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Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
(BOE
núm. 164, de 10-07-2003, pp. 26905-26965)
[El
apartado 3 de la disposición adicional segunda de esta ley ha sido
introducido por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma
económica (BOE núm. 271, de 12-11-2003, pp. 39925-39942).]
[La disposición
final vigésima sexta ha sido derogada por el
Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros (BOE núm. 267, de 05-11-2004, pp. 36653-36661).]
[La disposición
final vigésima séptima ha sido derogada por el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados (BOE núm. 267, de 05-11-2004, pp. 36602-36651).]
[El apartado 2 de la disposición
adicional segunda ha sido modificado por la Ley 25/2005, de 24 de
noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades
gestoras (BOE núm. 282, de 25-11-2005, pp. 38718-38736).]
[Texto redactado con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009).]
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente
vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes
Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Esta ley persigue
satisfacer una aspiración profunda y largamente sentida en el derecho
patrimonial español: la reforma de la legislación concursal. Las severas y
fundadas críticas que ha merecido el derecho vigente no han ido seguidas,
hasta ahora, de soluciones legislativas, que, pese a su reconocida urgencia
y a los meritorios intentos realizados en su preparación, han venido
demorándose y provocando, a la vez, un agravamiento de los defectos de que
adolece la legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a la realidad social
y económica de nuestro tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico,
predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros
generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con
la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la
práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas
reguladoras de las instituciones concursales no alcanzan a reprimir
eficazmente.
El arcaísmo y la dispersión
de las normas vigentes en esta materia son defectos que derivan de la
codificación española del siglo XIX, estructurada sobre la base de la
dualidad de códigos de derecho privado, civil y de comercio, y de la
regulación separada de la materia procesal respecto de la sustantiva, en una
Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye a aumentar esos
defectos y a dificultar la correcta composición del sistema la multiplicidad
de procedimientos concursales; así, junto a las clásicas instituciones de la
quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia
de comerciantes y de no comerciantes, respectivamente, se introducen otras,
preventivas o preliminares, como la suspensión de pagos y el procedimiento
de quita y espera, de presupuestos objetivos poco claros y, por tanto, de
límites muy difusos respecto de aquéllas. La Ley de Suspensión de Pagos, de
26 de julio de 1922, promulgada con carácter provisional, porque se dictó
para resolver un caso concreto, llegó a convertirse en pieza básica de
nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación, que,
si bien palió el tratamiento de las situaciones de crisis patrimonial de los
comerciantes, complicó aún más la falta de coherencia de un conjunto
normativo carente de los principios generales y del desarrollo sistemático
que caracterizan a un sistema armónico, y permitió corruptelas muy notorias.
Aún más se agrava la
situación del derecho concursal español con fenómenos tan anacrónicos como
la actual vigencia de un buen número de artículos de nuestro primer Código
de Comercio, promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829, en virtud de
la invocación que de ellos hace la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de
febrero de 1881, anterior al Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, y
vigente en esta materia, conforme al apartado 1 de la disposición
derogatoria única de la
Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
hasta la entrada en vigor de esta Ley Concursal.
El legislador español no ha
puesto hasta ahora remedio a estos males. Pese a la pronta reforma que en el
Código de Comercio de 1885 introdujo la Ley de 10 de junio de 1897 y de la
muy importante que supuso la citada Ley de Suspensión de Pagos de 1922, las
modificaciones legislativas han sido muy parciales y limitadas a materias
concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema concursal, ha contribuido a
complicarlo con mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y,
frecuentemente, con la introducción de privilegios y de alteraciones del
orden de prelación de los acreedores, no siempre fundada en criterios de
justicia.
No han faltado, sin
embargo, meritorios trabajos prelegislativos en la senda de la reforma
concursal. Además del realizado por la Comisión General de Codificación, en
virtud de la Real Orden de 10 de junio de 1926, que concluyó con la
elaboración de un anteproyecto de Código de Comercio, publicado, en lo que
se refiere a esta materia, en la Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1929,
y orientado en la más precisa distinción de los supuestos de la quiebra y de
la suspensión de pagos, hay que señalar fundamentalmente los siguientes:
a) El anteproyecto
elaborado por la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos,
concluso en 1959 y no publicado oficialmente, en el que por vez primera se
ensayaba la regulación conjunta, sustantiva y procesal, de las instituciones
concursales, para comerciantes y no comerciantes, si bien se mantenía la
dualidad de procedimientos en función de los diversos supuestos objetivos
que determinaba la de sus respectivas soluciones: la liquidación y el
convenio.
b) El anteproyecto
elaborado por la Comisión General de Codificación en virtud de lo dispuesto
en las Órdenes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, publicado en su texto
articulado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia con
fecha 27 de junio de 1983, que se basaba en los principios de unidad legal
—material y formal—, de disciplina —para deudores comerciantes y no
comerciantes— y de sistema —un único procedimiento, flexible, con diversas
soluciones posibles: el convenio, la liquidación y la gestión controlada—.
Ese texto, posteriormente revisado, fue seguido, en 1987—, de otro
anteproyecto de Ley de Bases por la que se delegaba en el Gobierno la
potestad de dictar normas con rango de ley sobre el concurso de acreedores.
c) La propuesta de
anteproyecto elaborada en la Comisión General de Codificación conforme a los
criterios básicos comunicados por el Ministro de Justicia e Interior el 23
de junio de 1994, conclusa el 12 de diciembre de 1995 y publicada por la
Secretaría General Técnica con fecha 15 de febrero de 1996, en la que se
mantienen los principios de unidad legal y de disciplina, pero se vuelve a
la dualidad de concurso de acreedores y suspensión de pagos, sobre la base
de la diferencia entre insolvencia e iliquidez, reservando este último
procedimiento, con alto grado de desjudicialización, como beneficio de
deudores solventes y de buena fe.
d) El anteproyecto de Ley
Concursal elaborado por la Sección Especial para la Reforma Concursal,
creada durante la anterior legislatura en el seno de la Comisión General de
Codificación por Orden del Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de
1996, y concluso en mayo de 2000, que es el que constituye antecedente del
proyecto origen de esta ley, con el que el Gobierno ha dado cumplimiento a
la disposición final decimonovena de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
conforme a la cual, en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de
entrada en vigor de esta ley, debía remitir a las Cortes Generales un
proyecto de Ley Concursal.
Se aborda, así, la tan
esperada como necesaria reforma global del derecho concursal español, sin
duda una de las más importantes tareas legislativas pendientes en la
modernización de nuestro ordenamiento jurídico.
La reforma no supone una
ruptura con la larga tradición concursal española, pero sí una profunda
modificación del derecho vigente, en la que se han tenido en cuenta las
aportaciones doctrinales y prelegislativas realizadas en el ámbito nacional
y las más recientes concreciones producidas en la legislación comparada, así
como los instrumentos supranacionales elaborados para la unificación y la
armonización del derecho en esta materia.
El resultado de esa
delicada tarea es un texto legal que se propone corregir las deficiencias
del anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse el propósito
de coordinar la originalidad del nuevo sistema concursal con su armónica
inserción en el conjunto de nuestro ordenamiento, preocupación a la que
responde el cuidado puesto en las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatoria y finales que cierran esta ley.
II
La ley opta por los
principios de unidad legal, de disciplina y de sistema.
La regulación en un solo
texto legal de los aspectos materiales y procesales del concurso, sin más
excepción que la de aquellas normas que por su naturaleza han exigido el
rango de ley orgánica, es una opción de política legislativa que venía ya
determinada por la nueva
Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
al excluir esta materia de su ámbito y remitirla expresamente a la Ley
Concursal.
La superación de la
diversidad de instituciones concursales para comerciantes y no comerciantes
es una fórmula que, además de estar justificada por la desaparición del
carácter represivo de la insolvencia mercantil, viene determinada por la
tendencia a simplificar el procedimiento, sin que ello suponga ignorar
determinadas especialidades del concurso de los empresarios sometidos a un
estatuto propio (llevanza obligatoria de contabilidad, inscripción en el
Registro Mercantil) y de la existencia en la masa activa de unidades
productivas de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas en
cuenta a lo largo de la regulación del concurso, desde su solicitud hasta su
solución mediante convenio o liquidación.
La unidad del procedimiento
de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota,
que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de
las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad
esencial del concurso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas
especialmente ágiles para los concursos de menor entidad.
El nombre elegido para
denominar el procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que,
desde os tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador
Rodríguez (Tractatus de concursu, 1616) y de Francisco Salgado de Somoza (Labyrinthus
creditorum concurrentium, 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y que,
por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el
patrimonio del deudor común. No se persigue con ello solamente rescatar un
vocablo tradicional en la terminología jurídica española, sino utilizarlo
para significar el fenómeno unificador de los diversos procedimientos de
insolvencia e identificar así gráficamente el procedimiento único, como ha
ocurrido en otras legislaciones.
La unidad del procedimiento
impone la de su presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia, que
se concibe como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir
regularmente sus obligaciones. Pero ese concepto unitario es también
flexible y opera de manera distinta según se trate de concurso necesario o
voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor (sus
acreedores y, si se trata de una persona jurídica, quienes respondan
personalmente de sus deudas) han de basarse en alguno de los hechos que como
presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley: desde la ejecución
singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según
afecte al conjunto de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley
considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros
hechos tasados.
Incumbe al solicitante del
concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud;
en todo caso, la declaración ha de hacerse con respeto de las garantías
procesales del deudor, quien habrá de ser emplazado y podrá oponerse a la
solicitud, basándose en la inexistencia del hecho en que ésta se fundamente
o en la de su estado de insolvencia, incumbiéndole en este caso la prueba de
su solvencia. Las garantías del deudor se complementan con la posibilidad de
recurrir la declaración de concurso.
Si la solicitud de concurso
la insta el propio deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de
insolvencia, si bien en este caso no sólo podrá ser actual, sino futuro,
previsto como «inminente». El deudor tiene el deber de solicitar la
declaración de concurso cuando conozca o hubiera debido conocer su estado de
insolvencia; pero tiene la facultad de anticiparse a éste.
El sistema legal combina
así las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar en el tiempo
la declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro del estado
patrimonial impida o dificulte las soluciones más adecuadas para satisfacer
a los acreedores. Los estímulos a la solicitud de concurso voluntario, las
sanciones al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo y el
otorgamiento al crédito del acreedor instante de privilegio general hasta la
cuarta parte de su importe son medidas con las que se pretende alcanzar ese
objetivo.
La unidad y la flexibilidad
del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en
principio, en una fase común que puede desembocar en otra de convenio o de
liquidación. La fase común se abre con la declaración de concurso y concluye
una vez presentado el informe de la administración concursal y transcurrido
el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el inventario o
contra la lista de acreedores, con lo que se alcanza el más exacto
conocimiento del estado patrimonial del deudor a través de la determinación
de las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual se suma la
posibilidad de utilizar, en determinados supuestos, un procedimiento
abreviado.
III
La flexibilidad del
procedimiento se percibe también en el régimen de los efectos que produce la
declaración de concurso. Respecto del deudor, se atenúan los establecidos
por la legislación anterior y se suprimen los que tienen un carácter
represivo de la insolvencia. La «inhabilitación» se reserva para los
supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como
sanción de carácter temporal a las personas afectadas. Declarado el
concurso, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor se somete
a intervención o se suspende, con sustitución en este caso por la
administración concursal. En principio, la primera de estas situaciones
corresponde al concurso voluntario y la segunda al necesario; pero se
reconocen al juez del concurso amplias facultades para adoptarlas o
modificarlas. Se atenúa también la sanción de los actos realizados por el
deudor con infracción de estas limitaciones, que pasa a ser de anulabilidad,
además de la prohibición de su acceso a registros públicos.
La ley limita los efectos
de la declaración de concurso, reduciéndolos, con un sentido funcional, a
aquellos que beneficien la normal tramitación del procedimiento y, en la
medida en que ésta lo exija, confiriendo al juez la potestad de graduarlos y
de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso. Todo ello, además
de los efectos que, por alcanzar a derechos fundamentales de la persona del
deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, residencia
y circulación por el territorio nacional, se regulan en la Ley Orgánica para
la Reforma Concursal.
Se establece, con un
sentido positivo, el deber del deudor de colaborar con los órganos del
concurso, informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles en la
conservación y administración de la masa activa y poner a disposición de la
administración concursal los libros y documentos relativos al ejercicio de
su actividad profesional o empresarial.
La declaración de concurso,
por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o
empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre las
facultades patrimoniales de éste; pero goza el juez del concurso de amplias
potestades para acordar el cierre de sus oficinas, establecimientos o
explotaciones, e incluso, cuando se trate de una actividad empresarial, el
cese o la suspensión, total o parcial, de ésta, previa audiencia del deudor
y de los representantes de los trabajadores.
Especial atención dedica la
ley a los supuestos de concurso de persona jurídica y a los efectos que en
este caso produce la declaración, materia de gran importancia, como
corresponde a la que estos entes y, fundamentalmente, las sociedades
revisten en el moderno tráfico. Así como la ley orgánica permite extender
las medidas relativas a las comunicaciones y a la residencia del deudor, en
caso de persona jurídica, a sus administradores y liquidadores, la Ley
Concursal impone a éstos y a los apoderados generales del deudor los deberes
de colaboración e información.
Durante la tramitación del
concurso se mantienen los órganos de la persona jurídica deudora. Los
administradores concursales están legitimados para ejercer las acciones de
responsabilidad contra los administradores, auditores y liquidadores, sin
necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. El efecto más
severo que la ley establece es el del embargo de bienes y derechos de los
administradores y liquidadores, que el juez puede acordar cuando exista
fundada posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que
la masa activa resulte insuficiente para satisfacer todas las deudas.
Original es también,
respecto del derecho anterior, la regulación de los efectos del concurso de
la sociedad sobre los socios subsidiariamente responsables de las deudas de
ésta, que se reduce a atribuir a la administración concursal la legitimación
exclusiva para ejercitar la correspondiente acción una vez aprobado el
convenio o abierta la liquidación. Se evitan así tanto la extensión
automática del concurso a personas que, aun responsables de las deudas
sociales, pueden ser solventes, como las reclamaciones individuales de los
acreedores contra los socios, perturbadoras del buen orden del concurso.
La ley regula asimismo con
criterios de funcionalidad los efectos de la declaración de concurso sobre
los acreedores, ordenando la paralización de las acciones individuales
promovidas por éstos contra el patrimonio del concursado. Esta paralización,
consecuencia natural de la integración de los acreedores en la masa pasiva
del concurso, no afecta a las declarativas de los órdenes civil o social ya
en tramitación en el momento de declararse el concurso, que continuarán
hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza
contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del
deudor, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración, pero sí
a todas las de carácter ejecutivo, incluidos los apremios administrativos o
tributarios, que quedarán en suspenso si se hallasen en tramitación, salvo
los acordados con anterioridad a la declaración de concurso, y no podrán
iniciarse una vez declarado el concurso.
Una de las novedades más
importantes de la ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones
de ejecución de garantías reales sobre bienes del concursado. Se respeta la
naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, que impone una
regulación diferente de la aplicable a los derechos de crédito integrados en
la masa pasiva del concurso, pero al mismo tiempo se procura que la
ejecución separada de las garantías no perturbe el mejor desarrollo del
procedimiento concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes
para los intereses del deudor y de la masa pasiva. La fórmula que combina
estos propósitos es la de paralización temporal de las ejecuciones, en tanto
se negocie un convenio o se abra la liquidación, con el máximo de un año a
partir de la declaración de concurso. Salvo que al tiempo de la declaración
de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecución
iniciadas con anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni podrán
iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos señalados. Este efecto de
obligatoria y limitada espera para los titulares de garantías reales se
considera justo en el tratamiento de todos los intereses implicados en el
concurso, que han de sufrir un sacrificio en aras de la solución definitiva
y más beneficiosa del estado de insolvencia.
Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el
concurso de privilegio especial y el convenio sólo les afectará si su
titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a ella o al
convenio aprobado.
De no estar afectados por un convenio, los créditos con
privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los
que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del
concurso. No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas
acciones, la administración concursal podrá optar por atender con cargo a la
masa el pago de estos créditos. Aun en caso de realización, el juez podrá
autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la
obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante
venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito especialmente
privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a
evitar que el ejercicio de los derechos reales de garantía perturbe
innecesariamente a los demás intereses implicados en el concurso.
A estos efectos, la ley
extiende el tratamiento de las acciones de ejecución de garantías reales a
las de recuperación de bienes muebles vendidos a plazo y a los cedidos en
arrendamientos financieros, siempre que los correspondientes contratos o
documentos estén inscritos en los respectivos registros, así como a las
resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago de precio aplazado.
Se ha procurado así
permitir planteamientos realistas, que sin menoscabar la naturaleza de estos
derechos ni perturbar el mercado del crédito, muy sensible a la protección
de las garantías en caso de insolvencia del deudor, no impidan sino que
hagan viables soluciones beneficiosas para los intereses del concurso.
Fórmulas flexibles en
interés del concurso y sin perjuicio de los de la contraparte se establecen
también para permitir la rehabilitación de los contratos de crédito o de
adquisición de bienes con precio aplazado, así como la enervación de
desahucio en arrendamientos urbanos, afectados por incumplimientos del
deudor concursado.
Objeto de especial atención
ha sido también la regulación de los efectos de la declaración de concurso
sobre los contratos, una de las materias más deficientemente tratadas en el
anterior derecho y, por tanto, de mayor originalidad en la nueva ley.
Conforme a ésta, la declaración de concurso no afecta, en principio, a la
vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento por ambas partes; no obstante, en interés del concurso y con
garantías para el derecho de la contraparte, se prevé tanto la posibilidad
de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla
en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento. No se
admiten las cláusulas contractuales de resolución o extinción en caso de
declaración de concurso, pero sí la aplicación de normas legales que
dispongan la extinción o expresamente faculten a las partes para pactarla o
para denunciar el contrato.
Cuestión tratada con
especial cuidado es la relativa a los contratos de trabajo existentes a la
fecha de declaración del concurso y en los que sea empleador el concursado.
Al amparo de la reforma introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial
por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, se atribuye al juez del
concurso jurisdicción para conocer de materias que, en principio, son de la
competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por su
especial trascendencia en la situación patrimonial del concursado y en aras
de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado. Pero
conciliando todo ello con la regulación material actualmente contenida en la
legislación laboral.
Se remiten a lo establecido
por su regulación especial los efectos de la declaración de concurso sobre
los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor.
La ley da un nuevo
tratamiento al difícil tema de los efectos de la declaración de concurso
sobre los actos realizados por el deudor en período sospechoso por su
proximidad a ésta. El perturbador sistema de retroacción del concurso se
sustituye por unas específicas acciones de reintegración destinadas a
rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos
casos la ley presume y en los demás habrá de probarse por la administración
concursal o, subsidiariamente, por los acreedores legitimados para ejercitar
la correspondiente acción. Los terceros adquirentes de bienes o derechos
afectados por estas acciones gozan de la protección que derive, en su caso,
de la buena fe, de las normas sobre irreivindicabilidad o del registro.
