Sentència de 23 de novembre de 1992

Primero. - En la demanda origen de las presentes actuaciones la demandante, ahora recurrente en casación ante esta Sala, ejercitó una acción de reclamación de legítima en la herencia de su padre, concretando su pretensión en los siguientes extremos: que la legítima debía percibirla con arreglo a la legislación civil catalana; que los bienes computables de la herencia, a efectos de legítima, estaban valorados al tiempo del fallecimiento del causante en 283.275.155 ptas.; que debía reservarse a la actora su derecho a reclamar la cuota de legítima sobre cualquier bien del causante que se descubriese en el futuro dentro del plazo hábil para ejercitar la acción de suplemento de legítima; y que se condenara a la heredera demandada a que le entregara las fincas expresamente legadas, aparte del suplemento correspondiente hasta alcanzar su legítima la cantidad de 34.409.394 ptas. más los intereses legales desde la reclamación de la demanda.

La demandada, hermana de la actora recurrente, reconoce la existencia del legado de dos fincas; pero al valorar los bienes de la herencia en 28.151.933 ptas., tan solo acepta como suplemento de legítima en favor de su hermana la cantidad de 2.498.992 ptas.

La Sentencia de la Instancia del Juzgado núm. 1 de Cervera estima parcialmente la demanda y da lugar a los extremos uno y dos pedidos por la actora pero, al remitir a la fase de ejecución de sentencia la determinación del caudal hereditario deja, a su vez, sin concretar la cantidad que en concepto de legítima corresponde a la reclamante, a excepción de las fincas legadas en aquel concepto sobre el que no hay discusión entre las litigantes.

Por su parte la sentencia de la Audiencia de Lleida dictada en Apelación, revoca en parte la de instancia y fija el montante a percibir como suplemento de legítima, aparte de las fincas mencionadas, en la cantidad de 4.826.733 ptas. mas los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Segundo. - El presente recurso lo fundamenta la actora en cuatro motivos de los que los dos primeros deben analizarse conjuntamente ya que, aunque, fundamentados, respectivamente, en el num. 5º (debe entenderse el 4º) y el 3º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ambos denuncian la infracción del art. 359 de la citada ley procesal.

La incongruencia se alega, porque la sentencia impugnada no resuelve todos los puntos litigiosos ni especifica, con su revocación parcial, cuales son los particulares revocados y cuales los confirmados. Sin embargo, concretada la reclamación de la demanda en la determinación de la legítima de la actora, de la que parte de ella, la constituida por dos fincas de las comprendidas en el caudal hereditario no hay controversia ni en cuanto a su identidad ni en cuanto a su valor, todo el problema se reduce a la determinación de la cantidad que como suplemento de legítima ha de percibir la actora, cantidad que ha de deducirse de la valoración de los bienes del causante y que junto con los intereses legales, las fincas legadas a la actora y sus frutos o rentas, en su caso, conformarán los derechos legitimarios solicitados por la recurrente. Y si la sentencia concede parte de lo pedido, concretamente menor cantidad de la valorada por la actora como suplemento de legítima, no puede tacharse de incongruente la resolución recurrida apareciendo claros los extremos de ésta que se revocan y los que se confirman.

Tampoco puede admitirse que no se hayan tratado todos los puntos planteados en la demanda pues la sencillez de su contenido, principalmente reducido, como se ha dicho, a la fijación de la legítima en función de la valoración total de la herencia, hace difícil su elusión en la sentencia, prescindiendo lógicamente en estos motivos de cualquier indicación relativa a la pormenorización valorativa de los bienes del testador. Lo que conduce a la desestimación de los dos primeros motivos del recurso.

Tercero.- El tercer motivo del recurso se formula al amparo del num. 5 (que debe entenderse el 4º) del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al considerar infringido, por no aplicado, el art. 139 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña. La sentencia que se recurre, no concede los frutos o rentas correspondientes a las dos fincas integradas en la legítima.

Al existir conformidad en la identidad y valoración de las fincas mencionadas, la adjudicación y entrega de las mismas al legitimario debe implicar también el derecho a los frutos o rentas a partir de la muerte del causante.

