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Directiva comunitaria |
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Directiva
87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al
consumo
DOCE núm. L 42 de 12-2-1987 p. 48-53
[Modificada
por la Directiva 90/88/CEE del Consejo, de 22 de febrero de 1990, que
modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros en materia de crédito al consumo (Diario Oficial núm L 61
de 10-03-1990 p. 14–18) y por la Directiva 98/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de, 16 de febrero de 1998, que modifica la
Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de crédito al consumo (Diario Oficial
núm. L 101 de 1-4-1998 p. 17–23)]
DIRECTIVA
DEL CONSEJO
relativa
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al
consumo
(87/102/CEE)
EL
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, visto el Tratado constitutivo de
la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100,
Vista la
propuesta de la Comisión (1),
Visto el
dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el
dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando
que existen amplias diferencias en las legislaciones de los Estados
miembros en materia de crédito al consumo;
Considerando
que tales diferencias de legislación pueden conducir a distorsiones
en la competencia entre los prestamistas en el mercado común;
Considerando
que tales diferencias limitan las oportunidades que tiene el
consumidor para obtener crédito en otro Estado miembro; considerando
que afectan al volumen y a la naturaleza del crédito solicitado, y
asimismo a la adquisición de bienes y servicios;
Considerando
que, en consecuencia, tales diferencias ejercen una influencia sobre
la circulación de bienes y servicios asequibles a los consumidores
mediante el crédito y que, de este modo, afectan directamente al
funcionamiento del mercado común;
Considerando
que, dado el volumen creciente del crédito concedido a los
consumidores en la Comunidad, la creación de un mercado común de crédito
al consumo beneficiaría por igual a los prestamistas, a los
fabricantes, a los mayoristas y minoristas así como a los proveedores
de servicios;
Considerando
que los programas de la Comunidad Económica Europea para una protección
del consumidor y una política de información (4) disponen, en particular, que
debería protegerse al consumidor contra las condiciones abusivas de
crédito y que debería emprenderse prioritariamente una armonización
de las condiciones generales que regulan el crédito al consumo;
Considerando
que las diferencias en la legislación y en la práctica ocasionan una
protección al consumidor desigual en el ámbito del crédito al
consumo de un Estado miembro a otro;
Considerando
que en los últimos años se han producido muchos cambios en las
modalidades de crédito a disposición de los consumidores y a los que
éstos han acudido; considerando que han surgido y continúan
desarrollándose nuevas formas de crédito al consumo;
Considerando
que el consumidor debería recibir información adecuada sobre las
condiciones y el coste del crédito y sobre sus obligaciones;
considerando que dicha información debería incluir, entre
otras cosas, el porcentaje anual de cargas financieras por el crédito
o, en su defecto, el importe total que el consumidor tiene que pagar
por el crédito; considerando
que hasta que no se adopte una Decisión relativa al método o a los métodos
comunitarios de calcular el porcentaje anual de cargas financieras,
los Estados miembros deberían poder continuar con los métodos o con
las prácticas existentes para calcular dicho porcentaje o,
en su defecto, deberían establecer disposiciones para indicar
el coste total del crédito al consumidor;
Considerando
que las condiciones del crédito pueden ser desventajosas para el
consumidor y que se puede conseguir una protección mejor de los
consumidores mediante la adopción de determinados requisitos válidos
para
todas las formas de crédito;
Considerando
que, en razón del carácter específico de determinados contratos de
crédito o clases de operaciones, dichos acuerdos u operaciones deberían
excluirse parcial o totalmente del ámbito de aplicación de la
presente Directiva;
Considerando
que los Estados miembros deberían tener la posibilidad, en consulta
con la Comisión, de exceptuar de la Directiva determinadas formas de
crédito de carácter no comercial concedido en condiciones
particulares;
Considerando
que las prácticas existentes en algunos Estados miembros con respecto
a los documentos auténticos autorizados por notario o juez son de una
naturaleza tal que hace innecesaria la aplicación de determinadas
disposiciones de la presente Directiva; considerando que,
por consiguiente, los Estados miembros deberían tener la
posibilidad de exceptuar tales documentos de dichas disposiciones;
Considerando
que los contratos de crédito de cuantías muy elevadas deben
considerarse diferentes de las transacciones habituales en materia de
crédito al consumo; considerando que la aplicación de las