IV
La ley simplifica la
estructura orgánica del concurso. Sólo el juez y la administración concursal
constituyen órganos necesarios en el procedimiento. La junta de acreedores
únicamente habrá de constituirse en la fase de convenio cuando no se haya
aprobado por el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada. La
intervención como parte del Ministerio Fiscal se limita a la sección sexta,
de calificación del concurso, cuando proceda su apertura, sin perjuicio de
la actuación que e establece en esta ley cuando intervenga en delitos
contra el patrimonio o el orden socioeconómico.
La reducción de los órganos
concursales tiene como lógica consecuencia la atribución a éstos de amplias
e importantes competencias. La ley configura al juez como órgano rector del
procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que
le correspondían en el derecho anterior y la discrecionalidad con que puede
ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones.
La competencia para conocer
del concurso se atribuye a los nuevos Juzgados de lo Mercantil, que se
crean, al hilo de esta ley, en la Ley Orgánica para la Reforma Concursal,
mediante la pertinente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los criterios de
competencia territorial parten del dato económico-real de la ubicación del
centro de los intereses principales del deudor, ya adoptado en reglas
internacionales, que se prefiere al del domicilio, de predominante carácter
jurídico-formal. No obstante, si el centro de los intereses principales y el
domicilio del deudor no coincidieran, se concede al acreedor solicitante del
concurso la facultad de elegir cualquiera de ellos a efectos de competencia
territorial. En caso de persona jurídica, se presume que ambos lugares
coinciden, pero se considera ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio
efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud de concurso, para
evitar que la competencia se configure con criterios ficticios.
Conforme a las reglas
generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, no se admite más cuestión de competencia que la planteada
mediante declinatoria, pero ésta no suspenderá el procedimiento concursal y
todo lo actuado será válido aunque se estime.
La Ley Orgánica del Poder
Judicial, modificada por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, atribuye
al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas
materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del
deudor, aunque sean de naturaleza social, así como las de ejecución y las
cautelares, cualquiera que sea el órgano del que hubieran dimanado. El
carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano
jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión
quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión.
Además, la Ley Concursal
concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el ejercicio de
sus competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad del
procedimiento y su adecuación a las circunstancias de cada caso. Las
facultades discrecionales del juez se manifiestan en cuestiones tan
importantes como la adopción de medidas cautelares con anterioridad a su
declaración o a la entrada en funcionamiento de la administración concursal;
la ampliación de la publicidad que haya de darse a la declaración de
concurso y a otras resoluciones de interés de terceros; la acumulación de
concursos; el nombramiento, la separación y el régimen de funcionamiento de
los administradores concursales; la graduación de los efectos de la
declaración de concurso sobre la persona del deudor, los acreedores y los
contratos; la aprobación del plan de liquidación o el régimen de pago de
créditos.
La administración concursal
se regula conforme a un modelo totalmente diferente del hasta ahora en vigor
y se opta por un órgano colegiado en cuya composición se combina la
profesionalidad en aquellas materias de relevancia para todo concurso —la
jurídica y la económica — con la presencia representativa de un acreedor que
sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté
garantizado. Las únicas excepciones al régimen de composición de este órgano
vienen determinadas por la naturaleza de la persona del concursado —cuando
se trate de entidad emisora de valores cotizados en bolsa, empresa de
servicios de inversión, entidad de crédito o aseguradora—, o por la escasa
importancia del concurso —en cuyo caso el juez podrá nombrar un solo
administrador, de carácter profesional—.
A la administración
concursal se encomiendan funciones muy importantes, que habrá de ejercer de
forma colegiada, salvo las que el juez atribuya individualizadamente a
alguno de sus miembros. Cuando la complejidad del procedimiento lo exija, el
juez podrá autorizar la delegación de determinadas funciones en auxiliares.
La ley prevé la
reglamentación mediante arancel de la retribución de los administradores
concursales y fija como criterios los de cuantía del activo y del pasivo y
la previsible complejidad del concurso. En todo caso, compete al juez
aprobar la retribución.
Se regula el régimen de
responsabilidad de los administradores frente al deudor y a los acreedores y
el de su separación por justa causa.
Son funciones esenciales de
este órgano las de intervenir los actos realizados por el deudor en
ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya
sido suspendido en ese ejercicio, así como la de redactar el informe de la
administración concursal al que habrán de unirse el inventario de la masa
activa, la lista de acreedores y, en su caso, la evaluación de las
propuestas de convenio presentadas.
La ley establece reglas
precisas para la elaboración de estos documentos. El inventario contendrá la
relación y el avalúo de los bienes y derechos que integran la masa activa.
Se regula el tratamiento de los bienes conyugales conforme al régimen
económico del matrimonio del deudor persona casada, así como el derecho de
separación de los bienes de propiedad ajena en poder del deudor.
La lista de acreedores
comprenderá una relación de los reconocidos y otra de los excluidos, así
como una adicional, separada, de los que conforme a la ley tienen la
consideración de créditos contra la masa.
La administración concursal
habrá de pronunciarse sobre la inclusión de todos los créditos puestos de
manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en
el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de
los libros y documentos del deudor o que por cualquier otro medio consten en
el concurso. En la relación de los reconocidos, los créditos se
clasificarán, conforme a la ley, en privilegiados —con privilegio especial o
general—, ordinarios y subordinados.
V
La regulación de esta
materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones
más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los
privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que
puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de
mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de
los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.
Las excepciones que la ley
admite son positivas o negativas, en relación con los créditos ordinarios.
Las primeras se concretan en los privilegios, especiales o generales, por
razón de las garantías de que gocen los créditos o de la causa o naturaleza
de éstos. A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el
convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará con
prioridad respecto de los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en
número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente
reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social
(hasta el 50 por ciento de su importe en cada caso). Por su parte, los
salarios de los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración del
concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo
interprofesional, y los devengados con posterioridad a la declaración de
concurso, así como los de indemnización por extinción del contrato de
trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la consideración de
créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia respecto de los
créditos concursales; los salarios del artículo 32.1 del Estatuto de los
Trabajadores serán satisfechos con anterioridad al resto de créditos
concursales; y los salariales del artículo 32.3 del mismo texto gozarán de
privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de accidente
de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las
obligaciones en materia de salud laboral devengadas con anterioridad a la
declaración del concurso. Se pretende así evitar que el concurso se consuma
con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general de la
satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la masa pasiva en su conjunto, a
la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los
trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no
gozan de privilegio.
Las excepciones negativas
son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la
ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los
ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por
su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o
por la condición personal de sus titulares (personas especialmente
relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales
para el concurso). A estos efectos, conviene precisar que la categoría de
créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas
con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como
de la Seguridad Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen
de derecho de voto en la junta de acreedores y, en caso de liquidación, no
podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los
ordinarios.
La subordinación por motivo
de especiales relaciones personales con el concursado no sólo se basa en las
de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en caso de persona
jurídica, se extiende a los socios con responsabilidad por las deudas
sociales o con una participación significativa en el capital social, así
como a los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las
sociedades del mismo grupo. En todo caso, la clasificación afecta también a
los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a personas
especialmente relacionadas con el concursado si la adquisición se produce
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
VI
Las soluciones del concurso
previstas en la ley son el convenio y la liquidación para cuya perspectiva
tramitación se articulan específicas fases en el procedimiento.
El convenio es la solución
normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas
a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido
en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes
goza de una gran amplitud.
Entre las medidas para
facilitar esta solución del concurso destaca la admisión de la propuesta
anticipada de convenio que el deudor puede presentar con la propia solicitud
de concurso voluntario o, incluso, cuando se trate de concurso necesario,
hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, siempre que vaya
acompañada de adhesiones de acreedores en el porcentaje que la ley
establece. La regulación de esta propuesta anticipada permite, incluso, la
aprobación judicial del convenio durante la fase común del concurso, con una
notoria economía de tiempo y de gastos respecto de los actuales
procedimientos concursales.
En otro caso, si no se
aprueba una propuesta anticipada y el concursado no opta por la liquidación
de su patrimonio, la fase de convenio se abre una vez concluso el trámite de
impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
La ley procura agilizar la
tramitación de las propuestas de convenio. La propuesta anticipada que no
hubiese alcanzado adhesiones suficientes para su aprobación podrá ser
mantenida en junta de acreedores. El concursado que no hubiese presentado
propuesta anticipada ni solicitado la liquidación y los acreedores que
representen una parte significativa del pasivo podrán presentar propuestas
incluso hasta 40 días antes del señalado para la celebración de la junta.
Hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a ésta podrán
admitirse adhesiones a las propuestas, lo que contribuirá a agilizar
los cómputos de votos y, en general, el desarrollo de la junta.
También es flexible la ley
en la regulación del contenido de las propuestas de convenio, que podrá
consistir en proposiciones de quita o de espera, o acumular ambas; pero las
primeras no podrán exceder de la mitad del importe de cada crédito
ordinario, ni las segundas de cinco años a partir de la aprobación del
convenio, sin perjuicio de los supuestos de concurso de empresas de especial
trascendencia para la economía y de presentación de propuesta anticipada de
convenio cuando así se autorice por el juez. Se admiten proposiciones
alternativas, como las ofertas de conversión del crédito en acciones,
participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. Lo que no
admite la ley es que, a través de cesiones de bienes y derechos en pago o
para pago de créditos u otras formas de liquidación global del patrimonio
del concursado, el convenio se convierta en cobertura de solución distinta
de aquella que le es propia. Para asegurar ésta y la posibilidad de
cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada de un plan de
pagos.
La finalidad de
conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede
cumplirse a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de
viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas,
un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se
consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los
acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros
intereses. El informe preceptivo de la administración concursal es una
garantía más de esta solución.
Al regular las mayorías
necesarias para la aceptación de las propuestas de convenio, la ley prima a
las que menor sacrificio comportan para los acreedores, reduciendo la
mayoría a la relativa del pasivo ordinario.
El convenio necesita
aprobación judicial. La ley regula la oposición a la aprobación, las
personas legitimadas y los motivos de oposición, así como los de rechazo de
oficio por el juez del convenio aceptado.
La aprobación del convenio
no produce la conclusión del concurso, que sólo se alcanza con el
cumplimiento de aquél.
VII
La ley concede al deudor la
facultad de optar por una solución liquidatoria del concurso, como
alternativa a la de convenio, pero también le impone el deber de solicitar
la liquidación cuando durante la vigencia de un convenio conozca la
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones
contraídas con posterioridad a su aprobación. En los casos de apertura de
oficio o a solicitud de acreedor, la liquidación es siempre una solución
subsidiaria, que opera cuando no se alcanza o se frustra la de convenio. La
unidad y la flexibilidad el procedimiento permiten en estos supuestos pasar
de forma rápida y simple a la fase de liquidación. Es ésta una de las
principales y más ventajosas novedades que introduce la ley, frente a la
anterior diversidad de procedimientos concursales y, concretamente, frente a
la necesidad de solicitar la declaración de quiebra en los casos en que no
se alcanzara o se incumpliera un convenio en el expediente de suspensión de
pagos.
Los efectos de la
liquidación son, lógicamente, más severos. El concursado quedará sometido a
la situación de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales
de administración y disposición y sustituido por la administración
concursal; si fuese persona natural, perderá el derecho a alimentos con
cargo a la masa; si fuese persona jurídica, se declarará su disolución, de
no estar ya acordada, y, en todo caso, el cese de sus administradores o
liquidadores.
La ley reserva para esta
fase de liquidación los clásicos efectos concursales de vencimiento
anticipado de los créditos aplazados y conversión en dinero de los que
consistan en otras prestaciones.
No obstante la mayor
imperatividad de las normas que regulan esta fase, la ley las dota también
de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidación,
que habrá de preparar la administración concursal y sobre el que podrán
formular observaciones o propuestas el deudor y los acreedores concursales
antes de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce y, en su
caso, en lo que no prevea el plan aprobado, se aplicarán supletoriamente las
reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa activa del
concurso.
Aun en este último caso, la
ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes
o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo,
salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o
la realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con
preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa.
La ley quiere evitar la
excesiva prolongación de las operaciones liquidatorias, a cuyo fin impone a
la administración concursal la obligación de informar trimestralmente del
estado de aquéllas y le señala el plazo de un año para finalizarlas, con las
sanciones, si lo incumpliera, de separación de los administradores y pérdida
del derecho a retribución.
Las
operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de
liquidación. Los créditos contra la masa operan con el carácter de
prededucibles, en el sentido de que, antes de proceder al pago de los
concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no
afectos a créditos singularmente privilegiados, que sean necesarios para
satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos.
Como ya ha quedado expuesto
al tratar de los efectos de la declaración de concurso sobre los créditos
con garantía real, la ley regula el pago de los créditos con privilegio
especial de forma muy flexible, para evitar, en interés de la masa, la
realización de los bienes o derechos afectos, autorizarla con subsistencia
del gravamen o mediante venta directa.
La regulación legal
establece el orden de los pagos con privilegio general, de los ordinarios y
de los subordinados, y contempla los supuestos especiales de pagos
anticipados, de deudas solidarias y de los realizados en fase de
cumplimiento de convenio anterior a la de liquidación.
VIII
Una de las materias en las
que la reforma ha sido más profunda es la de calificación del concurso. La
ley limita la formación de la sección de calificación a supuestos muy
concretos: la aprobación de un convenio que, por la cuantía de la quita o la
duración de la espera, resulte especialmente gravoso para los acreedores, y
la apertura de la liquidación.
En estos supuestos, el
concurso se calificará como fortuito o como culpable. La última calificación
se reserva a aquellos casos en los que en la generación o agravación del
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de
sus representantes legales, administradores o liquidadores.
La ley formula el criterio
general de calificación del concurso como culpable y la continuación enuncia
una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por
su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en
contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir
incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso.
Si el preceptivo informe de
la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal coincidieran
en la calificación del concurso como fortuito, se archivarán las actuaciones
sin más trámites. En otro caso, la calificación como culpable se decidirá
tras un contradictorio, en el que serán partes el Ministerio Fiscal, la
administración concursal, el deudor y todas las personas que pudieran
resultar afectadas por la calificación. La oposición se sustanciará por los
trámites del incidente concursal. La sentencia que califique el concurso
como culpable habrá de determinar las personas afectadas y, en su caso, las
declaradas cómplices; impondrá a todas aquéllas la inhabilitación para
administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona, sanción
que será temporal, durante un período de dos a 15 años; les impondrá,
asimismo, la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores
concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes y derechos que
indebidamente hubieren obtenido del deudor o recibido de la masa activa, más
la de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Es novedad la previsión de
un procedimiento para asegurar el registro público de las sentencias que
declaren concursados culpables y de aquellas resoluciones que acuerden la
designación o la inhabilitación de los administradores concursales en los
casos que la propia ley prevé.
Los efectos de la
calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni
constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas
que pudieran ser constitutivas de delitos. La ley mantiene la neta
separación de ilícitos civiles y penales en esta materia.
IX
La ley regula
detalladamente las causas de conclusión del concurso, cuya naturaleza puede
ser muy diversa: bien porque la apertura no se ajustó a derecho (revocación
del auto de declaración de concurso), bien porque el procedimiento alcanzó
su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de todos los
acreedores), bien por su frustración (inexistencia de bienes y derechos con
los que satisfacer a los acreedores), bien por el ejercicio del derecho de
disposición de las partes sobre el procedimiento (desistimiento o renuncia
de la totalidad de los acreedores reconocidos transacción del deudor con
ellos, causas éstas que, por sus características, sólo pueden operar una vez
terminada la fase común del procedimiento y que exigen aceptación u
homologación del juez, previo informe de la administración concursal).
En los casos de conclusión
por inexistencia de bienes y derechos, del concursado o de terceros
responsables, con los que satisfacer a los acreedores, que conservan su
derecho a hacer efectiva la responsabilidad del deudor sobre los que en el
futuro aparezcan, la ley contempla también la reapertura del concurso, tanto
si se trata de deudor persona natural como de persona jurídica. En este
último caso, puesto que la conclusión por inexistencia de activos
patrimoniales lleva consigo la extinción de la persona jurídica, la
reapertura por aparición posterior de bienes y derechos se concretará a
liquidarlos; pero si se trata de persona natural, la continuación de su
actividad patrimonial habrá podido reflejarse tanto en la aparición de
activos como de nuevos pasivos, lo que habrá de tenerse en cuenta en la
actualización del inventario y de la lista de acreedores.
X
La flexibilidad que inspira
todo el procedimiento concursal se combina con las características de
rapidez y simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria
de la Ley Concursal, en cuanto ésta no contemple normas procesales
especiales. La finalidad que se persigue es la de reconducir la complejidad
del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y
económica tramitación, sin merma de las garantías que exige la tutela
judicial efectiva de todos los interesados.
Pieza básica en este
sistema procesal de la nueva ley es el incidente concursal, un procedimiento
especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra
tramitación distinta. Este incidente se configura con dos modalidades
procesales distintas, según la materia sobre la que verse: una que tiene por
objeto resolver aquellas materias de índole laboral que se planteen en el
marco del procedimiento concursal, y otra modalidad para tratar las materias
estrictamente concursales. Con estas dos modalidades de incidente se obtiene
una mayor eficacia del proceso concursal.
La celeridad de este
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que,
en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y
el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este
recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o
en incidentes concursales durante la fase común o la de convenio. Contra las
sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante
la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación.
Sólo se admite el recurso
de casación y el extraordinario de infracción procesal contra las sentencias
que resuelvan la apelación cuando se trate de aprobar o rechazar un
convenio, declarar su cumplimiento o incumplimiento, calificar el concurso,
resolver sobre acciones de reintegración o acordar la conclusión del
concurso.
Igualmente, y para hacer
plenamente efectiva la aplicación de la legislación social a las cuestiones
de esta naturaleza y unificar la doctrina en tan sensible materia, se
introduce el recurso de suplicación y los demás que prevé la ley contra las
resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad autónoma en
materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen
sobre la misma materia.
De este modo, en línea con
la orientación de la nueva
Ley de
Enjuiciamiento Civil,
se elimina la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de
naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, que
actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos
concursales, y se ordena, sin merma de las garantías procesales, un sistema
de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos
de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión de
conjunto.
XI
Especial atención dedica la
ley a las cuestiones que plantea el concurso con elemento extranjero,
fenómeno carente de adecuada regulación en el derecho anterior y cada vez
más frecuente en una economía globalizada.
La Ley Concursal contiene
unas normas de derecho internacional privado sobre esta materia, que siguen,
con las convenientes adaptaciones, el modelo del Reglamento (CE) n.º
1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia. Así, se facilita la
aplicación de ambos textos en el ámbito intracomunitario y se ajusta el
mismo modelo normativo a la regulación de otras relaciones jurídicas que
están fuera de ese ámbito. En este sentido, la nueva regulación se inspira
también en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) sobre Insolvencia
Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas en su Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997.
