Finalmente los perjuicios anexos (estético y pérdida de placer) son atribuidos en función de las constataciones médicas y con la ayuda de baremos oficiales.

 A pesar de este aparente acercamiento, especialmente en cuanto a los métodos de evaluación, se constata que en la indemnización de los perjuicios no económicos es donde se producen las mayores diferencias entre los países.

IV.- LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN LA LEY 30/95 DEL SEGURO PRIVADO EN ESPAÑA . 

 Las siete Directivas comunitarias que se incorporan la derecho español, en la Ley 30/95 de Supervisión y Ordenación del Seguro Privado (de fecha 8 de Noviembre) agrupadas por su objeto son las siguientes:

 A)          Seguro directo de vida. 

 Directiva 90/619/CEE, del Consejo, de 8 de Noviembre de 1990, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 70/267/CEE. Esta Directiva comporta trasladar al ámbito de los seguros de vida las disposiciones de la libertad de prestación de servicios aplicables a los seguros distintos de vida.

 Directiva 92/96/CEE, del Consejo, de 10 de Noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE. Establece la licencia única en seguros de vida.

 B)          Seguro directo distinto del seguro de vida.

 Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de Junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE. Constituye la recepción de la licencia única en el seguro directo distinto del seguro de vida.

 C)          Seguro de responsabilidad civil de automóviles

 Directiva 90/618/CEE, del Consejo, de 8 de Noviembre de 1990, que modifica, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE en lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles. Esta Directiva supone esencialmente incorporar la régimen de libre prestación de servicios el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles.

 Directiva 90/232/CEE, del Consejo, de 14 de Mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos. Ésta supone la ampliación de la cobertura de los daños personales a cualquier ocupante del vehículo, salvo el conductor.

 D)          Cuentas anuales y cuentas consolidadas.

 Directiva 91/674/CEE, del Consejo, de 19 de Diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros. Esta Directiva armoniza dichas cuentas, unificando presentación, evaluación y definición de las partidas del balance.

 E)          Vínculos estrechos.

 Directiva 95/26/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 1995, por la que se modifican las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE relativas a las entidades de crédito, las Directivas 73/239/CEE  y 92/49/CEE, relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al seguro directo de vida, la Directiva 85/611/CEE, sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios con objeto de realizar la supervisión prudencial. Esta norma comunitaria introduce los conceptos de: vínculo estrecho, domicilio social o secreto profesional.

V.- EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.

 Las Directivas que se adaptan, extienden su ámbito, no sólo a los países que forman parte de la Unión Europea, sino también a los Estados que, aún no siendo miembros de la Unión Europea, están incorporados al Espacio Económico Europeo (E.E.E.).

 El 2 de Mayo de 1992 se firmó en Oporto el Acuerdo sobre el E.E.E., que entró en vigor el 1 de Enero de 1994, sin la ratificación de Suiza. Este Acuerdo supuso la asunción por los países de la EFTA (Asociación Europea de Libre Cambio) del acervo comunitario, como parte del proceso integrador europeo, al establecerse líneas de convergencia entre las CC.EE. y la práctica totalidad del resto de países europeos, agrupados en la Asociación Europea de Libre Cambio.

 Habida cuenta de que el Acuerdo de Oporto  no contemplaba la aplicación de las Terceras Directivas (90/323/CEE) o Directivas de Tercera Generación, el Comité Mixto del .E.E.E. decidió su aplicabilidad por Decisión del 21 de Marzo de 1994, por la que se modifica el Protocolo 47 y determinados Anexos que formaban parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

 En España, además de las Directivas de la Comunidad Europea, la línea de convergencia trazada por los países miembros del E.E.E., procuró otra serie de modificaciones que se adoptaron en nuestro derecho por medio de la Ley del Seguro Privado (Ley 30/95, de 8 de Noviembre) y en materias tan importantes como: Requisitos de la autorización administrativa de entidades aseguradoras españolas y de la adquisición en las mismas de participaciones significativas; Protección del asegurado; Procedimientos administrativos de supervisión.