disposiciones de la presente Directiva a contratos de cuantías muy
pequeñas podría crear trabas administrativas innecesarias tanto a
los consumidores como a los prestamistas; considerando que,
por lo tanto, los contratos que superen o no alcancen las cuantías
especificadas deberían excluirse de la Directiva;
Considerando
que facilitar información sobre el coste del crédito a través de la
publicidad y en los locales comerciales del prestamista o
intermediario puede facilitar al consumidor la comparación entre
distintas ofertas; Considerando que se mejora aún más la protección del
consumidor si los contratos de crédito se hacen por escrito y si
contienen determinadas cláusulas contractuales mínimas;
Considerando
que en el caso del crédito concedido para la adquisición de bienes,
los Estados miembros deberían estipular las condiciones en que los
bienes pueden recuperarse, en particular, si el consumidor no ha dado
su consentimiento; y considerando que la liquidación entre las partes,
en caso de recuperación del bien por el prestamista, debería
realizarse de tal forma que se garantice que dicha recuperación no
ocasione un enriquecimiento injusto;
Considerando
que, debería permitirse al consumidor liberarse de sus obligaciones
antes del vencimiento; considerando que el consumidor debería tener
derecho en dicho caso a una reducción equitativa sobre el coste total
del crédito;
Considerando
que no debería permitirse que la cesión de los derechos del acreedor
derivados de un contrato de crédito debilite la posición del
consumidor;
Considerando
que aquellos Estados miembros que permitan a los consumidores utilizar
letras de cambio, pagarés o cheques en relación con los contratos de
crédito deberían garantizar que el consumidor esté suficientemente
protegido al utilizar tales instrumentos;
Considerando
que, en lo que se refiere a los bienes o servicios que el consumidor
adquiera en el marco de un acuerdo de crédito, el consumidor, al
menos en las circunstancias que posteriormente se definen, debería
tener respecto del prestamista derechos adicionales en relación con
los que normalmente tendría contra él y contra el proveedor de los
bienes o servicios; que las circunstancias a que se refiere el
supuesto anterior son aquéllas en que entre el prestamista y el
proveedor de bienes y servicios existe un acuerdo previo en virtud del
cual exclusivamente dicho prestamista podrá conceder crédito a los
clientes de dicho proveedor para la adquisición de bienes o servicios
suministrados o por este;
Considerando
que el ECU ha sido definido en el Reglamento (CEE) nº 3180/78 (1),
modificado en último término por el Reglamento (CEE)
nª 2626/84
(2); que
los Estados miembros deberían, hasta un cierto límite,
disfrutar de la libertad de redondear los importes en moneda
nacional como consecuencia de la conversión de los importes
expresados en ECUS en la presente Directiva; y considerando que los
importes contemplados en la presente Directiva deberían volver a
examinarse periódicamente en función de las tendencias económicas y
monetarias en la Comunidad y, si es necesario, revisarse;
Considerando
que los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas a fin
de conceder las correspondientes autorizaciones a los prestamistas, a
los intermediarios, o a quienes se dediquen a inspeccionar o
supervisar las actividades de los prestamistas o intermediarios o a
los consumidores a formular sus quejas sobre los contratos de crédito
o las condiciones de crédito;
Considerando
que los contratos de crédito no deberían sustraerse, en perjuicio
del consumidor, a las disposiciones adoptadas en ejecución de la
presente Directiva o que correspondan a dichas disposiciones; y
considerando que dichas disposiciones no deberían eludirse como
consecuencia del modo en que los contratos estén redactados;
Considerando
que, puesto que la presente Directiva prevé un cierto grado de
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al
consumo y un cierto nivel de protección al consumidor, no debería
impedirse a los Estados miembros que mantengan o adopten medidas más
estrictas par proteger al consumidor, teniendo debidamente en cuenta
sus obligaciones en virtud del Tratado;
Considerando
que, a más tardar, el 1 de enero de 1995, la Comisión debería
presentar al Consejo un informe relativo a la aplicación de la
presente Directiva,
HA
ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo
1
1. La
presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito.
2. A
efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «consumidor»:
la persona física que, en las operaciones reguladas por la presente
Directiva, actúa con fines que puedan considerarse al margen de su
oficio o profesión;
b) «prestamista»:
la persona física o jurídica, o cualquier agrupación de tales
personas, que conceda créditos en el desempeño de su oficio,
actividad o profesión;
c) «contrato
de crédito»: aquél mediante el cual un prestamista concede o
promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago
aplazado, préstamo u cualquier otra facilidad de pago.