La competencia
internacional para declarar y tramitar el concurso se basa en el lugar de
situación del centro de los intereses principales del deudor, teniendo el
carácter de «principal» el concurso que se declare sobre esa base, sin
perjuicio de que puedan abrirse otros concursos «territoriales» en aquellos
Estados en los que el deudor tenga establecimientos.
Se regulan las relaciones
entre procedimiento principal y territorial y sus respectivos efectos, el
reconocimiento en España de los abiertos en el extranjero y de sus
administradores o representantes, con el fin de establecer la mejor
coordinación entre ellos, en beneficio de la seguridad jurídica y de la
eficiencia económica en el tratamiento de estos fenómenos, lo que constituye
una de las materias en las que con mayor relieve se pone de manifiesto la
modernización introducida por la reforma concursal.
XII
La profundidad de la
reforma tiene su más clara expresión en las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatoria y finales que cierran la ley. El alcance de la
nueva regulación se extiende a múltiples sectores de nuestro ordenamiento
jurídico y afecta a numerosas normas, que, en virtud de la reforma, han de
quedar modificadas, en unos casos y, derogadas, en otros. Se pretende así
armonizar el derecho vigente con la reforma introducida por esta ley y, al
propio tiempo, limitar el ámbito de ésta a la materia concursal. Ello
explica que de las disposiciones contenidas en
el título XVII
del libro IV del Código Civil
(«De la concurrencia y prelación de créditos») se deroguen las relativas a
los procedimientos colectivos de quita y espera y de concurso y se mantengan
las de preferencia de créditos para los supuestos de ejecución singular. Del
mismo modo, subsisten para esos supuestos los llamados «privilegios»
mercantiles, aunque en el concurso no se admitan más que los expresamente
reconocidos en esta ley. Objeto de regulación específica son los privilegios
sobre buques y aeronaves, a cuyos titulares se conoce en el concurso
derecho de separación para su ejecución extraconcursal.
La delimitación de los
ámbitos concursal y extraconcursal de la concurrencia y prelación de
créditos, si bien responde a una correcta definición de la materia propia de
esta ley, puede ocasionar en la práctica problemas de desajuste, por la muy
diversa regulación que mantiene el viejo derecho respecto de la que
establece la reforma concursal, pero el alcance de ésta no puede extenderse
a una revisión completa de toda la materia de preferencias de créditos que
rigen fuera del concurso. Resulta necesaria esa revisión, y ahora no sólo
por el arcaísmo de un sistema formado por sedimentos históricos carente del
orden lógico que debe presidir esta materia, sino por la acuciante exigencia
de su armonización con la reforma concursal. Por ello, la disposición final
trigésima primera encomienda al Gobierno que en el plazo de seis meses a
contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley presente a las Cortes
Generales un proyecto de ley sobre reforma de los Códigos Civil y de
Comercio en materia de concurrencia y prelación de créditos en caso de
ejecuciones singulares.
La ley ha respetado la
legislación específica aplicable a las entidades de crédito, a las
aseguradoras y a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de
compensación de valores o instrumentos financieros derivados, en gran parte
impuesta por el derecho de la Unión Europea, y que afecta a determinados
aspectos del concurso. Sólo en defecto de normas especiales y en la medida
en que sean compatibles con la naturaleza de aquellos sistemas, se aplicarán
en esta materia las de esta ley.
Materia especialmente
delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que la ley ha optado
por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones, dos
de ellas muy señaladas: la primera, para hacer posible la aplicación a los
procedimientos que se encuentran en trámite de las normas sobre conclusión
del concurso; la segunda, para permitir la aplicación a aquellos
procedimientos del régimen más flexible de propuesta de convenio y de
adhesiones que establece esta ley, lo que contribuirá a facilitar la
tramitación de los que se hallan en curso e incluso, en algunos casos, la
conclusión de aquellos que se encuentren paralizados. Se ha previsto
también, transitoriamente, la competencia de los Juzgados de Primera
Instancia, hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo
Mercantil.
A través de estas medidas
legislativas, con plenas garantías constitucionales, se inserta en el
ordenamiento jurídico español la reforma concursal, una de las más
importantes piezas hasta ahora pendientes en el proceso de modernización de
nuestro derecho.
TÍTULO I
De la declaración de concurso
CAPÍTULO
I
De los presupuestos del concurso
Artículo 1.
Presupuesto subjetivo.
1. La declaración de
concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o
jurídica.
2. El concurso de la
herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.
3. No podrán ser declaradas
en concurso las entidades que integran la organización territorial del
Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.
Artículo 2.
Presupuesto objetivo.
1. La declaración de
concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común.
2. Se encuentra en estado
de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles.
3. Si la solicitud de
declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su
endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente.
Se encuentra en estado de
insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y
puntualmente sus obligaciones.
4. Si la solicitud de
declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título
por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo
resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de
alguno de los siguientes hechos:
1º El sobreseimiento
general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
2º La existencia de
embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al
patrimonio del deudor.
3º El alzamiento o la
liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
4º El incumplimiento
generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago
de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la
solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás
conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de
salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones
de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
Artículo 3.
Legitimación.
1. Para solicitar la
declaración de concurso están legitimados el deudor y cualquiera de sus
acreedores.
Si el deudor fuera persona
jurídica, será compete nte para decidir sobre la solicitud el órgano de
administración o de liquidación.
2. Por excepción a lo
dispuesto en el apartado anterior, no está legitimado el acreedor que,
dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud,
hubiera adquirido el crédito por actos ínter vivos y a título singular,
después de su vencimiento.
3. Para solicitar la
declaración de concurso de una persona jurídica, están también legitimados
los socios, miembros o integrantes que sean personalmente responsables,
conforme a la legislación vigente, de las deudas de aquélla.
4. Los acreedores del
deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia
podrán solicitar la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura
y simplemente. La solicitud formulada por un heredero producirá los efectos
de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
5. El acreedor podrá instar
la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus deudores
cuando exista confusión de patrimonios entre éstos, o, siendo éstos personas
jurídicas, formen parte del mismo grupo, con identidad sustancial de sus
miembros y unidad en la toma de decisiones.
Artículo 4.
De la intervención del Ministerio Fiscal.
Cuando en actuaciones por
delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de
manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable
penal y de la existencia de una pluralidad de acreedores, el Ministerio
Fiscal instará del juez que esté conociendo de la causa la comunicación de
los hechos al juez de lo mercantil con competencia territorial para conocer
del concurso del deudor, a los efectos pertinentes, por si respecto de éste
se encontrase en tramitación un procedimiento concursal.
Asimismo, instará el
Ministerio Fiscal del juez que conozca de la causa la comunicación de
aquellos hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones
penales en curso, a fin de que, en su caso, puedan solicitar la declaración
de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan.
Artículo 5.
Deber de solicitar la declaración de concurso.
1. El deudor deberá
solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
2. Salvo prueba en
contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia
cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a
una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4
del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo
4º, haya transcurrido el plazo correspondiente.
3. El deber de solicitar la declaración de concurso no será
exigible al deudor que, en estado de insolvencia actual, haya iniciado
negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y,
dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, lo ponga en
conocimiento del juzgado competente para su declaración de concurso.
Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no
alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta
anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del
mes siguiente.
[El párrafo 3.º ha sido añadido
por el artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009).]
Artículo 6.
Solicitud del deudor.
1. En el escrito de
solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de
insolvencia es actual o si lo prevé como inminente.
2. A la solicitud se
acompañarán los documentos siguientes:
1º Poder especial para
solicitar el concurso. Este documento podrá ser sustituido mediante la
realización de apoderamiento apud acta.
2º La memoria expresiva de
la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a
que se haya dedicado durante los tres últimos años y de los
establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular, de las causas
del estado en que se encuentre y de las valoraciones y propuestas sobre la
viabilidad patrimonial.
Si el deudor fuera persona
casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge, con expresión del
régimen económico del matrimonio.
Si el deudor fuera persona
jurídica, indicará en la memoria la identidad de los socios o asociados de
que tenga constancia, de los administradores o de los liquidadores y, en su
caso, del auditor de cuentas, así como si forma parte de un grupo de
empresas, enumerando las entidades integradas en éste, y si tiene admitidos
valores a cotización en mercado secundario oficial.
Si se tratase de una
herencia, se indicarán en la memoria los datos del causante.
3º Un inventario de bienes
y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren,
datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición,
correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. Se
indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes
y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación.
4º Relación de acreedores,
por orden alfabético, con expresión de la identidad de cada uno de ellos,
así como de la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y las
garantías personales o reales constituidas. Si algún acreedor hubiera
reclamado judicialmente el pago, se identificará el procedimiento
correspondiente y se indicará el estado de las actuaciones.
3. Si el deudor estuviera
legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará además:
1º Cuentas anuales y, en su
caso, informes de gestión o informes de auditoria correspondientes a los
tres últimos ejercicios.
2º Memoria de los cambios
significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas
cuentas anuales formuladas y depositadas y de las operaciones que por su
naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del
deudor.
3º Estados financieros
intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas anuales
presentadas, en el caso de que el deudor estuviese obligado a comunicarlos o
remitirlos a autoridades supervisoras.
4º En el caso de que el
deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o como
sociedad dominada, acompañará también las cuentas anuales y el informe de
gestión consolidados correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales
y el informe de auditoría emitido en relación con dichas cuentas, así como
una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del
grupo durante ese mismo período.
4. En el supuesto previsto
en el artículo 142.1.1º
deberá acompañarse propuesta de plan de liquidación.
5. Cuando no se acompañe
alguno de los documentos mencionados en este artículo o faltara en ellos
alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá expresar en su
solicitud la causa que lo motivara.
Artículo 7.
Solicitud del acreedor y de los demás legitimados.
1. El acreedor que inste la
declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el origen,
naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual
del crédito, del que acompañará documento acreditativo.
Los demás legitimados
deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan,
acompañando el documento del que resulte su legitimación o proponiendo la
prueba para acreditarla.
2. En todo caso, se
expresarán en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda
valerse el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamente.
La prueba testifical no
será bastante por sí sola.
CAPÍTULO II
Del procedimiento de declaración
SECCIÓN 1ª JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Artículo 8.
Juez del concurso.
Son competentes para
conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez
del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1º Las acciones civiles con
trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado
con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad,
filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el
título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También
conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1
de esta Ley.
2º Las acciones sociales
que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de
los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la
suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que
cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en
convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de
los representantes de los trabajadores.
En el enjuiciamiento de
estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas
de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la
ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
3º Toda ejecución frente a
los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera
que sea el órgano que la hubiera ordenado.
4º Toda medida cautelar que
afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los
procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1º
5º Las que en el
procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica
gratuita y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.º Las acciones de reclamación de deudas sociales
interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de las deudas
de la sociedad concursada, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera
contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada
el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de
las prestaciones accesorias.
7.º Las acciones de responsabilidad contra los
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y contra los
auditores de la sociedad concursada, tendentes a exigir responsabilidad
civil por los perjuicios causados al concursado, cualquiera que sea la fecha
en que se hubieran producido los daños y perjuicios o en la que la
responsabilidad por las deudas sociales hubiera devenido exigible.
[Se ha modificado el ordinal 6º y se añade un 7º del
apartado 1 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 9.
Extensión de la jurisdicción.
La jurisdicción del juez se
extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales
directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria
para el buen desarrollo del procedimiento concursal.
Artículo 10.
Competencia internacional y territorial.
1. La competencia para
declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo
territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el
deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no
coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también
competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en
cuyo territorio radique aquél.
Por centro de los intereses
principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y
reconocible por terceros la administración de tales intereses.
En caso de deudor persona
jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en
el lugar del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cambio de
domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del
concurso.
Los efectos de este
concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso
principal», tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del
deudor, estén situados dentro o fuera de España. En el caso de que sobre los
bienes situados en un Estado extranjero se abra un procedimiento de
insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el
capítulo III del título IX de esta ley.
2. Si se hubieran
presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados
competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la
primera solicitud.
3. Si el centro de los
intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor
tuviese en éste un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil
en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre
cualquiera de ellos, a elección del solicitante.
Por establecimiento se
entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no
transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes.
Los efectos de este
concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso
territorial», se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su
actividad, que estén situados en España. En el caso de que en el Estado
donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un
procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de
coordinación previstas en el capítulo IV del título IX
de esta ley.
4. En los casos de
solicitud de declaración conjunta de concurso de varios deudores, será juez
competente para declararlo el del lugar donde tenga el centro de sus
intereses principales el deudor con mayor pasivo, y si se trata de un grupo
de sociedades, el de la sociedad dominante.
La misma regla se aplicará
para determinar el juez competente para la tramitación de concursos
acumulados.
5. El juez examinará de
oficio su competencia y determinará si ésta se basa en el apartado 1 o en el
apartado 3 de este artículo.
Artículo 11.
Alcance internacional de la jurisdicción.
En el ámbito internacional,
la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente el conocimiento
de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación
concursal y guarden una relación inmediata con el concurso.
Artículo 12.
Declinatoria.
1. El deudor podrá plantear cuestión de competencia
territorial por declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquél en que
se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados para
solicitar la declaración de concurso, en el plazo de 10 días desde la
publicación ordenada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 23.
2. La interposición de
declinatoria, en la que el promotor estará obligado a indicar cuál es el
órgano competente para conocer el concurso, no suspenderá el procedimiento
concursal. En ningún caso se pronunciará el juez sobre la oposición del
concursado sin que previa audiencia del Ministerio Fiscal haya resuelto la
cuestión de competencia planteada. En caso de que estime la cuestión de
competencia, deberá inhibirse a favor del órgano al que corresponda la
competencia, con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado.
3. Todo lo actuado en el
concurso será válido aunque se estime la declinatoria.
[El párrafo 1.º está redactado
conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.].
SECCIÓN 2ª DE LA PROVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Artículo 13.
Plazo para proveer.
1. En el mismo día o, si no
fuera posible, en el siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará la
solicitud de concurso y, si la estimara completa, proveerá conforme a los
artículos 14 ó 15.
Si la solicitud se refiere a una entidad de crédito o a
una empresa de servicios de inversión, una vez que el Juez haya proveído
sobre la misma el Secretario judicial la comunicará al Banco de España y a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitará la relación de los
sistemas de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros
derivados a los que pertenezca la entidad afectada y la denominación y
domicilio de su gestor, en los términos previstos en la legislación especial
aplicable.
El Secretario judicial también comunicará la solicitud a
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones si se refiere a una
entidad aseguradora; al Ministerio de Trabajo e Inmigración si se refiere a
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores si se refiere a una sociedad que
tenga emitidos valores o instrumentos financieros negociados en un mercado
secundario oficial.
2. Si el juez estimara que
la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto,
señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación, que no
podrá exceder de cinco días. Justificado o subsanado dentro del plazo, el
juez en el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil proveerá
conforme a los artículos 14 ó
15. En otro caso, el juez dictará auto que declare no
haber lugar a la admisión de la solicitud. Esta resolución será susceptible
de recurso de reposición.
[Se ha modificado los párrafos 2 y 3 del apartado 1 de
este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 14.
Provisión sobre la solicitud del deudor.
1. Cuando la solicitud
hubiere sido presentada por el deudor, el juez dictará auto que declare el
concurso si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta
la existencia de alguno de los hechos previstos en el
apartado 4 del artículo 2, u otros que acrediten la
insolvencia alegada por el deudor.
2. Si el juez estimara
insuficiente la documentación aportada, señalará al solicitante un plazo,
que no podrá exceder de cinco días, para que complemente la acreditación de
la insolvencia alegada.
3. Contra el auto
desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición.
Artículo 15.
Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de
solicitudes.
1. Cuando la solicitud
hubiera sido presentada por cualquier legitimado distinto al deudor, el juez
dictará auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor
conforme a lo previsto en el artículo 84, con
traslado de la solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días,
dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular
oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente
valerse.
2. Admitida a trámite la
solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la
primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a
los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.
3. Para el caso en que el deudor haya realizado la
comunicación del artículo 5.3, las solicitudes que se presenten con
posterioridad solo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un mes previsto
en el citado artículo si el deudor no hubiera presentado la solicitud de
concurso. Si el deudor presenta solicitud de concurso en el citado plazo se
tramitará en primer lugar conforme al artículo 14. Declarado el concurso, las
solicitudes presentadas previamente y las que se presenten con posterioridad se
unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes.
[El párrafo 3.º ha sido añadido
el artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009).
Para ver la anterior redacción, haga click
aquí .]
Artículo 16.
Formación de la sección primera.
Declarado el concurso a
solicitud del deudor o admitida a trámite la solicitud de la declaración de
concurso presentada por cualquier otro legitimado, el juez ordenará la
formación de la sección primera, conforme al artículo 183,
que se encabezará con la solicitud.
Artículo 17.
Medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso.
1. A petición del
legitimado para instar el concurso necesario, el juez, al admitir a trámite
la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias
para asegurar la integridad del patrimonio del deudor, de conformidad con lo
previsto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. El juez podrá pedir al
solicitante que preste fianza para responder de los eventuales daños y
perjuicios que las medidas cautelares pudieran producir al deudor si la
solicitud de declaración de concurso resultara finalmente desestimada.
3. Declarado el concurso o
desestimada la solicitud, el juez del concurso se pronunciará sobre la
eficacia de las medidas cautelares.
Artículo 18.
Allanamiento u oposición del deudor.
1. En el caso de admisión a
trámite de la solicitud, si el deudor emplazado se allanase a la pretensión
del solicitante o no formulase oposición en plazo, el juez dictará auto
declarando el concurso de acreedores. La misma resolución adoptará si, con
posterioridad a la solicitud de cualquier legitimado y antes de ser
emplazado, el deudor hubiera instado su propio concurso.
2. El deudor podrá basar su
oposición en la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud o
en que, aun existiendo, no se encuentra en estado de insolvencia. En este
último caso, incumbirá al deudor la prueba de su solvencia y, si estuviera
obligado legalmente a llevar contabilidad, esta prueba habrá de basarse en
la que llevara conforme a derecho.
Formulada oposición por el deudor, el Secretario judicial,
al siguiente día, citará a las partes a una vista, previniéndolas para que
comparezcan a ella con todos los medios de la prueba que pueda practicarse
en el acto y, si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de
contabilidad, advirtiendo a éste para que comparezca con los libros
contables de llevanza obligatoria.
[Se ha modificado el párrafo segundo del apartado 2 de
este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 19.
Vista.
1. La vista se celebrará
bajo la presidencia del juez, dentro de los 10 días siguientes a aquél en
que se hubiera formulado oposición.
2. Si el deudor no
compareciera, el juez dictará auto declarando el concurso. Si compareciera,
en el caso de que el crédito del acreedor instante estuviera vencido, el
deudor consignará en el acto de la vista el importe de dicho crédito a
disposición del acreedor, acreditará haberlo hecho antes de la vista o
manifestará la causa de la falta de consignación.