El art. 139 de la Compilación, la igual que el actual 365 del Código de Sucesiones por causa de muerte en el Derecho civil de Cataluña (Ley 30-12-90) establece la regla general sobre abono de intereses de la legítima al decir que ésta devengará el interés legal desde la muerte del causante, aunque el pago se efectúe en bienes hereditarios. Regla general que tiene en el propio artículo 139, párrafos 3º y 2º, dos excepciones: no devenga interés la legítima aun no entregada mientras el legitimario viva en casa y compañía del heredero y a sus expensas, y cuando existe legado, señalamiento o asignación de cosa específica hereditaria en concepto de legítima. En este supuesto del párrafo 2º del art. 139 mencionado, en lugar de intereses, el legitimario hará suyos los frutos o rentas que la cosa produzca a partir de la muerte del causante.

Un argumento que rechazaría el motivo examinado debe referirse a los términos en que, en este extremo, está redactado el «petitum» de la demanda. En ella se determina la cantidad exacta que se reclama como suplemento de legítima «más los intereses legales desde la fecha de la presente reclamación», expresión que difícilmente comprendería los frutos o rentas de las dos fincas incluidas en la legítima cuya entrega también se reclama. La no inclusión de los frutos o rentas en el suplico de la demanda si bien no supondría la negación del derecho, que podría ejercitarse al margen de las presentes actuaciones, impediría, en principio, su contemplación y examen en la instancia y en los sucesivos recursos planteados.

No obstante, la sentencia de instancia concede los frutos o rentas de las fincas legadas a la legitimaria y la Audiencia, por el contrario, no los reconoce. Se ha producido así un debate sobre cuestión no específicamente formulada en la reclamación originaria pero que ha de entenderse íntimamente ligada a la petición de intereses que se reclaman sobre el valor de otra parte de legítima. Esta relación entre intereses de la legítima genérica y los frutos o rentas de la legítima específica se revela claramente en la propia redacción del párrafo 2º del art. 139 de la Compilación. Suponer, por tanto, que el reclamar la entrega de la cosa implica también la reclamación de sus frutos o rentas, justificaría la discusión del concepto como parte integrante implícita en el contenido de la reclamación de la demanda. El principio de economía procesal, por un lado, y el de tutela efectiva proclamado en el art.24 de la Constitución Española, por otro, justificarían también este planteamiento, sin que por otra parte haya indefensión dado que la cuestión fue suficientemente debatida en el pleito.

Por su parte el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de julio de 1986, siguiendo el criterio de otras anteriores (Sents. 18-2-84 y 28-1-85 entre otras) establece que «es claro que el legado de cosa específica y determinada, propia del testador, trae como consecuencia la adquisición de la propiedad de la cosa desde que el testador muere y la de sus frutos, tal como se deduce del párrafo 2º del art. 139 de la Compilación y el art. 882 del Código civil, por lo que la atribución de frutos a la legataria desde el fallecimiento de la testadora es una consecuencia legal y necesaria de la reclamación de la cosa y tal atribución, aun no pedida, no puede, por lo tanto ser tildada de incongruente».

Por todo lo cual, en el presente caso, deben incluirse los frutos o rentas de las fincas en la legítima reclamada y, en consecuencia, procede la estimación de este motivo del recurso.

Cuarto. - En el último motivo del recurso, formulado al amparo del no 4º del art. 1692 de la Ley procesal civil, se denuncia la infracción del art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Previamente a la alegación del precepto que se considera infringido, la recurrente hace una serie de consideraciones sobre si la sentencia impugnada se equivoca al declarar el derecho a un suplemento de legítima cuanto realmente la actora no ha recibido nada de la heredera demandada. Consideraciones irrelevantes dado que, en armonía con la petición de la demanda, la sentencia recurrida condena a la heredera instituida a entregar tanto las fincas legadas como una cantidad en metálico cuya determinación ha sido objeto de discusión en la instancia de apelación.