A lo
efectos de la presente Directiva, no se considerarán contratos de crédito
los que consistan en la prestación de servicios -privados o públicos-
con carácter de continuidad y en los que asista al consumidor el
derecho de pagar tales servicios a plazos durante el período de su
duración;
d) «coste
total del crédito al consumo»: todos los gastos, incluidos los
intereses y demás cargas, que el consumidor esté obligado a pagar
para el crédito;
e) «porcentaje
anual de cargas financieras»: el coste total del crédito al consumo,
expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito
concedido y calculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 bis.
Artículo
1 bis
1. a) El
porcentaje anual de cargas financieras que es aquél que iguala, sobre
una base anual, el valor actual de todos los compromisos (préstamos,
reembolsos y gastos) existentes o futuros, asumidos por el prestamista
y por el consumidor, se calculará de acuerdo con la fórmula matemática
que figura en el Anexo II.
b) En el
Anexo III se dan cuatro ejemplos de cálculo, con carácter indicativo.
2. Para
calcular el porcentaje anual de cargas financieras, se determinará el
coste total del crédito al consumo tal como se definen la letra d)
del apartado 2 del artículo 1, exceptuando los siguientes gastos:
i)
cantidades a pagar por el consumidor por incumplimiento de alguna de
sus obligaciones recogidas en el contrato de crédito;
ii) los
gastos distintos del precio de compra que corran por cuenta del
consumidor en las compras de bienes o servicios, tanto si se efectúan
al contado como a crédito;
iii) los
gastos de transferencia de fondos, así como los gastos de
mantenimiento de una cuenta destinada a recibir los importes abonados
en concepto de reembolso del crédito, para el pago de los intereses y
otras cargas, excepto si el consumidor no dispusiera de libertad de
elección razonable en la materia y si dichos gastos fueran
anormalmente elevados; no obstante, la presente disposición no se
aplicará a los gastos de cobranza de dichos reembolsos o pagos,
tanto si
se abonan en efectivo como de otro modo;
iv) las
cuotas cargadas en concepto de inscripción en asociaciones o grupos,
que resulten de acuerdos distintos del contrato de crédito,
aunque tengan una incidencia sobre las condiciones del crédito;
v) los
gastos por seguros o garantías; están incluidos, no obstante, los
que tengan por objeto garantizar el reembolso al prestamista en caso
de fallecimiento, invalidez, enfermedad o desempleo del consumidor,
de una suma igual o inferior al total del crédito más sus
intereses y otros gastos y que sean exigidos por el prestamista como
condición
para la
concesión del crédito.
4.
a) El porcentaje anual de cargas financieras se calculará al firmarse
el contrato de crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
3 en relación con los anuncios y ofertas publicitarias.
b) El cálculo se realizará partiendo de la hipótesis de que
el contrato de crédito tendrá vigencia por el período de
tiempo acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán
sus obligaciones en los plazos y en las fechas acordadas.
6. En los
contratos de crédito en los que figuren cláusulas que permitan
modificar el tipo de interés y la cuantía o el nivel de otros gastos
incluidos en el porcentaje anual de cargas financieras pero que no se
puedan cuantificar al calcularlo, el porcentaje anual de cargas
financieras se calculará partiendo de la hipótesis de que el tipo y
los demás gastos se mantienen fijos al nivel fijado inicialmente y se
aplican hasta el término del contrato de crédito.
7. Si
fuere necesario, el porcentaje anual de cargas financieras se podrá
calcular tomando como base las siguientes hipótesis:
— que
si en el contrato de crédito no se estableciere límite al crédito,
el importe de crédito concedido será igual al montante fijado por el
Estado miembro correspondiente, sin exceder de una cifra equivalente a
2 000 ecus;
— que
si no se hubiere fijado un cuadro de amortización, y este tampoco
puede deducirse de las cláusulas del contrato ni de la forma de pago
del crédito concedido, la duración del crédito es de un año;
— que
salvo indicación en contrario, cuando el contrato estipule varias
fechas de reembolso, el crédito se concederá y los reembolsos se
efectuarán en la fecha más próxima de las previstas en el contrato.