En caso de que hubiera
varios acreedores personados y se acumulasen sus solicitudes de concurso, el
deudor deberá consignar las cantidades adeudadas a todos ellos, en las
mismas condiciones expresadas.
3. En caso de que el
solicitante no compareciera o, habiéndolo hecho, no se ratificase en su
solicitud, y el juez considerase que concurre presupuesto objetivo para la
declaración de concurso, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 2, y de las actuaciones resulte la existencia de
otros posibles acreedores, antes de dictarse el auto que resuelva sobre la
solicitud, se les concederá un plazo de cinco días para que formulen las
alegaciones que les conviniesen.
4. En caso de falta de consignación y en los que, a pesar
de haber sido efectuada, el acreedor se hubiera ratificado en la solicitud,
así como cuando el crédito del instante no hubiera vencido o no tuviera éste
la condición de acreedor, el Juez oirá a las partes y a sus abogados sobre
la procedencia o improcedencia de la declaración de concurso y decidirá
sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos o que se propongan
en este acto, acordando la práctica inmediata de las que puedan realizarse
en el mismo día y señalándose por el Secretario judicial para la de las
restantes el más breve plazo posible, sin que pueda exceder de 20 días.
5. El juez podrá interrogar
directamente a las partes y a los peritos y testigos y apreciará las pruebas
que se practiquen conforme a las reglas de valoración previstas en la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
[Se ha modificado el apartado 4 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 20.
Resolución sobre la solicitud y recursos.
1. Practicadas las pruebas
declaradas pertinentes o transcurrido el plazo fijado para ello, el juez,
dentro de los tres días siguientes, dictará auto declarando el concurso o
desestimando la solicitud. En el primer caso, las costas tendrán la
consideración de créditos contra la masa; en el segundo, serán impuestas al
solicitante, salvo que el juez aprecie, y así lo razone, que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En caso de desestimación de
la solicitud de concurso, una vez firme el auto, se procederá, a petición
del deudor y por los trámites de los
artículos 712 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a la determinación de los daños y perjuicios que,
en su caso, se le hubieran ocasionado como consecuencia de la solicitud de
concurso, y, una vez determinados, se requerirá de pago al solicitante del
concurso, procediéndose de inmediato, si no los pagase, a su exacción
forzosa.
2. Contra el
pronunciamiento del auto sobre la estimación o desestimación de la solicitud
de concurso cabrá, en todo caso, recurso de apelación, que no tendrá efecto
suspensivo salvo que, excepcionalmente, el juez acuerde lo contrario; en tal
caso habrá de pronunciarse sobre el mantenimiento, total o parcial, de las
medidas cautelares que se hubiesen adoptado. Si se trata de recurrir
únicamente alguno de los demás pronunciamientos contenidos en el auto de
declaración del concurso, las partes podrán oponerse a las concretas medidas
adoptadas mediante recurso de reposición.
3. Estarán legitimados para
recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no la hubiese
solicitado y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no
hubiera comparecido con anterioridad. Para recurrir el auto desestimatorio
sólo estará legitimada la parte solicitante del concurso.
4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para
preparar el recurso de apelación contará, respecto de las partes que hubieran
comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás
legitimados, desde la publicación ordenada en el párrafo segundo del apartado 1
del artículo 23.
5. La desestimación de los
recursos determinará la condena en costas del recurrente.
[El párrafo 4.º está redactado
conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
SECCIÓN 3ª DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
Artículo 21.
Auto de declaración de concurso.
1. El auto de declaración
de concurso contendrá los siguientes pronunciamientos:
1º El carácter necesario o
voluntario del concurso, con indicación, en su caso, de que el deudor ha
solicitado la liquidación.
2º
Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor
respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los
administradores concursales.
3º En caso de concurso
necesario, el requerimiento al deudor para que presente, en el plazo de 10
días a contar desde la notificación del auto, los documentos enumerados en
el artículo 6.
4º En su caso, las medidas
cautelares que el juez considere necesarias para asegurar la integridad, la
conservación o la administración del patrimonio del deudor hasta que los
administradores concursales acepten el cargo.
5.º El llamamiento a los acreedores para que pongan en
conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto
en el artículo 23.
6º La publicidad que haya
de darse a la declaración de concurso.
7º En su caso, la decisión
sobre la formación de pieza separada, conforme a lo dispuesto en el
artículo 77.2 en relación con la disolución de la sociedad de
gananciales.
8º En su caso, la decisión
sobre la procedencia de aplicar el procedimiento especialmente simplificado
a que se refiere el capítulo II del título VIII
de esta ley.
2. El auto producirá sus
efectos de inmediato, abrirá la fase común de tramitación del concurso, que
comprenderá las actuaciones previstas en los cuatro primeros títulos de esta
ley, y será ejecutivo aunque no sea firme.
3. Declarado el concurso,
se ordenará la formación de las secciones segunda, tercera y cuarta. Cada
una de estas secciones se encabezará por el auto o, en su caso, la sentencia
que hubiera ordenado su formación.
4. La administración
concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno
de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en el concurso,
informándoles de la declaración de éste y del deber de comunicar sus
créditos en la forma establecida en el artículo 85.
5. El Secretario judicial notificará el auto a las partes
que hubiesen comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la
publicación prevista en el artículo 23 producirá, respecto de él, los
efectos de notificación del auto.
Si el concursado fuera una entidad de crédito o una
empresa de servicios de inversión participante en un sistema de pagos y de
liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, el Secretario
judicial notificará el auto, en el mismo día de la fecha, al Banco de
España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al gestor de los
sistemas a los que pertenezca la entidad afectada, en los términos previstos
en la legislación especial a que se refiere la disposición adicional
segunda.
Asimismo, notificará el auto a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores cuando el concursado sea una sociedad que hubiera emitido
valores admitidos a cotización en un mercado oficial.
Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el
Secretario judicial notificará el auto, con la misma celeridad, a la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera una mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se lo notificará en los
mismos términos al Ministerio de Trabajo e Inmigración.
[El número 5.º del apartado 1 y
el párrafo primero del apartado 5 de este artículo están redactados conforme
al artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
[Se ha modificado el apartado 5 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 22.
Concurso voluntario y concurso necesario.
1. El concurso de
acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las
solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demás
casos, el concurso se considerará necesario.
A los efectos de este artículo, la solicitud
del deudor realizada en el plazo del artículo 5.3 se entenderá presentada cuando
lo fue la comunicación prevista en ese artículo
2. Por excepción a lo
dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores tendrá la
consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la fecha
de la solicitud del deudor, se hubiera presentado y admitido a trámite otra
por cualquier legitimado, aunque éste hubiera desistido, no hubiera
comparecido o no se hubiese ratificado.
[El párrafo 2.º del apartado 1.º
ha sido añadido por el artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm.78, de 31-3-2009).Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 23.
Publicidad.
1. La publicidad de la declaración de
concurso, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites
del procedimiento, se realizará preferentemente por medios telemáticos,
informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine,
garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.
El extracto de la declaración de concurso se
publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el "Boletín Oficial del
Estado", y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación
del concursado, incluyendo su NIF, el juzgado competente, el número de autos, el
plazo establecido para la comunicación de los créditos, el régimen de suspensión
o intervención de facultades del concursado y la dirección electrónica del
Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan
causa del concurso.
2. En el mismo auto de declaración del
concurso o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia de
interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere
imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso.
3. El traslado de los oficios con los edictos
se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los medios de
publicidad correspondientes.
Excepcionalmente, y si lo previsto en el
párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán entregados
al procurador del solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato
a los medios de publicidad correspondientes.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que
actuase representada y defendida por sus servicios jurídicos, el traslado
del oficio se realizará directamente por el Secretario judicial a los medios
de publicidad.
4. Las demás resoluciones que, conforme a
esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro
Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.
5. El auto de declaración del concurso así
como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones de
esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público
Concursal con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
[Este artículo está redactado
conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009).
Para
ver la anterior redacción, haga click
aquí.]
[Se ha modificado el párrafo tercero del apartado 3 de
este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 24 Publicidad registral
1. Si el deudor fuera persona natural, se
inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en el Registro Civil la
declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus
facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los
administradores concursales.
2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en
el Registro Mercantil, se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos,
en éste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior,
practicándose previamente la inscripción del sujeto cuando ésta no constase.
3. Si se tratase de personas jurídicas no
inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro registro público, el
juez mandará inscribir, preferentemente por medios telemáticos, en éste las
mismas circunstancias.
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos
inscritos en registros públicos, se anotarán preventivamente en el folio
correspondiente a cada uno de ellos la intervención o, en su caso, la suspensión
de sus facultades de administración y disposición, con expresión de su fecha,
así como el nombramiento de los administradores concursales. Practicada la
anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos
más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los
acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del
artículo 55 de esta Ley.
5. El traslado de los oficios con los edictos
se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los registros
correspondientes.
Excepcionalmente y si lo previsto en el
párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán entregados
al procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para
la práctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo. En
tanto no sea firme, el auto de declaración de concurso será objeto de anotación
preventiva en los correspondientes registros.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que
actuase representada y defendida por sus servicios jurídicos, el traslado
del oficio se realizará directamente por el Secretario judicial a los
correspondientes registros.
[Este artículo está
redactado conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2009, de
27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de
31-3-2009)].
Para ver la anterior redacción, haga click aquí.]
[El párrafo tercero del apartado 5 de este artículo
ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 25.
Acumulación de concursos
1. En los casos de concurso
de deudor persona jurídica o de sociedad dominante de un grupo, la
administración concursal, mediante escrito razonado, podrá solicitar del
juez la acumulación al procedimiento de los concursos ya declarados de los
socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de
la persona jurídica o de las sociedades dominadas pertenecientes al mismo
grupo.
2. También podrán
acumularse, a solicitud de la administración concursal de cualquiera de
ellos, los concursos de quienes sean miembros o integrantes de una entidad
sin personalidad jurídica y respondan personalmente de las deudas contraídas
en el tráfico en nombre de ésta.
3. Declarados los concursos
de ambos cónyuges, la administración concursal de cualquiera de ellos podrá
solicitar del juez, mediante escrito razonado, la acumulación al
procedimiento del concurso del otro cónyuge.
4. La acumulación prevista
en este artículo procederá aunque los concursos hayan sido declarados por
diferentes juzgados, sin perjuicio del condicionamiento recíproco de los
convenios, conforme a lo previsto en el artículo 101.
TÍTULO II
De la administración concursal
Artículo 26.
Formación de la sección segunda.
Declarado el concurso
conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez ordenará la
formación de la sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la
administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los
administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su
ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de
los administradores concursales.
CAPÍTULO I
Del nombramiento de los administradores concursales
Artículo 27.
Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores
concursales.
1. La administración
concursal estará integrada por los siguientes miembros:
1º Un abogado con
experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo.
2º Un auditor de cuentas,
economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional
de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo.
3º Un acreedor que sea
titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté
garantizado. El juez procederá al nombramiento tan pronto como le conste la
existencia de acreedores en quienes concurran esas condiciones.
Cuando el acreedor
designado administrador concursal sea una persona jurídica, designará,
conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 de este artículo, un
profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo
2º anterior, el cual estará
sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones que los demás miembros de la administración concursal.
En caso de que el acreedor
designado administrador concursal sea una persona natural en quien no
concurra la condición de auditor de cuentas, economista o titulado mercantil
colegiado, podrá participar en la administración concursal o designar un
profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2º anterior,
siguiendo para ello el procedimiento previsto en el apartado 3 de este
artículo, quedando sometido el profesional así designado al mismo régimen de
incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y remuneración que los
demás miembrosde la administración concursal.
2. Por excepción a lo
dispuesto en el apartado 1:
1º En caso de concurso de
una entidad emisora de valores o instrumentos derivados que se negocien en
un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de regir la
negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o de
una empresa de servicios de inversión, en lugar del economista, auditor o
titulado mercantil, será nombrado administrador concursal personal técnico
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona propuesta por
ésta de similar cualificación, a cuyo efecto la Comisión Nacional del
Mercado de Valores comunicará al juez la identidad de aquélla. El abogado y
el miembro de la administración concursal representante del acreedor serán
nombrados por el juez a propuesta del fondo de garantía al que esté adherida
la entidad o quien haya asumido la cobertura propia del sistema de
indemnización de inversores.
2º En caso de concurso de
una entidad de crédito o de una entidad aseguradora será nombrado en lugar
del acreedor el fondo de garantía de depósitos que corresponda o el
Consorcio de Compensación de Seguros, respectivamente, quienes deberán
comunicar al juez de inmediato la identidad de la persona natural que haya
de representarlos en el ejercicio del cargo. Por lo que se refiere a la
designación del administrador abogado y al auditor, economista o titulado
mercantil, el juez los nombrará de entre los propuestos respectivamente por
el Fondo de Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros.
3º Cuando se aplique el
procedimiento abreviado previsto en los artículos 190 y
191, la administración concursal podrá estar integrada
por un único miembro, que deberá ser abogado, auditor de cuentas, economista
o titulado mercantil que reúna los requisitos previstos en el apartado 1.
3. El nombramiento de los
profesionales que hayan de integrar la administración concursal conforme a
lo previsto en el apartado 1 se realizará por el juez del concurso entre
quienes, reuniendo las condiciones legales, hayan manifestado su
disponibilidad para el desempeño de tal función al Registro oficial de
auditores de cuentas o al correspondiente colegio profesional, en el caso de
los profesionales cuya colegiación resulte obligatoria. A tal efecto, el
referido registro y los colegios presentarán en el decanato de los juzgados
competentes, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde
el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas
disponibles.
Los profesionales cuya
colegiación no resulte obligatoria se inscribirán en las listas que a tal
efecto se elaborarán en el decanato de los juzgados competentes. La
incorporación de los profesionales a las respectivas listas será gratuita.
Los profesionales implicados acreditarán en todo caso su compromiso de
formación en la materia concursal.
4. Cuando el acreedor designado administrador concursal sea
una Administración pública o una entidad de derecho público vinculada o
dependiente de ella, la designación del profesional podrá recaer en
cualquier funcionario con titulación de licenciado en áreas económicas o
jurídicas. La intervención de estos funcionarios no dará lugar a retribución
alguna con cargo a la masa del concurso, y su régimen de responsabilidad
será el específico de la legislación administrativa.
[El párrafo 4.º está redactado conforme al artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78,de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 28.
Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.
1. No podrán ser nombrados
administradores concursales quienes no puedan ser administradores de
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, ni quienes hayan prestado
cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas
especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos
aquellos que durante ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de
actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza.
Tampoco podrán ser
nombrados administradores concursales los que, reuniendo las condiciones
subjetivas previstas en el apartado 1 del artículo 27, se
encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna e las
situaciones a que se refiere el artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con el
propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que
represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso.
2. En el caso de que
existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no
podrán ser nombrados administradores concursales los abogados, auditores,
economistas o titulados mercantiles que hubieran sido designados para dicho
cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años
anteriores. A estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de
sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se computarán como uno
solo.
Tampoco podrán ser
nombrados administradores concursales quienes hubieran sido separados de
este cargo dentro de los dos años anteriores, ni quienes se encuentren
inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia
firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior.
3. El nombramiento del
administrador concursal acreedor no podrá recaer en persona especialmente
relacionada con el deudor, ni en acreedor que sea competidor del deudor o
que forme parte de un grupo de empresas en el que figure entidad
competidora.
4. No podrán ser nombrados
administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí
vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación
personal se aplicarán las reglas establecidas en el
artículo 93.
Se entenderá que están
vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o
de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de
dependencia.
5. Se aplicarán a los
representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos
de garantía de depósitos, del Consorcio de Compensación de Seguros y de
cualesquiera Administraciones públicas acreedoras, las normas contenidas en
este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo o
función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 4 de
este artículo y de las establecidas en el
apartado 2.2º del artículo 93.
6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como
experto independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere la letra b)
del apartado 2 de la disposición adicional cuartal de esta Ley en relación con
un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su
declaración de concurso.
[El párrafo 6.º ha sido añadido
conforme al artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78 31-3-2009).].
Artículo 29.
Aceptación.
1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al
designado por el medio más rápido. Dentro de los cinco días siguientes al de
recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el Juzgado
para manifestar si acepta o no el encargo. De concurrir en él alguna causa
de recusación, estará obligado a manifestarla. Aceptado el cargo, el
Secretario judicial expedirá y entregará al designado documento acreditativo
de su condición de administrador concursal.
Dicho documento
acreditativo deberá ser devuelto al juzgado en el momento en el que se
produzca el cese por cualquier causa del administrador concursal.
2. Si el designado no
compareciese o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a un
nuevo nombramiento. A quien sin justa causa no compareciese o no aceptase el
cargo, no se le podrá designar administrador en los procedimientos
concursales que puedan seguirse en el partido judicial durante un plazo de
tres años.
3. Aceptado el cargo, el
designado sólo podrá renunciar por causa grave.
4. No será necesaria la
aceptación cuando, en aplicación del artículo 27, el
nombramiento recaiga en personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, en un fondo de garantía de depósitos o en el Consorcio de
Compensación de Seguros.
[El párrafo primero del apartado 1 de este artículo
ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 30.
Representación de las personas jurídicas administradores.
1. Cuando el nombramiento
de administrador concursa recaiga en una persona jurídica, ésta, al
aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que
haya de representarla en el ejercicio de su cargo.
2. Las personas jurídicas
designadas se someterán al mismo régimen de incompatibilidades y
prohibiciones previsto en el artículo 28. De igual modo, cuando haya sido
designado un administrador persona natural, habrá de comunicar al juzgado si
se encuentra integrado en alguna persona jurídica de carácter profesional al
objeto de extender el mismo régimen de incompatibilidades a los restantes
socios o colaboradores.
3. Será de aplicación al
representante de la persona jurídica designada el régimen de
incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad y separación
establecido para los administradores concursales. No podrá er nombrado
representante la persona que hubiera actuado en el mismo juzgado como
administrador concursal o representante de éste en tres concursos dentro de
los dos años anteriores, con las excepciones indicadas en el
artículo 28.
4. Cuando la persona
jurídica haya sido nombrada por su cualificación profesional, ésta deberá
concurrir en la persona natural que designe como representante.
Artículo 31.
Especialidades de la aceptación.
Al aceptar el cargo de
administrador concursal, el abogado, el auditor, el economista o el titulado
mercantil designados deberán señalar un despacho u oficina para el ejercicio
de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del
juzgado.
Artículo 32.
Auxiliares delegados.
1. Cuando la complejidad
del concurso así lo exija, la administración concursal podrá solicitar la
autorización del juez para delegar determinadas funciones, incluidas las
relativas a la continuación de la actividad del deudor, en los auxiliares
que aquélla proponga, con indicación de criterios para el establecimiento de
su retribución.
2. Si el juez concediere la
autorización, nombrará a los auxiliares, especificará sus funciones
delegadas y determinará su retribución, la cual correrá a cargo de los
administradores concursales y, salvo que expresamente acuerde otra cosa, en
proporción a la correspondiente a cada uno de ellos. Contra la decisión del
juez no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda reproducir la
solicitu uando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar
a su denegación.