VI.- EL DAÑO CORPORAL EN EL SISTEMA FRANCÉS.

 A)      El daño personal y el Artículo 1382.

 Desde 1970, la pretendida licitud del daño deja de identificarse con los intereses jurídicamente protegidos y al conviviste se le reconoce el derecho de resarcimiento de su daño, tanto el pecuniario como el moral. A partir de aquí, los presupuestos de la reparación del daño mediato serán los del propio artículo 1382 del Código Napoleónico, y los mismos que para los daños directos, siempre que el daño sea probado.

 Así que, actualmente, el verdadero problema de la responsabilidad civil, es el de la aplicación efectiva e igualitaria del conocido principio de la reparación integral.

 B)      La Ley Badinter.

 Esta Ley representa un avance muy importante hacia la uniformidad de las indemnizaciones. Extrema la teoría del riesgo, ya que la víctima no puede verse privada de la correspondiente reparación, incluso cuando media culpa de su parte, salvo que sea exclusiva. Favorece el acuerdo amistoso entre el asegurador y el perjudicado o sus herederos. También introduce el examen médico que, preferiblemente tendrá que hacerse por un especialista en valoración del daño corporal.

 Sin embargo no aborda el tema de las cuantías de las indemnizaciones, lo que ha provocado las críticas de algunos doctrinistas y ha empujado, a tal fin, a la creación de baremos indicativos, no vinculantes, pero que tienen una gran difusión y valor orientativo.

 Esta Ley ha previsto la publicación regular del importe de las indemnizaciones judiciales o transacionales, lo cual, crea un clima de publicidad de los quantum que propicia, la uniformidad de las valoraciones, ya que todos los posibles implicados en el suceso, sobre todo los jueces, pueden consultar el fichero nacional de indemnizaciones, denominado AGIRA, con la ayuda del Minitel, dotándoles así de un elemento comparativo clave que aunque no sea vinculante, puede ser un factor de armonización a nivel nacional. Iniciativa, que es a la vez causa y efecto, de unas sentencias cada vez más detalladas en las que se especifican, en concepto de qué se otorgan.

 C)      Daños patrimoniales y daños morales.

 En cuanto a los daños patrimoniales, la jurisprudencia admite sin reservas,  el reembolso de todos los gastos que se hayan efectuado con ocasión de los daños ocasionados, incluyendo los pagos hechos a personas que  haya podido necesitar el enfermo para poder ser asistido. También se incluyen las pérdidas de ganancias o lucrum cessas.

 Por lo que se refiere a los daños morales, los jueces franceses se muestran favorables y sin cortapisas a la indemnización de cualquier forma de sufrimiento, tanto el sufrimiento físico, como el padecido  moralmente,. A diferencia de lo que ocurría en el Derecho Inglés, en Francia, la indemnización de los perjuicios morales se suele detallar en sus distintos aspectos; Algunos autores destacados de la doctrina francesa, al igual que el Derecho Inglés, defienden el establecimiento en su sistema jurídico de unos topes legales para la indemnización del daño moral.

VII.- LA CUARTA DIRECTIVA SOBRE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS DE MOTOR.

 En 1998, ya se disponía de una Propuesta de Directiva compuesta por una exposición de motivos y diez artículos de los cuales los seis primeros eran cuerpo normativo y los cuatro últimos eran disposiciones de orden para su puesta en marcha y aplicación.  Se preveía el alcance no sólo a los quince países miembros de la Unión Europea sino también al Espacio Económico Europeo y demás países firmantes del Convenio Multilateral de Garantía, quienes tienen aceptadas e incorporadas a su derecho interno las tres Directivas anteriores de Seguro de Responsabilidad Civil de vehículos a motor.

 Se trata de la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo.

 La principal finalidad de esta Norma comunitaria es fijar las disposiciones específicas aplicables a los sujetos con derecho a indemnización derivada de los daños o perjuicios sufridos por causa de accidentes ocurridos en un Estado Miembro distinto del Estado de residencia del individuo perjudicado y que hayan sido causados por vehículos con seguro y estacionamiento habitual en un Estado de la Unión Europea.