Artículo
2
1. La
presente Directiva no se aplicará a:
a)
los contratos de crédito o de promesa de crédito:
—
destinados fundamentalmente a la adquisición o conservación de
derechos
de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos oen royecto;
—
destinados a la renovación o mejora de inmuebles;
b) los
contratos de arrendamiento, excepto cuando éstos prevean que el título
de propiedad pase en última instancia al arrendatario;
c) los créditos
concedidos o puestos a disposición sin pago de intereses o cualquier
otro tipo de cargas;
d) los
contratos de crédito que no devenguen interés, siempre que el
consumidor esté de acuerdo en reembolsar el crédito en un solo pago;
e) los créditos
en forma de anticipos en una cuenta corriente,
concedidos por una entidad de crédito o una entidad financiera,
diferentes de una cuenta de tarjeta de crédito; no obstante lo
dispuesto en el artículo 6 se aplicará a tales créditos;
f) los
contratos de crédito cuyo importe sea inferior a 200 ECUS o superior
a 20 000 ECUS;
g) los
contratos de crédito en virtud de los cuales se exija al consumidor
reembolsar el crédito:
— bien
dentro de un plazo que no rebase los tres meses;
— bien
mediante cuatro pagos, como máximo, dentro de un plazque no rebase
los doce meses.
2. Los
Estados miembros podrán, previa consulta a la Comisión, eximir de la
aplicación de la presente Directiva a determinadas clases de crédito
que cumplan los siguientes requisitos:
— que
hayan sido concedidos a tipos de interés inferiores a los
practicados
en el mercado, y
— que
no se ofrecieren al público en general.
3. Las
disposiciones del artículo 1 bis y de los artículos 4 a 12 no
se aplicarán a los contratos de crédito o de promesa de crédito con
garantía de hipoteca inmobiliaria, si éstos no están ya excluidos
del ámbito de aplicación de la presente Directiva en virtud de la
letra a) del apartado 1.
4. Los
Estados miembros podrán exceptuar de las disposiciones de los artículos
6 a 12 a los contratos de crédito en forma de documento auténtico
autorizado por notario o juez.
Artículo
3
Sin
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de
10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de publicidad engañosa (1), y de
las normas y principios aplicables en materia de publicidad desleal,
todo anuncio o toda oferta exhibida en locales comerciales por los que
una persona ofrezca un crédito u ofrezca servir de intermediario para
la celebración de un contrato de crédito y en los que estén
indicados el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con
el coste del crédito deberán asimismo indicar el porcentaje anual de
cargas financieras, mediante un ejemplo representativo cuando se
carezca de otros medios.
Artículo
4
1. Los
contratos de crédito se harán por escrito. El consumidor recibirá
una copia del contrato escrito.
2. El
contrato escrito incluirá:
a) la
indicación del porcentaje anual de cargas financieras;
b) la
indicación de las condiciones en las que podrá modificarse el
porcentaje anual de cargas financieras;
c) Una
relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de
los pagos que deba realizar el consumidor para el reembolso del crédito
y el pago de los intereses y los demás gastos así como el importe
total de esos pagos, cuando sea posible;
d) Una
relación de los elementos de coste que figuran en el apartado 2 del
artículo 1 bis, excepto los gastos a que dé lugar el
incumplimiento de las obligaciones contractuales, que no hayan sido
incluidos en el cálculo del porcentaje anual de cargas financieras
pero que deban ser pagados por el consumidor en determinadas
circunstancias así como una lista que precise las condiciones. Cuando
se conozca el importe exacto de esos elementos, se indicará; en caso
contrario y cuando sea posible, se facilitará un método de cálculo
o una estimación lo más realista posible.
Cuando no
sea posible indicar dicho porcentaje anual de cargas financieras, el
consumidor recibirá la información pertinente en el contrato escrito.
Esta información contendrá, como mínimo, la información prevista
en le segundo guión del apartado 1 del artículo 6.
3. El
contrato escrito incluirá, además, las demás condiciones esenciales
del contrato.
A modo de
ilustración, el Anexo de esta Directiva contiene una lista de las
condiciones consideradas esenciales que los Estados miembros podrán
exigir que se incluyan en el contrato escrito.