3. Será de aplicación a los
auxiliares delegados el régimen de incapacidades, incompatibilidades,
prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los
administradores concursales y sus representantes.
4. El nombramiento de los
auxiliares delegados se realizará sin perjuicio de la colaboración con los
administradores concursales del personal a su servicio o de los dependientes
del deudor.
Artículo 33.
Recusación.
1. Los administradores
concursales podrán ser recusados por cualquiera de las personas legitimadas
para solicitar la declaración de concurso.
2. Son causas de recusación
las circunstancias constitutivas de incapacidad, incompatibilidad o
prohibición a que se refiere el artículo 28, así como las
establecidas en la legislación procesal civil para la recusación de peritos.
3. La recusación habrá de
promoverse tan pronto como el recusante tenga conocimiento de la causa en
que se funde.
4. La recusación no tendrá
efectos suspensivos y se sustanciará por los cauces del incidente concursal.
El recusado seguirá
actuando como administrador concursal, sin que la resolución que recaiga
afecte a la validez de las actuaciones.
CAPÍTULO II
Estatuto jurídico de los administradores concursales
Artículo 34.
Retribución.
1. Los administradores
concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando
se trate del personal de las entidades a que se refieren los
párrafos 1ºy 2º del apartado 2 del artículo 27.
2. La retribución de la administración
concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente
y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o
abreviado del procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible
complejidad del concurso.
El arancel se ajustará necesariamente a las
siguientes reglas:
a) Exclusividad. Los administradores
concursales solo podrán percibir por su intervención en el concurso las
cantidades que resulten de la aplicación del arancel.
b) Identidad. La participación en la
retribución será idéntica para los administradores concursales que tengan la
condición de profesionales y de doble cuantía que la del administrador concursal
acreedor cuando se trate de persona natural y no designe profesional que actúe
en su representación conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 1
del artículo 27.
c) Limitación. La administración concursal no
podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije
reglamentariamente para el conjunto del concurso.
d) Efectividad. En aquellos concursos en que
la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo
establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que
se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales.
Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban
los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje
que se determine reglamentariamente.
3. El juez, previo informe
de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al
arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser
satisfecha.
4. En cualquier estado del
procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier
acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa
y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
5. El auto por el que se
fije o modifique la retribución de los administradores concursales será
apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para
solicitar la declaración de concurso.
[El párrafo 2.º está redactado
conforme al artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 35.
Ejercicio del cargo.
1. Los administradores
concursales y los auxiliares delegados desempeñarán su cargo con la
diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal.
2. Cuando la administración
concursal esté integrada por tres miembros, las funciones de este órgano
concursal se ejercerán de forma colegiada. Las decisiones se adoptarán por
mayoría y, de no alcanzarse ésta, resolverá el juez.
El juez, de oficio o a
instancia de la administración concursal, podrá atribuir competencias
específicas a alguno de sus miembros.
3. Si por cualquier
circunstancia sólo estuvieran en el ejercicio del cargo dos de los tres
miembros de la administración concursal, y mientras se mantenga esta
situación, la actuación de los administradores concursales habrá de ser
mancomunada, salvo para el ejercicio de aquellas competencias que el juez
les atribuya individualizadamente.
En caso de disconformidad,
resolverá el juez.
4. Las decisiones
individuales, mancomunadas o colegiadas de la administración concursal que
no sean de trámite o gestión ordinaria se consignarán en actas, que se
extenderán o transcribirán en un libro legalizado por el secretario del
juzgado.
5. Las resoluciones
judiciales que se dicten para resolver las cuestiones a que se refiere este
artículo revestirán la forma de auto, contra el que no cabrá recurso alguno.
Tampoco podrá plantearse incidente concursal sobre la materia resuelta.
6. La administración
concursal estará sometida a la supervisión del juez del concurso. En
cualquier momento, el juez podrá requerir a todos o alguno de sus miembros
una información específica o una memoria sobre el estado de la fase del
concurso.
Artículo 36.
Responsabilidad.
1. Los administradores
concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente
a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos
y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia.
2. Será solidaria la
responsabilidad derivada del ejercicio mancomunado o colegiado de
competencias, quedando exonerado en este último caso el administrador
concursal que pruebe que, no habiendo intervenido en la adopción del acuerdo
lesivo, desconocía su existencia o, conociéndola, hizo todo lo conveniente
para evitar el daño o, al menos, se opuso expresamente a aquél.
3. Los administradores
concursales responderán solidariamente con los auxiliares delegados de los
actos y omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber empleado toda la
diligencia debida para prevenir o evitar el daño.
4. La acción de
responsabilidad se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que
corresponda, ante el juez que conozca o haya conocido del concurso.
5. La acción de
responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor
tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso,
desde que los administradores concursales o los auxiliares delegados
hubieran cesado en su cargo.
6. Si la sentencia
contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera
ejercitado la acción en interés de la masa tendrá derecho a que, con cargo a
la cantidad percibida, se le reembolsen los gastos necesarios que hubiera
soportado.
7. Quedan a salvo las
acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los
acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores
concursales y auxiliares delegados que lesionen directamente los intereses
de aquéllos.
Artículo 37.
Separación.
1. Cuando concurra justa
causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas
legitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los
demás miembros de la administración concursal, podrá separar del cargo a los
administradores concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares
delegados.
2. Si el cesado fuera
representante de una persona jurídica administrador, el juez requerirá la
comunicación de la identidad de la persona natural que haya de representarla
en el ejercicio de su cargo, a no ser que determine que el cese debe afectar
a lamisma persona jurídica que ostenta el cargo de administrador concursal,
en cuyo caso procederá a un nuevo nombramiento.
3. La resolución judicial
de cese revestirá forma de auto, en el que se consignarán los motivos en los
que el juez funde su decisión.
4. Del contenido del auto a
que se refiere el apartado anterior el Secretario judicial dará conocimiento al registro público
previsto en el artículo 198.
[El apartado 4 de este artículo
ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 38.
Nuevo nombramiento.
1. En todos los casos de
cese de un administrador concursal, el juez procederá de inmediato a
efectuar un nuevo nombramiento.
2. Si el cesado fuera el
representante de una persona jurídica administradora, el juez requerirá la
comunicación de la identidad de la nueva persona natural que haya de
representarla en el ejercicio de su cargo.
3. Al cese y nuevo
nombramiento se dará la misma publicidad que hubiera tenido el nombramiento
del administrador concursal sustituido.
4. En caso de cesar
cualquiera de los administradores concursales antes de la conclusión del
concurso, el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación en las
competencias que le hubieran sido atribuidas individualmente, en su caso.
Cuando el cese afecte a todos los miembros de la administración concursal,
el juez ordenará a ésta que rinda cuentas de su entera actuación colegiada
hasta ese momento, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a
cada uno de los administradores conforme a las reglas del
artículo 36. Estas rendiciones de cuentas se presentarán
por los citados administradores dentro del plazo de un mes, contado desde
que les sea notificada la orden judicial, y serán objeto de los mismos
trámites, resoluciones y efectos previstos en el artículo
181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del concurso.
Artículo 39.
Firmeza de las resoluciones.
Contra las resoluciones
sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores concursales y
auxiliares delegados no se dará recurso alguno.
TÍTULO III
De los efectos de la declaración de concurso
CAPÍTULO I
De los efectos sobre el deudor
Artículo 40.
Facultades patrimoniales del deudor.
1. En caso de concurso
voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y
disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a
la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización
o conformidad.
2. En caso de concurso
necesario, se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de
administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los
administradores concursales.
3. No obstante lo dispuesto
en los apartados anteriores, el juez podrá acordar la suspensión en caso de
concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso
necesario. En ambos casos, deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos
que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener.
4. A solicitud de la
administración concursal y oído el concursado, el juez, mediante auto, podrá
acordar en cualquier momento el cambio de las situaciones de intervención o
de suspensión de las facultades del deudor sobre su patrimonio.
El cambio de las situaciones de intervención o de suspensión
y la consiguiente modificación de las facultades de la administración concursal
se someterá al régimen de publicidad de los artículos 23 y 24.
5. En caso de concurso de
la herencia, corresponderá a la administración concursal el ejercicio de las
facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal
relicto, sin que pueda cambiarse esta situación.
6. La intervención y la
suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición
sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el
concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o
comunidad conyugal.
El deudor conservará la
facultad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la
herencia.
7. Los actos del deudor que
infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser
anulados a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los
hubiese convalidado o confirmado. Cualquier acreedor y quien haya sido parte
en la relación contractual afectada por la infracción podrá requerir de la
administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la
correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto. La
acción de anulación se tramitará, en su caso, por los cauces del incidente
concursal y caducará, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un
mes desde la fecha de éste.
En otro caso, caducará con
el cumplimiento del convenio por el deudor o, en el supuesto de liquidación,
con la finalización de ésta.
Los referidos actos no
podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o
convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su
desestimación firme.
[El párrafo 2.º del apartado 4 está redactado
conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2009, de
27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de
31-3-2009)].
Para ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 41.
Efectos sobre las comunicaciones, residencia y libre circulación del
deudor.
Los efectos de la
declaración de concurso sobre los derechos y libertades fundamentales del
deudor en materia de correspondencia, residencia y libre circulación serán
los establecidos en la Ley Orgánica para la Reforma Concursal.
Artículo 42.
Colaboración e información del deudor.
1. El deudor tiene el deber
de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la
administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e
informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso.
Cuando el deudor sea persona jurídica, estos deberes incumbirán a sus
administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos cargos
dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso.
2. Los deberes a que se
refiere el apartado anterior alcanzarán también a los apoderados del deudor
y a quienes lo hayan sido dentro del período señalado.
Artículo 43.
Conservación y administración de la masa activa.
1. En el ejercicio de las
facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá
a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso.
A tal fin, los administradores concursales podrán solicitar del juzgado el
auxilio que estimen necesario.
2. Hasta la aprobación
judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar
o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización
del juez.
3. Se exceptúan de lo
dispuesto en el apartado anterior los actos de disposición inherentes a la
continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en los
términos establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 44.
Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial.
1. La declaración de
concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o
empresarial que viniera ejerciendo el deudor.
2. En caso de intervención,
y con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional o
empresarial del deudor, la administración concursal podrá determinar los
actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad
que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter
general.
No obstante lo establecido
en el apartado anterior, y sin perjuicio de las medidas cautelares que
hubiera adoptado el juez al declarar el concurso, hasta la aceptación de los
administradores concursales el deudor podrá realizar los actos propios de su
giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su
actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado.
3. En caso de suspensión de
las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a
la administración concursal adoptar las medidas necesarias para la
continuación de la actividad profesional o empresarial.
4. Como excepción a lo
dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la
administración concursal y previa audiencia del deudor y de los
representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante
auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos
o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera
una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de
ésta.
Cuando estas medidas
supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos
de trabajo, el juez actuará conforme a lo establecido en el
párrafo 2º del artículo 8 y en el artículo
64.
Artículo 45.
Libros y documentos del deudor.
1. El deudor pondrá a
disposición de la administración concursal los libros de llevanza
obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos a
los aspectos patrimoniales de su actividad profesional o empresarial.
2. A solicitud de la
administración concursal, el juez acordará las medidas que estime necesarias
para la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 46.
Cuentas
anuales del deudor.
1. Declarado el concurso,
subsistirá la obligación de formular y la de auditar las cuentas anuales. No
obstante, se exime a la sociedad concursada de realizar la auditoría de las
primeras cuentas anuales que se preparen mientras esté en funciones la
administración concursal, excepto que esta sociedad tenga sus valores
admitidos a negociación en mercados secundarios de valores o esté sometida a
supervisión pública por el Banco de España, la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. La formulación de las
cuentas anuales durante la tramitación del concurso corresponderá al deudor
bajo la supervisión de los administradores concursales, en caso de
intervención, y a estos últimos en caso de suspensión.
Artículo 47.
Derecho a alimentos.
1. Durante la tramitación
del concurso, el deudor persona natural tendrá derecho a alimentos con cargo
a la masa activa, salvo lo dispuesto para el caso de liquidación.
Su cuantía y periodicidad
serán, en caso de intervención, las que acuerde la administración concursal
y, en caso de suspensión, las que autorice el juez, oídos el concursado y la
administración concursal. En este último caso, el juez, con audiencia del
concursado o de la administración concursal y previa solicitud de cualquiera
de ellas, podrá modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos.
2. La obligación de prestar
alimentos impuesta al concursado por resolución judicial dictada en alguno
de los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a que se
refiere el título I del libro IV de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se satisfará con cargo a la masa activa.
3. En el supuesto previsto
en el apartado anterior, las personas respecto de las cuales el concursado
tuviese deber legal de alimentos sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa
si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a
prestárselos, previa autorización del juez del concurso, que resolverá por
auto sobre su procedencia y cuantía.
Artículo 48.
Efectos sobre el deudor persona jurídica.
1. Durante la tramitación
del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin
perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la
intervención o la suspensión de sus facultades de administración y
disposición y salvo el supuesto en que, a consecuencia de la apertura de la
fase de liquidación, se declare el cese de los administradores o
liquidadores. Los administradores concursales tendrán derecho de asistencia
y de voz en las sesiones de los órganos colegiados.
2. Sin perjuicio del
ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido
en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus
administradores, auditores o liquidadores, estarán también legitimados para
ejercitar esas acciones los administradores concursales sin necesidad de
previo acuerdo de la junta o asamblea de socios.
Corresponderá al juez del concurso la competencia para
conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior.
La formación de la sección
de calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se
hubieran ejercitado.
3. Desde la declaración de
concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud
razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes
y derechos de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, y de
quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a
la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la
posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa
activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas. El embargo se
acordará por la cuantía que el juez estime bastante y podrá ser sustituida,
a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito.
4. Corresponderá
exclusivamente a la administración concursal la reclamación, en el momento y
cuantía que estime conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales
que hubiesen sido diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en la
escritura o en los estatutos, y de las prestaciones accesorias pendientes de
cumplimiento.
5. De igual manera, durante
la tramitación del concurso de la sociedad, la acción contra el socio o los
socios subsidiariamente responsables de las deudas de ésta anteriores a la
declaración de concurso corresponderá a la administración concursal y,
subsidiariamente, en el supuesto previsto en el
apartado 4 del artículo 54, a los acreedores, no pudiendo
ejercitarla hasta la aprobación del convenio o la liquidación del patrimonio
social. El juez, de oficio o a instancia de la administración concursal,
podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de los referidos socios en la
cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la
posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las
deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la sustitución del
embargo por aval de entidad de crédito.
CAPÍTULO II
De los efectos sobre los acreedores
SECCIÓN 1ª DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ACREEDORES EN LA MASA PASIVA
Artículo 49.
Integración de la masa pasiva.
Declarado el concurso,
todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su
nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva
del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes.
SECCIÓN 2ª DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS ACCIONES INDIVIDUALES
Artículo 50.
Nuevos juicios declarativos.
1. Los jueces del orden
civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba
conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante
el juez del concurso. De admitirse a trámite las demandas, se ordenará el
archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se
hayan practicado.
2. Los jueces o tribunales
de los órdenes contencioso- administrativo, social o penal ante los que se
ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, acciones que
pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor emplazarán a la
administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la masa, si
se personase.
Artículo 51.
Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes.
1. Los juicios declarativos
en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de
la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza de la sentencia.
No obstante, se acumularán aquellos que, siendo competencia del juez del
concurso según lo previsto en el artículo 8, se estén
tramitando en primera instancia y respecto de los que el juez del concurso
estime que su resolución tiene trascendencia sustancial para la formación
del inventario o de la lista de acreedores.
La acumulación podrá
solicitarse por la administración concursal, antes de emitir su informe, o
por cualquier parte personada, antes de la finalización del plazo de
impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
2. En caso de suspensión de las facultades de
administración y disposición del deudor, la administración concursal, en el
ámbito de sus competencias, sustituirá a éste en los procedimientos
judiciales en trámite, a cuyo efecto el Secretario judicial le concederá,
una vez personada, un plazo de cinco días para que se instruya en las
actuaciones, pero necesitará la autorización del Juez del concurso para
desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios. De la
solicitud presentada por la administración concursal dará el Secretario
judicial traslado al deudor en todo caso y a aquellas partes personadas en
el concurso que el Juez estime deban ser oídas respecto de su objeto. Las
costas impuestas a consecuencia del allanamiento o del desistimiento
autorizados tendrán la consideración de crédito concursal; en caso de
transacción, se estará a lo pactado en materia de costas.
No obstante, la sustitución
no impedirá que el deudor mantenga su representación y defensa separada por
medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice, de forma
suficiente ante el juez del concurso, que los gastos de su actuación
procesal y, en su caso, la efectividad de la condena en costas no recaerán
sobre la masa del concurso, sin que en ningún caso pueda realizar las
actuaciones procesales que, conforme al párrafo anterior, corresponden a la
administración concursal con autorización del juez.
3. En caso de intervención,
el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la
autorización de la administración concursal, para desistir, allanarse, total
o parcialmente, y transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda
afectar a su patrimonio. En cuanto a las costas, se estará a lo dispuesto en
el párrafo primero del apartado anterior.
[El párrafo primero del apartado 2 de este artículo
ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 52.
Procedimientos arbitrales.
1. Los convenios arbitrales
en que sea parte el deudor quedarán sin valor ni efecto durante la
tramitación del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales.
2. Los procedimientos
arbitrales en tramitación al momento de la declaración de concurso se
continuarán hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas
contenidas en los apartados 2 y 3 del
artículo anterior.
Artículo 53.
Sentencias y laudos firmes.
1. Las sentencias y los
laudos firmes dictados antes o después de la declaración de concurso
vinculan al juez de éste, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el
tratamiento concursal que corresponda.
2. Lo dispuesto en este
artículo se entiende sin perjuicio de la acción que asiste a la
administración concursal para impugnar los convenios y procedimientos
arbitrales en caso de fraude.
Artículo 54.
Ejercicio de acciones del concursado.
1. En caso de suspensión de
las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a
la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las
acciones de índole no personal. Para el ejercicio de las demás acciones
comparecerá en juicio el propio deudor, quien precisará la conformidad de
los administradores concursales para interponer demandas o recursos,
allanarse, transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a
su patrimonio.
2. En caso de intervención,
el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la
conformidad de la administración concursal para interponer demandas o
recursos que puedan afectar a su patrimonio. Si la administración concursal
estimara conveniente a los intereses del concurso la interposición de una
demanda y el deudor se negara a formularla, el juez del concurso podrá
autorizar a aquélla para interponerla.
3. El deudor podrá
personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la
administración concursal haya promovido. Las costas que se impusieran al
deudor que hubiera actuado de forma separada no tendrán la consideración de
deudas de la masa.
