Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista
(BOE núm. 15, de 17-1-1996; corr. errores )
[Modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 312, de 30-12-1999)].
[Modificada por la Ley 47/2002, de 28 de octubre, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias (BOE núm. 304, de 20-12-2002)]
[El TC ha declarado inconstitucionales y nulos los arts. 37 y 53 de esta Ley, salvo el inciso inicial de éste último, y que el inciso final del art. 6.2 es constitucional si se interpreta en los términos recogidos en el FJ 4º de su sentencia (STC 124/2003, de 19 de junio de 2003, que resuelve los recursos de inconstitucionalidad planteados por la Comunidad Foral de Navarra contra determinados preceptos de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y de la Ley Orgánica 2/1996, de 17 de enero, complementaria de la de ordenación del comercio minorista).]
[Mediante providencia de 30 de septiembre de 2003, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3863/2003, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santander, contra el art. 64.h) de esta Ley por posible vulneración del art. 25.1 CE (BOE núm. 244, de 11-10-2003, p. 36653).]
[Modificada por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE núm. 314, de 30-12-2004, pp. 42334-42338). Se ha modificado el art. 17 y se ha añadido una disposición transitoria segunda.]
[Modificada por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE núm. 53 , de 02-03-2010, pp. 20216-20225).]
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Exposición de Motivos | |
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Título I | Principios generales |
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Título II | Actividades de promoción de ventas |
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Título III | Ventas especiales |
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Título IV | Infracciones y sancionesº |
Los profundos cambios que ha experimentado la distribución comercial minorista en España, la incorporación de nuevas tecnologías y formas de venta y el reto que ha supuesto la Unión Europea, así como la dispersión de la normativa vigente obligan a un esfuerzo legislativo de sistematización, modernización y adecuación a la realidad de los mercados.
La economía española precisa, para su adecuado funcionamiento, un sistema de distribución eficiente, que permita asegurar el aprovisionamiento de los consumidores con el mejor nivel de servicio posible y con el mínimo coste de distribución. Para alcanzar este objetivo, es preciso que el mercado garantice la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de la libre y leal competencia.
En este sentido, el establecimiento de un marco de buenas prácticas comerciales deberá producir un mejor comportamiento de todos los agentes del sector, cuyos efectos redundarán en un mejor funcionamiento de la competencia. Estos efectos se consiguen mediante la creación de un marco legal de mínimos, que podrá completarse con los Códigos de Conducta, que libremente surjan en el sector para su autorregulación.
Por otra parte, y debido a la evolución experimentada en los últimos años, coexisten en España dos sistemas de distribución complementarios entre sí: el primero constituido por empresas y tecnologías modernas, y el segundo integrado por las formas tradicionales de comercio que siguen prestando importantes servicios a la sociedad española y juegan un papel trascendental en la estabilidad de la población activa, pero que deben emprender una actualización y tecnificación que les permita afrontar el marco de la libre competencia.
La relación de complementariedad entre los dos sistemas mencionados debe también ser tenida, especialmente, en cuenta por el Legislador.
También resulta imprescindible no demorar el establecimiento del régimen jurídico de las nuevas modalidades de venta al público que, por su carácter de materia mercantil, se encuentran entregadas actualmente al principio de libertad contractual, del que, en no pocas ocasiones, resultan notorios abusos en perjuicio de los adquirentes, situación que interesa corregir mediante la promulgación de normas imperativas y una eficaz intervención de las Administraciones públicas.
Por consiguiente, la Ley no sólo pretende establecer unas reglas de juego en el sector de la distribución y regular nuevas fórmulas contractuales, sino que aspira, también, a ser la base para la modernización de las estructuras comerciales españolas, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales y, sobre todo, al mantenimiento de la libre y leal competencia. No es preciso insistir en que los efectos más inmediatos y tangibles de una situación de libre y leal competencia se materializan en una mejora continuada de los precios y de la calidad y demás condiciones de la oferta y servicio al público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz actuación en beneficio de los consumidores.
Por último, interesa destacar que, como ha puesto de relieve reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en este ámbito material se produce un complejo entrecruzamiento de títulos competenciales, tanto estatales como autonómicos, lo cual conlleva que los diversos aspectos de la regulación propuesta deban tener un grado de aplicación diverso, tal como se especifica en la disposición final única de esta Ley.