Artículo
5
[suprimodo
por el art.1.5 Directiva 90/88/CEE del Consejo de 22 de febrero de 1990
que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros en materia de crédito al consumo
Diario Oficial núm L 061 de 10/03/1990 p. 0014 - 0018]
Artículo
6
1. No
obstante la exclusión prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo
2, cuando exista un contrato entre una entidad de crédito o una
entidad financiera y un consumidor para la concesión de un crédito
en forma de anticipos en cuenta corriente que no sea una cuenta de
tarjeta de crédito, el consumidor deberá ser informado, en el
momento de la celebración del contrato, o con anterioridad:
— del límite
del crédito, si lo hubiere;
— del
tipo de interés anual y de los gastos aplicables a partir del momento
en que se celebre el contrato y de las condiciones en las que podrán
modificarse;
— del
procedimiento para la rescisión del contrato.
Esta
información será confirmada por escrito.
2. Además,
mientras dure el contrato, el consumidor será informado de cualquier
cambio que se produzca en el tipo de interés o en los gastos
pertinentes en el momento en que se produzca. Se facilitará esta
información en un extracto de cuenta o de cualquier otra manera
aceptable para los Estados miembros.
3. En los
Estados miembros en los que se permita la existencia de descubiertos
aceptados tácitamente, el consumidor deberá ser informado del tipo
de interés anual y de los posibles gastos a su cargo, así como de
todas las modificaciones de los mismos cuando dicho descubierto se
prolongue más alla de un período de tres meses.
Artículo
7
En el
caso de créditos concedidos para la adquisición de bienes, los
Estados miembros deberán establecer las condiciones en virtud de las
cuales puedan recuperarse dichos bienes, en particular cuando el
consumidor
no haya dado su consentimiento. Garantizarán, además,
que cuando el acreedor recupere la posesión de los bienes, la
liquidación entre las partes se efectúe de tal forma que la
recuperación de dichos bienes no ocasione un enriquecimiento injusto.
Artículo
8
El
consumidor tendrá derecho a liberarse de las obligaciones que haya
contraído en virtud de un contrato de crédito antes de la fecha
fijada por el contrato. En este caso, de conformidad con las normas
establecidas por los Estados miembros, el consumidor tendrá derecho a
una reducción equitativa del coste total del crédito.
Artículo
9
Cuando
los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito sean
cedidos a un tercero, el consumidor tendrá derecho a promover contra
dicho tercero cualquier acción que fuere posible contra el acreedor
original, entre ellas la compensación, cuando esta última esté
permitida en el Estado miembro de que se trate.
Artículo
10
Aquellos
Estados miembros que, con respecto a los contratos de crédito,
permitan al consumidor:
a) pagar
mediante letras de cambio o pagarés,
b)
conceder una garantía mediante letras de cambio, pagarés o cheques,
asegurarán la adecuada protección del consumidor cuando haga uso de
dichos instrumentos en los casos indicados.
Artículo
11
1. Los
Estados miembros garantizarán que la existencia de un contrato de crédito
no afecte en modo alguno los derechos del consumidor frente al
proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante dichos
contratos, cuando los bienes o servicios no se suministren o no sean
conformes al contrato de suministro.
2.
Siempre que:
a) para
comprar bienes y obtener servicios, el consumidor concierte un
contrato de crédito con una persona distinta del proveedor de dichos
bienes o servicios; y
b) entre
el prestamista y el proveedor de los bienes o servicios exista un
acuerdo previo en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista
podrá conceder crédito a los clientes de dicho proveedor para la
adquisición de bienes o servicios suministrados por este último; y
c) el
consumidor a que se refiere la letra a) obtenga el crédito en
aplicación del acuerdo previo mencionado; y
d) los
bienes o servicios objeto del contrato de crédito no sean
suministrados o lo sean parcialmente, o no sean conformes al contrato
de suministro; y
e) el
consumidor haya reclamado contra el proveedor pero no haya obtenido la
satisfacción a la que tiene derecho,
el
consumidor tendrá derecho a dirigirse contra el prestamista. Los
Estados miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones
se podrá ejercer dicho derecho.
3. El
apartado 2 no se aplicará cuando la transacción individual de quese
trate sea de una cantidad inferior al equivalente de 200 ECUS.