4. Los acreedores que hayan
instado por escrito a la administración concursal el ejercicio de una acción
del concursado de carácter patrimonial, señalando las pretensiones concretas
en que consista y su fundamentación jurídica, estarán legitimados para
ejercitarla si ni el concursado, en su caso, ni la administración concursal
lo hiciesen dentro de los dos meses siguientes al requerimiento.
En ejercicio de esta acción
subsidiaria, los acreedores litigarán a su costa en interés de la masa. En
caso de que la demanda fuese total o parcialmente estimada, endrán derecho a
reembolsarse con cargo a la masa activa de los gastos y costas en que
hubieran incurrido, hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la
sentencia, una vez que ésta sea firme. Las acciones ejercitadas conforme al
párrafo anterior se notificarán a la administración concursal.
Artículo 55.
Ejecuciones y apremios.
1. Declarado el concurso,
no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del
deudor. Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de
ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las
ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del
concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se
hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración
de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a
los respectivos créditos.
3. Las actuaciones que se
practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2
anteriores serán nulas de pleno derecho.
4. Se exceptúa de las
normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta ley
para los acreedores con garantía real.
Artículo 56.
Paralización de ejecuciones de garantías reales.
1. Los acreedores con
garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional
o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán iniciar
la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un
convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra
un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la
apertura de la liquidación.
Tampoco podrán ejercitarse
durante ese tiempo, cuando se refieran a los bienes indicados en el párrafo
anterior, las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos en virtud
de contratos inscritos en el Registro de bienes muebles o los cedidos en
arrendamientos financieros formalizados en documento que lleve aparejada
ejecución o haya sido inscrito en el referido registro, ni las resolutorias
de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven
de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.
2. Las actuaciones ya
iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior
se suspenderán desde que la declaración del concurso conste en el
correspondiente procedimiento y podrán reanudarse en los términos previstos
en ese apartado. Se exceptúa el caso en que al tiempo de la declaración de
concurso ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho
afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
3. Durante la paralización
de as acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el
estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá
ejercitar la opción prevista en el
apartado 2 del artículo 155.
4. La declaración de
concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado
tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta.
Artículo 57.
Inicio o reanudación de ejecuciones de garantías reales.
1. El ejercicio de acciones
que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el
artículo anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la
jurisdicción del juez de éste, quien a instancia de parte decidirá sobre su
procedencia y, en su caso, acordará su tramitación en pieza separada,
acomodando las actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o
extrajudicial que corresponda.
2. Iniciadas o reanudadas
las actuaciones, no podrán ser suspendidas por razón de vicisitudes propias
del concurso.
3. Abierta la fase de
liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no
hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en
procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas
como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose
al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada.
SECCIÓN 3ª DE LOS EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS EN PARTICULAR
Artículo 58.
Prohibición de compensación.
Sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no
procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero
producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con
anterioridad a la declaración.
En caso de controversia en
cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del
incidente concursal.
Artículo 59.
Suspensión del devengo de intereses.
1. Desde la declaración de
concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o
convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real,
que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía. Los créditos
salariales que resulten reconocidos devengarán intereses conforme al interés
legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos.
Los créditos derivados de
los intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo
previsto en el artículo 92.3º de esta ley.
2. No obstante, cuando en
el concurso se llegue a una solución de convenio que no implique quita,
podrá pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo
devengo hubiese resultado suspendido, calculados al tipo legal o al
convencional si fuera menor. En caso de liquidación, si resultara remanente
después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán
los referidos intereses calculados al tipo convencional.
Artículo 60.
Interrupción de la prescripción.
1. Desde la declaración
hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las
acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración.
2. Desde la declaración
hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las
acciones contra socios y contra administradores, liquidadores y auditores de
la persona jurídica deudora.
3. En el supuesto previsto
en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la prescripción se
iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del
concurso.
CAPÍTULO III
De los efectos sobre los contratos
Artículo 61.
Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas.
1. En los contratos
celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso
una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra
tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su
cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según
proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.
2. La declaración de
concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del
concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el
concursado se realizarán con cargo a la masa.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de
intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran
conveniente al interés del concurso. El Secretario judicial citará a
comparecencia ante el Juez al concursado, a la administración concursal y a
la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución
y sus efectos, el Juez dictará auto declarando resuelto el contrato de
conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán
por los trámites del incidente concursal y el Juez decidirá acerca de la
resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la
indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa.
En otro caso, las
diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el
juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las
restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con
cargo a la masa.
3. Se tendrán por no
puestas las cláusulas que estable can la facultad de resolución o la
extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de
cualquiera de las partes.
[El párrafo segundo del apartado 2 de este artículo
ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 62.
Resolución por incumplimiento.
1. La declaración de
concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se
refiere el apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento posterior
de cualquiera de las partes. Si se tratara de contratos de tracto sucesivo,
la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento
hubiera sido anterior a la declaración de concurso.
2. La acción resolutoria se
ejercitará ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del
incidente concursal.
3. Aunque exista causa de
resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el
cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones
debidas o que deba realizar el concursado.
4. Acordada la resolución
del contrato, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de
vencimiento.
En cuanto a las vencidas,
se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que
hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del
concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior,
el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo
caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que
proceda.
Artículo 63.
Supuestos especiales.
1. Lo establecido en los
artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia
unilateral del contrato que proceda conforme a la ley.
2. Tampoco afectará a la
aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la
extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de
liquidación administrativa de alguna de las partes.
Artículo 64.
Contratos de trabajo.
1. Los expedientes de modificación sustancial
de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las
relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez
del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo.
2. La administración
concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de
sus representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o
suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el
concursado.
3. La adopción de las medidas previstas en el apartado
anterior sólo podrá solicitarse del juez del concurso una vez emitido por la
administración concursal el informe a que se refiere el
capítulo I
del título IV
de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la
aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer
gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave
perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta
circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento
procesal desde la declaración de concurso.»
4. La solicitud deberá
exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas
colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas
para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo,
acompañando los documentos necesarios para su acreditación.
5. Recibida la solicitud,
el juez convocará a los representantes de los trabajadores y a la
administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será
superior a treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el
supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores.
Si la medida afecta a
empresas de más de 50 trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un
plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la
viabilidad futura de la empresa y del empleo.
En los casos en que la
solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración
concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores
del inicio del período de consultas deberá incluir copia de la solicitud
prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos que en su
caso se acompañen.
6. Durante el período de
consultas, los representantes de los trabajadores y la administración
concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El
acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o
comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de las
representaciones sindicales, si las hubiere, siempre que representen a la
mayoría de aquéllos.
Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se
consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los
trabajadores comunicarán al Juez del concurso el resultado del período de
consultas.
Recibida dicha comunicación, el Secretario judicial recabará un informe
de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado,
que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la
administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de
su emisión. Recibido el informe por el Juez del concurso o transcurrido el
plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es
emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el Juez
del concurso al adoptar la correspondiente resolución.
7. Cumplidos los trámites
ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo
de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de
existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie
la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso,
así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que
proceda conforme a la legislación laboral.
El auto, en caso de
acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo,
producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la
Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a
efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.
8. Contra el auto a que se
refiere el apartado anterior cabrá la interposición de recurso de
suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de
Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos
jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos
suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes
concursales. Las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el
auto, en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica
individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal. La
sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.
9. En el supuesto de
acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas
en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión
de contrato con indemnización que, para tal supuesto reconoce dicha norma
legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y con el
límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que
autorizó dicha modificación.
La suspensión prevista en
el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un
traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo
centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de
trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo que se acredite
que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el
veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria de trabajo.
Tanto en este caso como en
los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada
de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo no podrá
prolongarse por un período superior a doce meses, a contar desde la fecha en
que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.
10. Las acciones
individuales interpuestas al amparo de lo previsto en el artículo 50.1.b)
del Estatuto de los Trabajadores tendrán la consideración de extinciones de
carácter colectivo a los efectos de su tramitación ante el juez del concurso
por el procedimiento previsto en el presente artículo, cuando la extinción
afecte a un número de trabajadores que supere, desde la declaración del
concurso, los límites siguientes:
Para las empresas que
cuenten con una plantilla de hasta 100 trabajadores, diez trabajadores. Se
entenderá en todo caso que son colectivas las acciones ejercidas por la
totalidad de la plantilla de la empresa.
Para las empresas que
cuenten con una plantilla de 100 a 300, el diez por ciento de los
trabajadores.
Para las empresas que
cuenten con una plantilla de más de 300, el veinticinco por ciento de los
trabajadores.
11. En todo lo no previsto
en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente,
mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les
atribuye la misma.
[El apartado 1.º y 3.º están
redactados conforme al artículo 12 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
[Los párrafos
segundo y tercero del apartado 6 de este artículo
han
sido modificados
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 65.
Contratos del personal de alta dirección.
1. Durante la tramitación
del concurso, la administración concursal, por propia iniciativa o a
instancia del deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de éste con
el personal de alta dirección.
2. En caso de suspensión
del contrato, éste podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con
preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización en los
términos del apartado siguiente.
3. En caso de extinción del
contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que
corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que
se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización
establecida en la legislación laboral para el despido colectivo.
4. La administración
concursal podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace
hasta que sea firme la sentencia de calificación.
Artículo 66.
Convenios colectivos.
La modificación de las
condiciones establecidas en los convenios regulados en el título III del
Estatuto de los Trabajadores sólo podrá afectar a aquellas materias en las
que sea admisible con arreglo a la legislación laboral, y, en todo caso,
requerirá el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores.
Artículo 67.
Contratos con Administraciones públicas.
1. Los efectos de la
declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo
celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán por lo
establecido en su legislación especial.
2. Los efectos de la
declaración de concurso sobre los contratos de carácter privado celebrados
por el deudor con Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus
efectos y extinción, por lo establecido en esta Ley.
Artículo 68.
Rehabilitación de créditos.
1. La administración
concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá
rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de éste
cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de
intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes
a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice el plazo
para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al
acreedor, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas al
momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa.
2. No procederá la
rehabilitación cuando el acreedor se oponga y con anterioridad a la apertura
del concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación
del pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra
cualquier garante.
Artículo 69.
Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado.
1. La administración
concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá
rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con
contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro
de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que,
antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique
la rehabilitación al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las
cantidades debidas en el momento de la rehabilitación y asuma los pagos
futuros con cargo a la masa. El incumplimiento del contrato que hubiera sido
rehabilitado conferirá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad
de ulterior rehabilitación.
2. El transmitente podrá
oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la declaración de
concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del
contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma
antelación, hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces
legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación
recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de
tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente si no constare a la
administración concursal.
Artículo 70.
Enervación del desahucio en arrendamientos urbanos.
La administración concursal
podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con
anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar la vigencia
del contrato hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento.
En tales casos, deberán pagarse con cargo a la masa todas las rentas y
conceptos pendientes, así como las posibles costas procesales causadas hasta
ese momento.
No será de aplicación en
estos casos la limitación que establece el último párrafo del
artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
CAPÍTULO IV
De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa
activa
Artículo 71.
Acciones de reintegración.
1. Declarado el concurso,
serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados
por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la
declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.
2. El perjuicio patrimonial
se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de
disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u
otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a
la declaración del concurso.
3. Salvo prueba en
contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los
siguientes actos:
1º Los dispositivos a
título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente
relacionadas con el concursado.
2º La constitución de
garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas
contraídas en sustitución de aquéllas.
4. Cuando se trate de actos
no comprendidos en los dos supuestos previstos en el apartado anterior, el
perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción
rescisoria.
5. En ningún caso podrán ser objeto de
rescisión:
1.º Los actos ordinarios de la actividad
profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.
2.º Los actos comprendidos en el ámbito de
leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y
liquidación de valores e instrumentos derivados.
3.º Las garantías constituidas a favor de los
créditos de derecho público y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los
acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.
6. El ejercicio de las
acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de
actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán
ejercitarse ante el Juez del concurso, conforme a las normas de legitimación
y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo siguiente.
[El apartado 5.º está redactado
conforme al artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78,de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 72.
Legitimación y procedimiento.
1. La legitimación activa
para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás de impugnación
corresponderá a la administración concursal. Los acreedores que hayan
instado por escrito de la administración concursal el ejercicio de alguna
acción, señalando el acto concreto que se trate de rescindir o impugnar y el
fundamento para ello, estarán legitimados para ejercitarla si la
administración concursal no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes al
requerimiento. En este caso, en cuanto a los gastos y costas de los
legitimados subsidiarios se aplicará la norma prevista en el
apartado 4 del artículo 54.
2. Las demandas de
rescisión deberán dirigirse contra el deudor y contra quienes hayan sido
parte en el acto impugnado. Si el bien que se pretenda reintegrar hubiera
sido transmitido a un tercero, la demanda también deberá dirigirse contra
éste cuando el actor pretenda desvirtuar la presunción de buena fe del
adquirente o atacar la irreivindicabilidad de que goce o la protección
derivada de la publicidad registral.
3. Las acciones rescisorias
y demás de impugnación se tramitarán por el cauce del incidente concursal.
Las demandas interpuestas por los legitimados subsidiarios se notificarán a
la administración concursal.
Artículo 73.
Efectos de la rescisión.
1. La sentencia que estime
la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la
restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses.
2. Si los bienes y derechos
salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse a la masa por
pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia, hubiera
procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección
registral, se condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a
entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor
concursado, más el interés legal; si la sentencia apreciase mala fe en quien
contrató con el concursado, se le condenará a indemnizar la totalidad de los
daños y perjuicios causados a la masa activa.
3. El derecho a la
prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como
consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la
masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a la reintegración de los
bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la sentencia
apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito
concursal subordinado.
TÍTULO IV
Del informe de la administración concursal y de la
determinación de las masas activa y pasiva
del concurso
CAPÍTULO I
De la presentación del informe de la administración concursal
Artículo 74.
Plazo de presentación.
1. El plazo para la
presentación del informe de los administradores concursales será de dos
meses, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos
de ellos.
2. Este plazo podrá ser
prorrogado por el juez, por tiempo no superior a un mes, a solicitud de la
administración concursal, presentada antes de su expiración y fundada en
circunstancias extraordinarias.
3. Además de la
responsabilidad y de la causa de separación en que hubieren podido incurrir
conforme los
artículos 36 y 37, los administradores
concursales que no presenten el informe dentro del plazo perderán el derecho
a la remuneración fijada por el juez del concurso y deberán devolver a la
masa las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde
imponer esta sanción cabrá recurso de apelación.
Artículo 75.
Estructura del informe.
1. El informe de la
administración concursal contendrá:
1º Análisis de los datos y
circunstancias del deudor expresados en la memoria a que se refiere el
número 2º del apartado 2 del artículo 6.
2º Estado de la
contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados
financieros, informes y memoria a que se refiere el
apartado 3 del artículo 6.
Si el deudor no hubiese
presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la
declaración de concurso, serán formuladas por la administración concursal,
con los datos que pueda obtener de los libros y documentos del deudor, de la
información que éste le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no
superior a quince días.
3º Memoria de las
principales decisiones y actuaciones de la administración concursal.
2. Al informe se unirán los
documentos siguientes:
1º Inventario de la masa
activa.
2º Lista de acreedores.
3.º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas
de convenio o anticipada de liquidación que se hubiere presentado.»
3. El informe concluirá con
la exposición motivada de los administradores concursales acerca de la
situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias
pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso.
[El número 3.º del apartado 2
está redactado conforme al artículo 11 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
CAPÍTULO II
De la determinación de la masa activa
SECCIÓN 1ª DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA ACTIVA Y FORMACIÓN DE LA SECCIÓN
TERCERA
Artículo 76.
Principio de universalidad.
1. Constituyen la masa
activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del
deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al
mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.
2. Se exceptúan de lo
dispuesto en el apartado anterior aquellos bienes y derechos que, aun
teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables.
3. Los titulares de
créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar
estos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el
procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan reconocidas en su
legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del
concursado, se integrará en la masa activa.
Artículo 77.
Bienes conyugales.
1. En caso de concurso de
persona casada, la masa activa comprenderá los bienes y derechos propios o
privativos del concursado.
2. Si el régimen económico
del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de
comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes gananciales
o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado. En este
caso, el cónyuge del concursado podrá pedir la disolución de la sociedad o
comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación o división del
patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del
convenio o de la liquidación del concurso.
Artículo 78.
Presunción de donaciones y pacto de sobre vivencia entre los cónyuges.
Vivienda habitual del matrimonio.
1. Declarado el concurso de
persona casada en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio
de la masa, salvo prueba en contrario, que donó a su cónyuge la
contraprestación satisfecha por éste para la adquisición de bienes a título
oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado.
De no poderse probar la procedencia de la contraprestación se presumirá,
salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado
a su cónyuge, siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en
el año anterior a la declaración de concurso.
2. Las presunciones a que
se refiere este artículo no regirán cuando los cónyuges estuvieran separados
judicialmente o de hecho.
3. Los bienes adquiridos
por ambos cónyuges con pacto de sobrevivencia se considerarán divisibles en
el concurso de cualquiera de ellos, integrándose en la masa activa la mitad
correspondiente al concursado.
El cónyuge del concursado
tendrá derecho a adquirir la totalidad de cada uno de los bienes
satisfaciendo a la masa la mitad de su valor. Si se tratare de la vivienda
habitual del matrimonio, el valor será el del precio de adquisición
actualizado conforme al índice de precios al consumo específico, sin que
pueda superar el de su valor de mercado. En los demás casos, será el que de
común acuerdo determinen el cónyuge del concursado y la administración
concursal o, en su defecto, el que como valor de mercado determine el juez,
oídas las partes y previo informe de experto cuando lo estime oportuno.
4. Cuando la vivienda
habitual del matrimonio tuviese carácter ganancial o les perteneciese en
comunidad conyugal y procediere la liquidación de la sociedad de gananciales
o la disolución de la comunidad, el cónyuge del concursado tendrá derecho a
que aquella se incluya con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance
o abonando el exceso.
Artículo 79.
Cuentas indistintas.
1. Los saldos acreedores de
cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se
integrarán en la masa activa, salvo prueba en contrario apreciada como
suficiente por la administración concursal.
2. Contra la decisión que
se adopte podrá plantearse incidente concursal.
Artículo 80.
Separación.
1. Los bienes de propiedad
ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no
tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la
administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos.
2. Contra la decisión
denegatoria de la administra ión concursal podrá plantearse incidente
concursal.
Artículo 81.
Imposibilidad de separación.
1. Si los bienes y derechos
susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de
la declaración de concurso a tercero de quien no puedan reivindicarse, el
titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir
la contraprestación si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o
comunicar a la administración concursal, para su reconocimiento en el
concurso, el crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y
derechos en el momento de la enajenación o en otro posterior, a elección del
solicitante, más el interés legal.