 Estas disposiciones se aplicarán de igual forma a los perjudicados con residencia en un Estado Miembro con derecho a indemnización por los perjuicios o lesiones sufridos como consecuencia de accidentes ocurridos en países extra comunitarios cuyas oficinas nacionales de seguros, se hayan adheridos al sistema de la Carta Verde, con la condición de que dichos accidentes hayan sido causados por le uso de vehículos con seguro y estacionamiento habitual en un país comunitario.

 La mejora en la defensa de los derechos de los sujetos perjudicados en siniestros ocurridos fuera de su Estado Miembro de residencia es una clara apuesta de esta Directiva. Con este fin, es otorgado al sujeto perjudicado, el derecho a interponer una acción directa contra la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil del tercero responsable. Ello podría hacerse en su propio Estado Miembro ante un representante de la Aseguradora de la parte responsable que haya sido designado a tal efecto. De esta forma, los Estados Miembros deberán adoptar las disposiciones necesarias para que las Aseguradoras que cubran este tipo de riesgos designen en todos los Estados Miembros un representante para la tramitación y liquidación de los siniestros, que deberá residir en dicho Estado comunitario y cumplir lo que la Directiva dispone.

 Los Estados de la Unión habrán de constituir organismos de información, a fin de que el sujeto perjudicado pueda hacer valer su derecho a reclamar una indemnización; y organismos de indemnización que serán los destinados a resarcir a los sujetos perjudicados.

 Los Estados Miembros deberán adoptar las disposiciones necesarias para cumplir lo establecido en esta Directiva 2000/26/CE, antes del 20 de Julio de 2002.

VIII. CONCLUSIÓN: REFLEXIÓN.

 La pregunta que cabe hacerse es: ¿Interesa un baremo europeo para la valoración de los daños corporales dimanante de responsabilidad civil?

 La existencia de un baremo europeo supone de positivo la completa armonización y punto de encuentro de legislaciones y jurisprudencia en la totalidad de los países comunitarios. Al final, esta realidad no es más que la consecución de la ansiada convergencia que la Unión Europea intenta para todas las materias.

 En la misma línea hay que destacar el concepto de seguridad jurídica que se deriva de la posibilidad de indemnizar los daños de los perjudicados de acuerdo a lo fijado en una tabla, puesto que se evitaría lo que la doctrina de alguna legislación estatal dio en llamar lotería judicial refiriéndose a la discordancia en las indemnizaciones concedidas por sentencias judiciales.

 Por otro lado, la aplicación de la tabla indemnizatoria podríamos pensar que da lugar a un resultado desigualitario entre los países comunitarios, y ello debido a las evidentes diferencias en el nivel económico de algún Estado miembro con respecto a otros.

 También decir que, la necesaria inclusión de los daños morales en el baremo, al igual que sucede en España, da lugar a situaciones de manifiesta injusticia social,  ya que cuantificar un daño moral es supone un aspecto demasiado subjetivo y variable en función de cada caso como para tipificarlo en una tabla. Pongamos por caso el daño moral indemnizado a un hijo por la muerte de su padre con el que no tenía relación y por otro lado , el de una individuo que conviva con el fallecido, sin vínculo familiar, pero con una estrecha relación no resultando indemnizado o siéndolo en bastante menor medida.

BIBLIOGRAFÍA

Revista de Derecho de la circulación
Edita INESE

“El perjudicado frente al Asegurador extranjero. La cuarta Directiva”
María José Fernández Martín

Revista Comunidad Europea
Aranzadi.

La Ley del Seguro Privado
Manuel F. Bibián de Miguel

Los daños corporales: Tipología y valoración
Elena Vicente Domingo.

Etude des mèthodes dévaluation du prejudice corporel
Ladret

Legislación española: Ley 30/95 , de 8 de Noviembre de 1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados; Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor; Orden Ministerial de 5 de Marzo de 1991.

 

II Congreso Nacional de Responsabilidad Civil y Seguro
Volver a la Página principal

Página web elaborada por Área de Derecho Civil - Universidad de Girona
Webmaster: Albert Ruda (Contactar)