Artículo
12
1. Los
Estados miembros:
a)
garantizarán que los prestamistas o los intermediarios en las
operaciones de crédito estén en posesión de una autorización
oficial, bien específica
o bien como proveedores de bienes y servicios; o
b)
garantizarán que los prestamistas o los intermediarios en las
operaciones de crédito estén sometidos a inspección o control de
sus actividades por parte de una institución u organismo oficial; o
c)
promoverán la creación de organismos apropiados para recibir las
quejas relativas a los contratos de crédito o las condiciones de crédito
y para facilitar información pertinente o asesoramiento a los
consumidores.
2. Los
Estados miembros podrán prever que no se exija la autorización
mencionada en la letra a) del apartado 1 cuando las personas que
otorguen créditos o que actuén como intermediarios en operaciones de
crédito cumplan con lo dispuesto en el artículo 1 de la primera
Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1977 sobre la
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a
su ejercicio (1) y estén autorizadas con arreglo a las disposiciones de la citada Directiva.
Cuando
dichas personas hayan obtenido a la vez una autorización específica
conforme hayan lo dispuesto en la letra a) del apartado 1, así como
una autorización en virtud de la mencionada Directiva, y
posteriormente sea retirada esta última autorización, se informará
a la autoridad competente responsable de la concesión de la
autorización
específica
para conceder créditos con arreglo a la letra a) del apartado 1 y ésta
deberá decidir si las personas interesadas pueden seguir concediendo
créditos o actuando de intermediarios para la concesión de créditos,
o si la autorización específica concedida conforme a la letra a) del
apartado 1 debe retirarse.
Artículo
13
1. A
efectos de la presente Directiva, el ECU es el definido en el
Reglamento (CEE) no 3180/78,
modificado por el Reglamento (CEE) nª 2626/84. El equivalente en divisa nacional se deberá calcular inicialmente
al tipo de cambio existente en la fecha de adopción de la presente
Directiva.
Los
Estados miembros podrán redondear las cantidades en moneda nacional
resultantes de la conversión de las cantidades de ECUS, siempre que
dicho redondeo supere los 10 ECUS.
2. Cada
cinco años, y por primera vez en 1995, el Consejo, a propuesta de la
Comisión examinará y, si fuere necesario, modificará, las
cantidades especificadas en la presente Directiva, en función de la
evolución económica y monetaria de la Comunidad.
Artículo
14
1. Los
Estados miembros garantizarán que los contratos de crédito no se
sustraigan, en perjuicio del consumidor, a las disposiciones de la
legislación nacional que apliquen o que correspondan a la presente
Directiva.
2. Los
Estados miembros garantizarán además que las disposiciones que
adopten para la aplicación de la presente Directiva no sean eludidas
como consecuencia de la forma en que se otorguen los contratos, y en
particular mediante el procedimiento de distribución de la cuantía
del crédito entre varios contratos.
Artículo
15
La
presente Directiva no impedirá que los Estados miembros conserven o
adopten disposiciones más severas para la protección del consumidor,
y que sean acordes con sus obligaciones en virtud del Tratado.
Artículo
16
1. Los
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de
1990 e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Los
Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.
Artículo
17
La Comisión
presentará un informe al Consejo sobre la aplicación de la presente
Directiva a más tardar el 1 de enero de 1995.
Artículo
18
Los
destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
M1 ANEXO I
LISTA DE
LAS CONDICIONES A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 ARTÍCULO 4
1. Contratos
de crédito para la financiación del suministro de determinados o
servicios
i)
descripción de los bienes o de los servicios estipulados por el
contrato;
ii)
precio al contado y precio a pagar con arreglo al contrato de crédito;
iii) en
su caso, importe del depósito, cantidad e importe de los plazos y
fechas de vencimiento de los mismos, o métodos de determinación de
los mismos en caso de desconocerse en el momento de celebrarse el
contrato;
iv)
indicación de que el consumidor tendrá derecho, con arreglo al artículo
8, a una
reducción en caso de reembolso anticipado;
v) quién
es el propietario de los bienes (en caso de que la propiedad no se
transmita inmediatamente al consumidor) y las condiciones en las que
el consumidor accede a la propiedad de los mismos;
vi) en su
caso, descripción de la garantía exigida;
vii) en
su caso, período dé reflexión;
viii) en
su caso, indicación del o de los seguros exigidos y, cuando la elección
del asegurador no se deje al consumidor,
del coste
del o de
los mismos;
ix) La
indicación de la obligación eventual del consumidor de constituir un
ahorro de una cuantía determinada, en una cuenta especial
2. Contratos
de crédito ligados a la utilización de tarjetas de crédito
i) en su
caso, importe del límite de crédito;
ii) las
condiciones de reembolso o las formas de determinarlas;
iii) en
su caso, período de reflexión;
3. Contratos
de crédito en forma de créditos de caja no regulados por otras
disposiciones
de la presente Directiva
i) en su
caso, importe del límite del crédito, o método empleado para
determinarlo;
ii)
condiciones de uso de reembolso;
iii) en
su caso, período de reflexión;
4. Otros
contratos de créditos cubiertos por la presente Directiva
i) en su
caso, importe del límite del crédito;
ii) en su
caso, indicación de la garantía exigida;
iii)
condiciones de reembolso;
iv) en su
caso, período de reflexión;
v)
indicación de que el consumidor tendrá derecho a una reducción, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, en caso de reembolso
anticipado.