2. El crédito que resulte a
favor del titular perjudicado tendrá la consideración de crédito concursal
ordinario. Los efectos de la falta de comunicación oportuna del crédito se
producirán transcurrido un mes desde la aceptación por la administración
concursal o desde la firmeza de la resolución judicial que hubiere
reconocido los derechos del titular perjudicado.
SECCIÓN 2ª DEL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA
Artículo 82.
Formación del inventario.
1. La administración
concursal elaborará a la mayor brevedad posible un inventario que contendrá
la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la
masa activa a la fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de
su informe. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales
o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la
relación y el avalúo de los bienes y derechos privativos del deudor
concursado, así como las de los bienes y derechos gananciales o comunes, con
expresa indicación de su carácter.
2. De cada uno de los
bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza,
características, lugar en que se encuentre y, en su caso, datos de
identificación registral. Se indicarán también los gravámenes, trabas y
cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza
y los datos de identificación.
3. El avalúo de cada uno de
los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado,
teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua,
temporal o redimible que directamente les afecten e influyan en su valor,
así como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o
aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva.
4. Al inventario se añadirá
una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su
contenido y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a
juicio de la administración concursal, para la reintegración de la masa
activa. En ambas relaciones se informará sobre viabilidad, riesgos, costes y
posibilidades de financiación de las correspondientes actuaciones
judiciales.
Artículo 83.
Asesoramiento de expertos independientes.
1. Si la administración
concursal considera necesario el asesoramiento de expertos independientes
para la estimación de los valores de bienes y derechos o de la viabilidad de
las acciones a que se refiere el artículo anterior, propondrá al Juez su
nombramiento y los términos del encargo. Contra la decisión del Juez no
cabrá recurso alguno.
2. Será de aplicación a los expertos
independientes el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones,
recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y
sus representantes.
3. Los informes emitidos por los expertos y
el detalle de los honorarios devengados, que serán con cargo a la retribución de
la administración concursal, se unirán al inventario.»
[El párrafo 2.º está redactado
conforme al artículo 7 y el párrafo 3º ha sido añadido conforme al artículo 7 del Real
Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación
económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
CAPÍTULO III
De la determinación de la masa pasiva
SECCIÓN 1ª DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA PASIVA Y FORMACIÓN DE LA SECCIÓN
CUARTA
Artículo 84.
Créditos concursales y créditos contra la masa.
1. Constituyen la masa
pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan
la consideración de créditos contra la masa. En caso de concurso de persona
casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, no
se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del
concursado, aunque sean, además, créditos a cargo de la sociedad o comunidad
conyugal.
2. Tienen la consideración
de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en
el artículo 154:
1º Los créditos por
salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo
interprofesional.
2º Los de costas y gastos
judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la
adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones
judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y representación del
concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del
procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro
caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por
los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren
total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.
3º Los de costas y gastos
judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en
interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley,
salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción
y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos
en ella establecidos.
4º Los de alimentos del
deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de
prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre su procedencia y
cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente
resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los
alimentos a cargo del concursado acordados por el Juez de Primera Instancia
en alguno de los procesos a que se refiere el
título I del Libro IV de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
5º Los generados por el
ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en
ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los
contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un
convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso.
Los créditos por
indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo
ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos
por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.
6º Los que, conforme a esta
Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor
tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e
indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del
concursado.
7º Los que, en los casos de
pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o
derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de
desahucio y en los demás previstos en esta Ley, correspondan por las
cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
8º Los que, en los casos de
rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la
devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia
apreciare mala fe en el titular de este crédito.
9º Los que resulten de
obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la
administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por
el concursado sometido a intervención.
10º Los que resulten de
obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del
concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la
eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso.
11º Cualesquiera otros
créditos a los que esta Ley atribuya expresamente tal consideración.
SECCIÓN
2ª DE LA COMUNICACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 85.
Comunicación de créditos.
1. Dentro del plazo
señalado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21,
los acreedores del concursado comunicarán a la administración concursal la
existencia de sus créditos.
2. La comunicación se
formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado
en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se
presentará en el juzgado.
3. El escrito expresará
nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y
vencimiento, características y calificación que se pretenda.
Si se invocare un
privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que
afecte y, en su caso, los datos registrales.
4. Se acompañarán los
originales o copias autenticadas del título o de los documentos relativos al
crédito. Si se solicitare la devolución de los títulos, documentos o
escrituras de poder acompañados, quedarán en las actuaciones testimonios
bastantes autorizados por el secretario.
No obstante, cuando los
originales de los títulos o documentos hayan sido aportados o consten en
otro procedimiento judicial o administrativo, podrán acompañarse copias no
autenticadas de los mismos siempre que se justifique la solicitud efectuada
ante el juzgado u organismo correspondiente para la obtención de testimonio
o la devolución de originales.
5. En caso de concursos
simultáneos de deudores solidarios, el acreedor o el interesado podrán
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de
cada uno de los concursos. El escrito presentado en cada concurso expresará
si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los demás,
acompañándose, en su caso, copia del escrito o de los escritos presentados y
de los que se hubieren recibido.
Artículo 86.
Reconocimiento de créditos.
1. Corresponderá a la
administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de
acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta
decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que
se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y
documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
Todas las cuestiones que se
susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y
resueltas por medio del incidente concursal.
2. Se incluirán
necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido
reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes, los que
consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación
administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro
público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía
resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón
consten en el concurso. No obstante, la administración concursal podrá
impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, los
convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo
previsto en el apartado 2 del artículo 53, y la
existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o
asegurados con garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al
efecto por su legislación específica, los actos administrativos.
3. Cuando el concursado
fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad
de bienes, la administración concursal expresará, respecto de cada uno de
los créditos incluidos en la lista, si sólo pueden hacerse efectivos sobre
su patrimonio privativo o también sobre el patrimonio común.
Artículo 87.
Supuestos especiales de reconocimiento.
1. Los créditos sometidos a
condición resolutoria se reconocerán como condicionales y disfrutarán de los
derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto
no se cumpla la condición. Cumplida ésta, podrán anularse, a petición de
parte, las actuaciones y decisiones en las que el acto, la adhesión o el
voto del acreedor condicional hubiere sido decisivo. Todas las demás
actuaciones se mantendrán, sin perjuicio del deber de devolución a la masa,
en su caso, de las cantidades cobradas por el acreedor condicional, y de la
responsabilidad en que dicho acreedor hubiere podido incurrir frente a la
masa o frente a los acreedores.
2. A los créditos de derecho público de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía
administrativa o jurisdiccional, aún cuando su ejecutividad se encuentre
cautelarmente suspendida, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado
anterior.
Por el contrario, los créditos de derecho
público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten
de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes
hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les
corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por
comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación
administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por
sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a la
Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la
querella o denuncia.
3. Los créditos sometidos a
condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el
juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión,
de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o
su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional,
otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que
correspondan a su cuantía y calificación.
4. Cuando el juez del
concurso estime probable el cumplimiento de la condición resolutoria o la
confirmación del crédito contingente, podrá, a petición de parte, adoptar
las medidas cautelares de constitución de provisiones con cargo a la masa,
de prestación de fianzas por las partes y cualesquiera otras que considere
oportunas en cada caso.
5. Los créditos que no
puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes
mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración
concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el
reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente.
6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de
tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de
la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre
que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se
optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que
correspondan al acreedor o al fiador
7. A solicitud del acreedor
que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor
solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de
acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho como la totalidad del
que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere
hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su crédito o
hubiere hecho remisión de la deuda.
[El apartado 2.º y el 6º están
redactados conforme al artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 88.
Cómputo de los créditos en dinero.
1. A los solos efectos de
la cuantificación del pasivo, todos los créditos se computarán en dinero y
se expresarán en moneda de curso legal, sin que ello suponga su conversión
ni modificación.
2. Los créditos expresados
en otra moneda se computarán en la de curso legal según el tipo de cambio
oficial en la fecha de la declaración de concurso.
3. Los créditos que
tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias
determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por
el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de
concurso.
4. Los créditos que
tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su
valor a la fecha de la declaración de concurso, efectuándose la
actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento.
SECCIÓN 3ª DE LA
CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS
Artículo 89.
Clases de créditos.
1. Los créditos incluidos
en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en
privilegiados, ordinarios y subordinados.
2. Los créditos
privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio
especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con
privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No
se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté
reconocido en esta Ley.
3. Se entenderán
clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren
calificados en esta Ley como privilegiados ni como subordinados.
Artículo 90.
Créditos con privilegio especial.
1. Son créditos con
privilegio especial:
1º Los créditos
garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o
con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados.
2º Los créditos
garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.
3º Los créditos
refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los
trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad
o estén en posesión del concursado.
4º Los créditos por cuotas
de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en
su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de
dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de
falta de pago.
5º Los créditos con
garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los
valores gravados.
6º Los créditos
garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o
derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero.
Si se tratare de prenda de
créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.
2. Para que los créditos
mencionados en los números 1º a 5º del apartado anterior puedan ser
clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar
constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación
específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca
legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores.
Artículo 91.
Créditos con privilegio general.
Son créditos con privilegio
general:
1º Los créditos por
salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que
resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el
número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas
de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo
interprofesional, las indemnizaciones derivadas de ccidente de trabajo y
enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados
con anterioridad a la declaración de concurso.
2º Las cantidades
correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por
el concursado en cumplimiento de una obligación legal.
3º Los créditos por trabajo
personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión
de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual,
devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.
4º Los créditos tributarios
y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que
no gocen de privilegio especial conforme al
apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del
número 2º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse
para el conjunto de los
créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la
Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su
importe.
5º Los créditos por
responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no
asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el
número 4º de este artículo.
6º Los créditos de que
fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso
y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte de su
importe.
Artículo 92.
Créditos subordinados.
Son créditos subordinados:
1º Los créditos que,
habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración
concursal en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados
oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al resolver sobre
la impugnación de ésta, salvo que se trate de créditos cuya existencia
resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el
concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea
precisa la actuación inspectora de las Administraciones públicas, teniendo
en todos estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza.
2º Los créditos que por
pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los
demás créditos contra el deudor.
3º Los créditos por
intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la
respectiva garantía.
4º Los créditos por multas
y demás sanciones pecuniarias.
5º Los créditos de que
fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el
deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos
en el número 1º del artículo 91 cuando el concursado sea
persona natural.
6º Los créditos que como
consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la
sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
7.º Los créditos derivados de los contratos con obligaciones
recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez
constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor
obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del
interés del concurso
[El apartado 7.º ha sido añadido
por el artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica (BOE núm. 78 31-3-2009).]
Artículo 93.
Personas especialmente relacionadas con el concursado.
1. Se consideran personas
especialmente relacionadas con el concursado persona natural:
1º El cónyuge del
concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la
declaración de concurso, o las personas que convivan con análoga relación de
afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años
anteriores a la declaración de concurso.
2º Los ascendientes,
descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a
que se refiere el número anterior.
3º Los cónyuges de los
ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
2. Se consideran personas
especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:
1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e
ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el
momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5
% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores
admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los
tuviera.
2º Los administradores, de
derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren
sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la
sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas
condiciones que en el número 1.º de este apartado.
3. Salvo prueba en
contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado
los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de
las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la
adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la
declaración de concurso.
[El número 2.º y 3.º del
apartado 2 están redactados conforme al artículo 9 del Real Decreto-ley
3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica (BOE
núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
SECCIÓN 4ª DE LA LISTA DE ACREEDORES
Artículo 94.
Estructura y contenido.
1. Al informe de la
administración concursal se acompañará a lista de acreedores, referida
a la fecha de solicitud del concurso, que comprenderá una relación de los
incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente.
2. La relación de los
acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa,
la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de
los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o
reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de
litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio
del deudor principal. Se harán constar expresamente, si las hubiere, las
diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de
la falta de comunicación oportuna.
Cuando el concursado fuere
persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de
bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse
efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos
también sobre el patrimonio común.
3. La relación de los
excluidos expresará la identidad de cada uno de ellos y los motivos de la
exclusión.
4. En relación separada, se
detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y
pendientes de pago.
CAPÍTULO IV
De la publicidad y de la impugnación del informe
Artículo 95.
Publicidad del informe y de la documentación complementaria.
1.[Sin contenido]
2.La
presentación al juez del informe de la administración concursal y de la
documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en
el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se
publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del
juzgado
3.El
juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier
publicidad complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales
o privados.
[El número 1.º ha sido dejado sin contenido y el número 2.º y 3.º están
redactados conforme al artículo 12 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 96.
Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
1.Las
partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores,
dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se
refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia
a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará
desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior.
2. La impugnación del
inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión
de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los
incluidos.
3. La impugnación de la
lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de
créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del
incidente concursal debiendo el Juez de oficio acumularlas para resolverlas
conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la
sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal
introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición
motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y
presentará al Juez los textos definitivos correspondientes así como una
relación actualizada de los créditos contra la masa devengados y pendientes
de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la Oficina judicial.
[El número 1.º está redactado conforme al artículo 12
del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación
económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009).
Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
[El apartado 4 de este artículo
ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 97.
Consecuencias de la falta de impugnación.
1. Quienes no impugnaren en
tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque si
podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al
resolver otras impugnaciones.
2. Si el acreedor
calificado en la lista de acreedores como especialmente relacionado con el
deudor no impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del
concurso, vencido el plazo de impugnación y sin más trámites, dictará auto
declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor
de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la
restitución posesoria y la cancelación de los asientos en los registros
correspondientes. Quedan exceptuados de este supuesto los créditos
comprendidos en el número 1º del artículo 91 cuando el
concursado sea persona natural.
TÍTULO V
De las fases
de convenio o de liquidación
CAPÍTULO I
De la fase de convenio
SECCIÓN 1ª DE LA FINALIZACIÓN DE LA FASE COMÚN DEL CONCURSO
Artículo 98.
Resolución judicial.
Transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de
acreedores sin que se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse
presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los textos
definitivos de aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que
proceda de conformidad con lo dispuesto en este título.
[Se ha modificado el redactado de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
[Nota informativa: La nueva redacción
que modifica en su integridad el presente artículo, no hace mención alguna
del redactado de un segundo párrafo introducido por
el artículo 12
del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación
económica (BOE núm. 78 31-3-2009),
por lo que cabe entender que ha sido derogado.]
SECCIÓN 2ª DE LA PROPUESTA DE CONVENIO Y DE LAS ADHESIONES
Artículo 99.
Requisitos formales de la propuesta de convenio.
1. Toda propuesta de convenio, que podrá contener
distintas alternativas, se formulará por escrito y firmada por el deudor o,
en su caso, por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos
representantes con poder suficiente. De las propuestas presentadas el
Secretario judicial dará traslado a las partes personadas.
Cuando la propuesta
contuviera compromisos de pago a cargo de terceros para prestar garantías o
financiación, realizar pagos o asumir cualquier otra obligación, deberá ir
firmada, además, por los compromitentes o sus representantes con poder
suficiente.
2. Las firmas de la
propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter representativo
deberán estar legitimadas.
[Se ha modificado el párrafo primero del apartado 1 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 100.
Contenido de la propuesta de convenio.
1. La propuesta de convenio
deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas.
Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán
exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni las de espera de
cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el
convenio.
Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas
cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que
lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrá,
a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites.»
2. La propuesta de convenio
podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos los acreedores
o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del
crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos
participativos.
También podrán incluirse en
la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de
bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o
profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona
natural o jurídica determinada. Las proposiciones incluirán necesariamente
la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial
o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago
de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la
propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los representantes
legales de los trabajadores.
3. En ningún caso la
propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores
en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación
global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en
la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de
la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las
quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la
persona jurídica concursada, y sin perjuicio asimismo de lo previsto en el
párrafo segundo del apartado 5 de este artículo.
4. Las propuestas deberán
presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los recursos
previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la
enajenación de determinados bienes o derechos del concursado.
5. Cuando para atender al
cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la
continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o
empresarial, la propuesta deberá ir acompañada, además, de un plan de
viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y
condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación
por terceros.
Los créditos que se
concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en
los términos fijados en el convenio.
[El párrafo 2.º está redactado
conforme al artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 101.
Propuestas condicionadas.
1. La propuesta que someta
la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrá por no
presentada.
2. Por excepción a lo
dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos que se hubieran
declarado conjuntamente o cuya tramitación se hubiera acumulado, la
propuesta que presente uno de los concursados podrá condicionarse a la
aprobación judicial del convenio de otro u otros.
Artículo 102.
Propuestas con contenidos alternativos.
1. Si la propuesta de
convenio ofreciese a todos los acreedores o a los de alguna clase la
facultad de elegir entre diversas alternativas, deberá determinar la
aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección.
2. La facultad de elección
se ejercitará por cada acreedor en la propia junta de acreedores que acepte
el convenio o en el plazo que éste señale, que no podrá exceder de diez días
a contar de la firmeza de la resolución judicial que lo apruebe.
Artículo 103.
Adhesiones a la propuesta de convenio.
1. Los acreedores podrán
adherirse a cualquier propuesta de convenio en los plazos y con los efectos
establecidos en esta Ley.
2. La adhesión será pura y
simple, sin introducir modificación ni condicionamiento alguno. En otro
caso, se tendrá al acreedor por no adherido.
3. La adhesión expresará la cuantía del crédito o de los
créditos de que fuera titular el acreedor, así como su clase, y habrá de
efectuarse mediante comparecencia ante el Secretario judicial o mediante
instrumento público.
4. La adhesión a estos
convenios por parte de las Administraciones y organismos públicos se hará
respetando las normas legales y reglamentarlas especiales que las regulan.
[Se ha modificado el apartado 3 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
SECCIÓN 3ª DE LA PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO
Artículo 104.
Plazo de presentación.
1. Desde la solicitud de
concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y, en ambos
casos, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, el deudor
que no hubiese pedido la liquidación y no se hallare afectado por alguna de
las prohibiciones establecidas en el artículo siguiente podrá presentar ante
el juez propuesta anticipada de convenio.
2. En caso de presentación
de propuesta anticipada de convenio, cuando se dé el supuesto previsto en el
número 5 del artículo 100, siempre que el plan de viabilidad contemple
expresamente una quita o una espera superior a los límites previstos en el
apartado 1 de dicho artículo, el juez podrá, a solicitud del deudor,
autorizar motivadamente la superación de los límites que para el convenio se
establecen en esta Ley.
Artículo 105.
Prohibiciones.
1. No podrá presentar propuesta anticipada de
convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes casos:
1.º Haber sido condenado en sentencia firme
por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad
documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los
derechos de los trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta
causa de prohibición si hubiera sido condenado por cualquiera de estos delitos
alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en
los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de convenio.
2.º Haber incumplido en alguno de los tres
últimos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.
3º No figurar inscrito en
el Registro mercantil, cuando se trate de persona o entidad de inscripción
obligatoria.