La actora recurrente insiste en que ha sido errónea la valoración del caudal hereditario realizada por la Audiencia de Lleida, «que se ha apreciado erróneamente la prueba pericial no teniendo en cuenta los valores y criterios que resultan del dictamen del arquitecto superior ... » facilitado por ella, y que, por tanto, se han vulnerado las reglas de la sana crítica a que se refiere el art. 632 de la ley procesal mencionada.

Sabido es que la naturaleza del recurso de casación, no equiparable a una tercera instancia, impide la revisión absoluta de todas las cuestiones debatidas en el pleito. La cuestión que plantea este motivo sólo puede examinarse en casación a través de la posible infracción de las normas legales referentes a la apreciación de los medios de prueba..

El antiguo num. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil autorizaba como motivo de casación el error en la apreciación de la prueba, si bien la prueba pericial no tenía, según mayoritaria jurisprudencia del Tribunal Supremo, el carácter de «documento» a los efectos de dicho artículo. Por lo que solo era posible, como también lo es ahora desde la reforma procesal operada por ley de 30 de abril de 1992, fundamentar el recurso de casación atacando la valoración de la prueba pericial por la vía del actual num. 4 (5º antiguo) del art. 1692 citado.

Lo que ocurre es que si el juez valora la prueba pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, estas no se hallan recogidas en precepto alguno. Y así el Tribunal Supremo ha señalado (Sent. 14-2-1989) que esta prueba no es susceptible de ser examinada en casación y este recurso no autoriza una impugnación libre de lo resuelto en instancia, como sería si dando lugar a una tercera instancia, se volviese a examinar otra vez la prueba pericial, o las demás pruebas, añadiendo que el art. 1243 del Código civil y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco son soporte adecuado a la casación (v. Sent. de 29-3-1990) puesto que ninguna ley fija cuales sean las reglas de la sana crítica, y hay que estar a las apreciaciones que en caso de la misma obtenga la Sala de Instancia, salvo que sean ilógicas.

La Sala de Apelación de Lleida en los fundamentos 5º y 6º de su resolución efectúa una operación valorativa que no puede nuevamente ser revisada en casación ya que se razona la preferencia de los elementos tenidos en cuenta para la determinación del caudal hereditario y de la legítima discutida.

Expresamente se indica en el motivo que la prueba se ha apreciado erróneamente por no haberse tenido en cuenta un determinado peritaje. Con lo que se pretende sustituir el criterio del juzgador por el de la parte recurrente, con infracción del art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento civil que sanciona la libertad de aquél en la apreciación de la prueba pericial.

De aquí que proceda la desestimación de este último motivo de recurso.

Quinto. - De conformidad con lo previsto en el art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse uno de los motivos del recurso, no se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas, debiéndose seguir las reglas procesales en cuanto a las causadas en las dos instancias anteriores. Y reclámese de la Audiencia Provincial de Lleida testimonio de la sentencia o resolución definitiva recaída en el expediente de justicia gratuita iniciado en favor de la actora-recurrente, procediéndose en su caso, a su tramitación con arreglo a derecho.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo.

FALLAMOS:

Que se estima parcialmente el recurso de casación formulado por Da. X, revocándose parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 26 de febrero de 1992 en el sentido de incluirse los frutos y rentas de las fincas legadas a la actora, confirmándose aquella resolución en el resto de sus pronunciamientos; y en consecuencia declaramos el derecho de la recurrente a percibir de su hermana Y como suplemento de la legítima de su padre, D. Z, la cantidad de cuatro millones ochocientas veintiséis mil setecientas treinta y tres pesetas (4.826.733 ptas.), más los intereses legales desde la interposición de la demanda, cantidades que podían ser abonadas en dinero o en bienes de la herencia, así como el derecho a recibir las dos fincas legadas por su padre, en testamento de fecha 16 de junio de 1984 junto con los frutos y rentas que la finca haya producido a partir de la muerte del causante valorándose los mismos en ejecución de sentencia. No se hacen pronunciamientos sobre costas en el presente recurso ni en las instancias precedentes.

Líbrese a la mencionada Audiencia testimonio de la presente resolución con devolución de los autos y rollo de apelación que en su día fueron remitidos.