ANEXO II
ECUACIÓN
DE BASE QUE TRADUCE LA EQUIVALENCIA DE LOS PRESTAMOS, POR UNA PARTE, Y
DE LOS PAGOS Y CARGAS, POR
OTRA
S
ignificado de
las letras y de los símbolos:
K
es el número de orden de un préstamo,
K’ es el
número de orden de un pago de amortización o de un pago de
cargas,
AK es
la cuantía del préstamo número K,
A’K’ es la cuantía del
pago de amortización o del pago de cargas número K’,
S es el
signo indicativo de la suma,
m
es el número de orden del último préstamo,
m’ es el
número de orden del último pago de amortización o pago de cargas,
tK es el intervalo, expresado en años y fracciones de año, entre la
fecha del
préstamo número 1
y las de los préstamos números 2 a m,
tK’ es el
intervalo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha
del préstamo número 1 y las de los pagos de amortización o de los pagos
de de
cargas números 1 a m’,
i es el porcentaje de cargas financieras calculable (bien
algebraicamente,
bien por aproximaciones sucesivas, bien mediante un programa de
ordenador) cuando se conocen los
demás términos de la ecuación, por el contrato
o de otro modo.
Observaciones
a) Las
sumas abonadas por ambas partes en diferentes momentos no serán
necesariamente
iguales y no serán abonadas necesariamente con intervalos iguales.
b) La
fecha inicial será la del primer préstamo.
c) El
intervalo entre las fechas utilizadas en el cálculo se expresará en años
o fracciones
de año. Se partirá de la base de que un año tiene 365 o 365,25 días
o
(en el caso de los años bisiestos) 366 días, 52 semanas o 12 meses de
igual duración.
Se partirá de la base de que cada uno de dichos meses de igual
duración
tiene 30,41666 días (es decir, 365/12).
d)
El resultado del cálculo se expresará con una precisión de al menos
una cifra decimal. Se aplicará la siguiente norma para el redondeo de
una cifra determinada:
si la cifra que figura en el lugar decimal siguiente a la cifra
decimal
determinada es superior o igual a 5, la cantidad de la cifra decima
determinada
se redondeará a la cifra superior.
e) Los
Estados miembros preverán que los métodos de resolución aplicables de
un resultado idéntico al de los ejemplos presentados en el anexo III
ANEXO III
EJEMPLOS
DE CÁLCULO
A. CÁLCULO
DEL PORCENTAJE ANUAL DE CARGAS FINANCIERAS BASADO
EN EL CALENDARIO [1 AÑO = 365 DÍAS (O 366 DÍAS PARA LOS
AÑOS BISIESTOS)]
Primer
ejemplo
Suma
prestada: S = 1 000 ecus el 1 de enero de 1994.
Se
devuelve en un pago único de 1 200 ecus efectuado el 1 de julio de
1995,
es decir, 1,5 años o 546 (= 365 + 181) días después de la fecha del
préstamo.
La ecuación
será la siguiente:
Esta
cantidad se redondeará a 13 % (o a 12,96 % si se prefiere una
precisión
de dos cifras decimales).
Segundo
ejemplo
La suma
prestada es S = 1 000 ecus, pero el acreedor retiene 50 ecus en
concepto
de gastos administrativos, de modo que el préstamo es en realidad de
950 ecus; el pago de 1 200 ecus, como en el primer ejemplo, se efectúa
también el 1 de julio de 1995.