4º Haber estado sometido a
otro concurso de acreedores sin que a la fecha de la solicitud del que se
encuentra en tramitación hayan transcurrido tres años desde la conclusión de
aquél.
5º Haber realizado dentro
de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso alguno de
los siguientes actos:
a) Disposición de bienes o
derechos a título gratuito que exceda de las liberalidades al uso.
b) Disposición de bienes o
derechos a título oneroso a favor de un tercero o de alguna de las personas
especialmente relacionadas con el concursado a que se refiere el
artículo 93, realizada en condiciones que, al tiempo de su celebración,
no fueren las normales de mercado.
c) Pago de obligaciones no
vencidas.
d) Constitución o
ampliación de garantías reales para el aseguramiento de obligaciones
preexistentes.
e) Otros actos que hayan
sido declarados en fraude de acreedores por sentencia, aunque no haya
alcanzado firmeza.
6º Haber incumplido el
deber de solicitar la declaración de concurso o haber infringido durante la
tramitación del concurso alguno de los deberes u obligaciones que impone
esta ley.
2. Si admitida a trámite la
propuesta anticipada de convenio, el concursado incurriere en causa de
prohibición o se comprobase que con anterioridad había incurrido en alguna
de ellas, el juez de oficio, a instancia de la administración concursal o de
parte interesada y, en todo caso, oído el deudor, declarará sin efecto la
propuesta y pondrá fin a su tramitación.
[El número 1.º y 2.º del
apartado 1.º ha sido modificado por el artículo 10 del Real Decreto-ley
3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica (BOE
núm. 78 31-3-2009). Para ver la anterior
redacción, haga click aquí.]
Artículo 106.
Admisión a trámite.
1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de
adhesiones de acreedores de cualquier clase, prestadas en la forma
establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo
presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia
solicitud de concurso voluntario bastará con que las adhesiones alcancen la
décima parte del mismo pasivo.
2. Cuando la propuesta
anticipada de convenio se presentara con la solicitud de concurso voluntario
o antes de la declaración judicial de éste, el juez resolverá sobre su
admisión en el mismo auto de declaración de concurso.
En los demás casos, el
juez, dentro de los tres días siguientes al de presentación de la propuesta
anticipada de convenio, resolverá mediante auto motivado sobre su admisión a
trámite.
En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el Juez ordenará que se
notifique al concursado para que en los tres días siguientes a la
notificación pueda subsanarlo.
3. El juez rechazará la
admisión a trámite cuando las adhesiones presentadas en la forma establecida
en esta ley no alcancen la proporción del pasivo exigida, cuando aprecie
infracción legal en el contenido de la propuesta de convenio o cuando el
deudor estuviere incurso en alguna prohibición.
4. Contra el
pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite no se
dará recurso alguno.
[El apartado 1.º ha sido
modificado por el artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
[Se ha modificado el párrafo tercero del apartado 2 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 107.
Informe de la administración concursal.
1. Admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio,
el Secretario judicial dará traslado de ella a la administración concursal
para que en un plazo no superior a diez días proceda a su evaluación.
2. La administración
concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al
plan de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Si la
evaluación fuera favorable, se unirá al informe de la administración
concursal. Si fuese desfavorable o contuviere reservas, se presentará en el
más breve plazo al juez, quien podrá dejar sin efecto la admisión de la
propuesta anticipada o la continuación de su tramitación con unión del
escrito de evaluación al referido informe. Contra el auto que resuelva sobre
estos extremos no se dará recurso alguno.
[Se ha modificado el apartado 1 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 108.
Adhesiones de acreedores.
1. Desde la admisión a
trámite de la propuesta anticipada de convenio y hasta la expiración del
plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores, cualquier
acreedor podrá manifestar su adhesión a la propuesta con los requisitos y en
la forma establecidos en esta ley.
2. Cuando la clase o la cuantía del crédito expresadas en
la adhesión resultaren modificadas en la redacción definitiva de la lista de
acreedores, podrá el acreedor revocar su adhesión dentro de los cinco días
siguientes a la puesta de manifiesto de dicha lista en la Oficina judicial.
En otro caso, se le tendrá por adherido en los términos que resulten de la
redacción definitiva de la lista.
[Se ha modificado el apartado 2 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 109.
Aprobación judicial el convenio.
1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
hubiere finalizado el plazo de impugnación del inventario y de la lista de
acreedores si no se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse
presentado, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera
finalizado el plazo para la revocación de las adhesiones, el Secretario
judicial verificará si las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría
legalmente exigida. El secretario, mediante decreto, proclamará el
resultado. En otro caso, dará cuenta al Juez, quien dictará auto abriendo la
fase de convenio o liquidación, según corresponda.
2. Si la mayoría resultase
obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de
oposición a la aprobación judicial del convenio previsto en el
apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo que se
haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el
juez, según lo dispuesto en los artículos 128 a 131. La
sentencia pondrá fin a la fase común del concurso y, sin apertura de la fase
de convenio, declarará aprobado éste con los efectos establecidos en los
artículos 133 a 136. La sentencia se notificará al
concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en
el procedimiento, y se publicará conforme a lo previsto en los
artículos 23 y
24 de esta ley.
[Se ha modificado el apartado 1 de este artículo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 110.
Mantenimiento de propuestas no aprobadas.
1. Si no procediera la
aprobación del convenio, el juez requerirá de inmediato al deudor para que,
en plazo de tres días, manifieste si mantiene la propuesta anticipada de
convenio para su sometimiento a la junta de acreedores o desea solicitar la
liquidación.
2. Los acreedores adheridos
a la propuesta anticipada se tendrán por presentes en la junta a efectos de
quórum y sus adhesiones se contarán como votos a favor para el cómputo del
resultado de la votación, a no ser que asistan a la junta de acreedores o
que, con anterioridad a su celebración, conste en autos la revocación de su
adhesión.
SECCIÓN 4ª DE LA APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO Y APERTURA DE LA SECCIÓN
QUINTA
Artículo 111.
Auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores.
1. Cuando el concursado no hubiere solicitado la liquidación
y no haya sido aprobada ni mantenida una propuesta anticipada de convenio
conforme a lo establecido en la sección precedente, el Juez, dentro de los
quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del
inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado
impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de
manifiesto en la Oficina Judicial los textos definitivos de aquellos
documentos, dictará auto poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo
la fase de convenio y ordenando la formación de la sección quinta.
2. El auto ordenará convocar junta de acreedores de
acuerdo con lo establecido en el artículo 23. El Secretario judicial fijará
el lugar, día y hora de la reunión en los términos que prevé el artículo 182
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la notificación de la convocatoria se
expresará a los acreedores que podrán adherirse a la propuesta de convenio
en los términos del artículo 115.3.
No obstante, cuando el número de acreedores
exceda de 300 el auto podrá acordar la tramitación escrita del convenio, fijando
la fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma
establecida en el artículo 103 y 115 bis.
Cuando el deudor hubiera
mantenido la propuesta de convenio anticipado, el juez, sin necesidad de
nueva resolución sobre dicha propuesta ni informe de la administración
concursal, dictará auto convocando la Junta de acreedores.
3. El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a
todas las partes personadas en el procedimiento.
[Los apartados 1 y 3 y el primer párrafo del apartado 2 de este artículo
han sido redactados
conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313)].
[El
párrafo 1.º del apartado 2.º fue
redactado conforme al artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78 31-3-2009).
Para ver la redacción, haga click aquí.]
Artículo 112.
Efectos del auto de apertura.
Declarada la apertura de la
fase de convenio y durante su tramitación seguirán siendo aplicables las
normas establecidas para la fase común del concurso en el
título III de esta ley.
Artículo 113.
Presentación de la propuesta de convenio.
1. Transcurrido el plazo de comunicación de créditos y
hasta la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista
de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse
presentado, hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la Oficina
judicial los textos definitivos de aquellos documentos, podrá presentar ante
el Juzgado que tramite el concurso propuesta de convenio el concursado que
no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la
liquidación. También podrán hacerlo los acreedores cuyos créditos consten en
el concurso y superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del
total pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores, salvo que el
concursado tuviere solicitada la liquidación.
2. Cuando no hubiere sido
presentada ninguna propuesta de convenio conforme a lo previsto en el
apartado anterior ni se hubiese solicitado la liquidación por el concursado,
éste y los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o individualmente,
una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva podrán
presentar propuestas de convenio desde la convocatoria de la junta hasta
cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración.
[El apartado 1 de este artículo
ha sido redactado
conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313).
Para ver la redacción anterior, haga click
aquí].
Artículo 114.
Admisión a trámite de la propuesta.
1. Dentro de los cinco días siguientes a su presentación,
el Juez admitirá a trámite las propuestas de convenio si cumplen las
condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en esta Ley. De
apreciar algún defecto, dentro del mismo plazo dispondrá que se notifique al
concursado o, en su caso, a los acreedores para que, en los tres días
siguientes a la notificación, puedan subsanarlo. Si estuviese solicitada la
liquidación por el concursado, el Secretario judicial rechazará la admisión
a trámite de cualquier propuesta.
2. Una vez admitidas a
trámite, no podrán revocase ni modificarse las propuestas de convenio.
3. No habiéndose presentado
dentro del plazo legal que fija el artículo anterior ninguna propuesta de
convenio, o no habiéndose admitido ninguna de las propuestas, el juez, de
oficio, acordará la apertura de la fase de liquidación, en los términos
previstos en el artículo 143.
[El apartado 1 de este artículo
ha sido redactados
conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313).
Para ver la redacción anterior, haga click
aquí].
Artículo 115.
Tramitación de la propuesta.
1. En la misma providencia
de admisión a trámite se acordará dar traslado de la propuesta de convenio a
la administración concursal para que, en el plazo improrrogable de diez
días, emita escrito de evaluación sobre su contenido, en relación con el
plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe.
2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la
presentación del informe de la administración concursal se unirán a éste,
conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se
pondrán de manifiesto en la Oficina judicial desde el día de su
presentación.
3. Desde que, conforme a lo establecido en el apartado
anterior, quede de manifiesto en la Oficina judicial el correspondiente
escrito de evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de
asistentes a la junta, se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta
de convenio con los requisitos y en la forma establecidos en esta Ley. Salvo
en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 110, las adhesiones serán
irrevocables, pero no vincularán el sentido del voto de quienes las hubieren
formulado y asistan a la junta.
[Los apartados 2 y 3 de este artículo
han
sido redactados
conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313).
Para ver la redacción anterior, haga click aquí].
Artículo 115 bis.
Tramitación escrita del convenio.
Para la tramitación escrita prevista en el
apartado segundo del artículo 111, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:
1. El auto que acuerde la tramitación escrita
del convenio señalará la fecha límite para la presentación de adhesiones o de
votos en contra a las distintas propuestas de convenio. Dicho plazo será de
noventa días contados desde la fecha del auto.
2. Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán
presentar propuestas de convenio conforme al apartado segundo del artículo
113 hasta los sesenta días anteriores al vencimiento del plazo previsto en
la regla anterior. Desde que quede de manifiesto el escrito de evaluación en
la Oficina Judicial, se admitirán adhesiones o votos en contra de acreedores
a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo prevista en
la regla primera.
3. Las adhesiones, revocación de las mismas o
votos en contra a las propuestas de convenio deberán emitirse en la forma
prevista en el artículo 103. Para la válida revocación de las adhesiones o votos
en contra emitidos deberán constar en los autos dicha revocación en el plazo
previsto en la regla primera.
4. Para la determinación de los derechos de
voto en la tramitación escrita se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos
122 a 125 de esta Ley. Para verificar las adhesiones, se seguirá el orden
previsto en el apartado segundo del artículo 121. Alcanzada la mayoría
legalmente exigida en una propuesta, no procederá la comprobación de las
restantes.
5. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que
hubiere finalizado el plazo de presentación de adhesiones, el Juez
verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría
legalmente exigida y proclamará el resultado mediante providencia.
6. Si la mayoría resultase obtenida, el juez,
en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la
aprobación judicial del convenio previsto en el apartado 1 del artículo 128
dictará sentencia aprobatoria, salvo que se haya formulado oposición al convenio
o éste sea rechazado de oficio por el juez, según lo dispuesto en los artículos
128 a 13.
[Este
artículo ha sido añadido por el
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica (BOE núm. 78 31-3-2009).]
[Los apartados 2 y 5 de este artículo
han
sido redactados
conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313).
Para ver la redacción anterior, haga click
aquí].
SECCIÓN 5ª DE LA JUNTA D0E ACREEDORES
Artículo 116.
Constitución de la junta.
1. La junta se reunirá en
el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.
El presidente podrá acordar
la prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles consecutivos.
2. La junta será presidida
por el juez o, excepcionalmente, por el miembro de la administración
concursal que por él se designe.
3. Actuará como Secretario el que lo sea del Juzgado. Será asistido en
sus funciones por la administración concursal.
4. La junta se entenderá
constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por
importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso.
[El apartado 3 de este artículo ha sido redactado conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 117.
Deber de asistencia.
1. Los miembros de la
administración concursal tendrán el deber de asistir a la junta. Su
incumplimiento dará lugar a la pérdida del derecho a la remuneración fijada,
con la devolución a la masa de las cantidades percibidas. Contra la
resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de
apelación.
2. El concursado deberá
asistir a la junta de acreedores personalmente o hacerse representar por
apoderado con facultades para negociar y aceptar convenios.
El concursado o su
representante podrán asistir acompañados de letrado que intervenga en su
nombre durante las deliberaciones.
3. En cualquier caso, la incomparecencia de los miembros de la
administración concursal no determinará la suspensión de la junta, salvo que
el Juez así lo acordase, debiendo señalar, en ese caso, el Secretario
judicial la fecha de su reanudación.
[El apartado 3 de este artículo ha sido redactado conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp.
92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
aquí].
Artículo 118.
Derecho de asistencia.
1. Los acreedores que
figuren en la relación de incluidos del texto definitivo de la lista tendrán
derecho de asistencia a la junta.
2. Los acreedores con
derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta por medio de
apoderado, sea o no acreedor. Se admitirá la representación de varios
acreedores por una misma persona. No podrán ser apoderados el concursado ni
las personas especialmente relacionadas con éste, aunque sean acreedores.
El procurador que hubiera
comparecido en el concurso por un acreedor sólo podrá representarlo si
estuviese expresamente facultado para asistir a juntas de acreedores en
procedimientos concursales.
El apoderamiento deberá
conferirse por comparecencia ante el secretario del juzgado o mediante
escritura pública y se entenderá que las facultades representativas para
asistir a la junta comprenden las de intervenir en ella y votar cualquier
clase de convenio.
3. Los acreedores firmantes
de algunas de las propuestas y los adheridos en tiempo y forma a cualquiera
de ellas que no asistan a la junta se tendrán por presentes a efectos del
quórum de constitución.
4. Las Administraciones
públicas, sus organismos públicos, los Órganos Constitucionales y, en su
caso, las empresas públicas que sean acreedoras se considerarán
representadas por quienes, conforme a la legislación que les sea aplicable,
les puedan representar y defender en procedimientos judiciales.
Artículo 119.
Lista de asistentes.
1. La lista de asistentes a
la junta se formará sobre la base del texto definitivo de la lista de
acreedores, especificando en cada caso quienes asistan personalmente,
quienes lo hagan por representante, con identificación del acto por el que
se confirió la representación, y quienes se tengan por presentes conforme al
apartado 3 del artículo 118.
2. La lista de asistentes
se insertará como anexo al acta bien en soporte físico o informático,
diligenciado, en todo caso, por el secretario.
Artículo 120.
Derecho de información.
Los acreedores asistentes a
la junta o sus representantes podrán solicitar aclaraciones sobre el informe
de la administración concursal y sobre la actuación de ésta, así como sobre
las propuestas de convenio y los escritos de evaluación emitidos.
Artículo 121.
Deliberación y votación.
1. El presidente abrirá la
sesión, dirigirá las deliberaciones y decidirá sobre la validez de los
apoderamientos, acreditación de los comparecientes y demás extremos que
puedan resultar controvertidos. La sesión comenzará con la exposición por el
secretario de la propuesta o propuestas admitidas a trámite que se someten a
deliberación, indicando su procedencia y, en su caso, la cuantía y la
clasificación de los créditos titulados por quienes las hubiesen presentado.
2. Se deliberará y votará
en primer lugar sobre la propuesta presentada por el concursado; si no fuese
aceptada, se procederá del mismo modo con las presentadas por los
acreedores, sucesivamente y por el orden que resulte de la cuantía mayor a
menor del otal de los créditos titulados por sus firmantes.
3. Tomada razón de las
solicitudes de voz para intervenciones a favor y en contra de la propuesta
sometida a debate, el presidente concederá la palabra a los solicitantes y
podrá considerar suficientemente debatida la propuesta una vez se hayan
producido alternativamente tres intervenciones en cada sentido.
4. Concluido el debate, el
presidente someterá la propuesta a votación nominal y por llamamiento de los
acreedores asistentes con derecho a voto. Los acreedores asistentes podrán
emitir el voto en el sentido que estimen conveniente, aunque hubieren
firmado la propuesta o se hubieren adherido a ella.
Se computarán como votos
favorables a la correspondiente propuesta de convenio los de los acreedores
firmantes y los de los adheridos que no asistiendo a la junta hayan sido
tenidos por presentes.
5. Aceptada una propuesta,
no procederá deliberar sobre las restantes.
Artículo 122.
Acreedores sin derecho a voto.
1. No tendrán derecho de
voto en la junta:
1º Los titulares de
créditos subordinados.
2º Los que hubieran
adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración del
concurso, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar por un título
universal o como consecuencia de una realización forzosa.
2. Los acreedores
comprendidos en el apartado anterior podrán ejercitar el derecho de voto que
les corresponda por otros créditos de que sean titulares.
Artículo 123.
Acreedores privilegiados.
1. La asistencia a la junta
de los acreedores privilegiados y su intervención en las deliberaciones no
afectarán al cómputo del quórum de constitución, ni les someterán a los
efectos del convenio que resulte aprobado.
2. El voto de un acreedor
privilegiado a favor de una propuesta producirá, en el caso de que sea
aceptada por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente convenio,
los efectos que resulten del contenido de éste respecto de su crédito y
privilegio.
3. El voto de un acreedor
que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios se
presumirá emitido en relación a estos últimos y sólo afectará a los
privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de
votación.
Artículo 124.
Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.
Para que se considere aceptada por la junta
una propuesta de convenio será necesario el voto favorable de, al menos, la
mitad del pasivo ordinario del concurso.
No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los
créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será
suficiente que vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la
que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de tramitación escrita los
acreedores contrarios a estas propuestas deberán, en su caso, manifestar su voto
en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo
103 y en los plazos de los artículos 108 y 115 bis de esta Ley.
A efectos del cómputo de las mayorías en cada
votación, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los
acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.»
[El
apartado 2.º está redactado conforme
al artículo 10 y el
apartado tercero ha sido añadido por el artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2009, de 27
de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31-3-2009). Para
ver la anterior redacción, haga click aquí.]
Artículo 125.
Reglas especiales. | 