La ecuación
será la siguiente:
Esta
cantidad se redondeará a 16,9 %.
Tercer
ejemplo
La suma
prestada es de 1 000 ecus, el 1 de enero de 1994, que deberán
devolverse
en dos pagos de 600 ecus cada uno, respectivamente al cabo de un año y
de dos años.
La ecuación
será la siguiente:
Se efectúa
el cálculo algebraico y se obtiene i = 0,1 306 623, redondeado a
13,1 % (o
a 13,07 % si se prefiere una precisión de dos cifras decimales).
Cuarto
ejemplo
La suma
prestada es S = 1 000 ecus, el 1 de enero de 1994, y los importes
que deberá
devolver el deudor son:
La ecuación
será la siguiente:
Esta
ecuación permite calcular i mediante aproximaciones sucesivas, que
pueden
programarse en una calculadora de bolsillo.
El
resultado es i = 0,13226, redondeado a 13,2 % (o a 13,23 % si se
prefiere
una precisión de dos cifras decimales).
B. CÁLCULO
DEL PORCENTAJE ANUAL DE CARGAS FINANCIERAS SOBRE
LA BASE DE UN AÑO NORMALIZADO (1 AÑO = 365 DÍAS) o 365,25
DÍAS, 52 SEMANAS, O 12 MESES IGUALES)
Primer
ejemplo
Suma
prestada: S = 1 000 ecus.
Se
devuelve en un pago único de 1 200 ecus efectuado 1,5 años (es
decir,(d. h. 1,5 * 365 = 547,5 días, 1,5 * 365,25 = 547,875 días, 1,5
* 366 = 549 días, 1,5 * 12 = 18 meses, o 1,5 * 52 = 78 semanas) después
de la fecha del préstamo.
La ecuación
será la siguiente:
Esta
cantidad se redondeará a 12,9 % (o a 12,92 % si se prefiere una
precisión
de dos cifras decimales).
Segundo
ejemplo
La suma
prestada es S = 1 000ecus, pero el acreedor retiene 50 ecus en
concepto
de gastos administrativos, de modo que el préstamo es en realidad
de 950 ecus; el pago de 1 200 ecus, como en el primer ejemplo, se
efectúa
también 1,5 años después de la fecha del préstamo.
La ecuación
será la siguiente:
Esta
cantidad se redondeará a 16,9 % (o a 16,85 % si se prefiere una
precisión
de dos cifras decimales).
Tercer
ejemplo
La suma
prestada es de 1 000 ecus que deberán reembolsarse en dos pagos
de 600
ecus cada uno, respectivamente al cabo de un año y de dos años.
La ecuación
será la siguiente:
Se efectúa
el cálculo algebraico y se obtiene i = 0,13 066, redondeado a
13,1 % (o
a 13,07 % si se prefiere una precisión de dos cifras decimales).
Cuarto
ejemplo
La suma
prestada es S = 1 000 ecus, y los importes que deberá devolver el
deudor
son:
La ecuación
será la siguiente:
Esta
ecuación permite cacular i mediante aproximaciones sucesivas,
que pueden
programarse en una calculadora de bolsillo.
El resultado es i = 0,13185, redondeado a 13,2 % (o a 13,19 % si
se prefiere
una precisión de dos cifras decimales).
(1) DO nº
C 80 de
27. 3. 1979, p, 4 y
DO nº
C 183 de
10. 7. 1984, p. 4.
(2) DO nº C 242 de
12. 9. 1983, p. 10.
(3) DO nº C 113 de
7. 5. 1980, p. 22.
(4) DO nº C 92 de
25. 4. 1975, p. 1 y
DO nº C 133 de
3. 6. 1981, p. 1.
(1) DO nº
L 379 de
30. 12. 1978, p. 1.
(2) DO nº
L 247 de
16. 9. 1984, p. 1.
(1) DO L
250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva cuya última modificación la
constituye la
Directiva 97/55/CE (DO L 290 de 23.10.1997, p. 18.
(1) DO nº
L 322 de
17. 12. 1977, p. 30.
Section Index
General
Foreign and International Legal Resources
Uniform and International
Private Law
European Law sites
European & Comparative Law
Institutes and Centres
European Private Law
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International Legal Societies and Associations
Law
& Economics Sites
Dictionaries & Tools
Computerised Legal
Research
References
