Projecte Norma Civil
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Ley 1/2013

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Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

(BOE núm.116, de 15-05-2013, pp. 36373-36398)

[Esta ley ha sufrido diversas modificaciones por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE núm. 51, de 28-02-   2015, pp. 19058-19101). Para ver el Texto consolidado por el BOE haga click aquí.]

 

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

 

PREÁMBULO

La atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios

Si bien la tasa de morosidad en nuestro país es baja, hay que tener muy presente el drama social que supone, para cada una de las personas o familias que se encuentran en dificultades para atender sus pagos, la posibilidad de que, debido a esta situación, puedan ver incrementarse sus deudas o llegar a perder su vivienda habitual

El esfuerzo colectivo que están llevando a cabo los ciudadanos de nuestro país con el fin de superar de manera conjunta la situación de dificultad que atravesamos, requiere que, del mismo modo y desde todos los sectores, se continúen adoptando medidas para garantizar que ningún ciudadano es conducido a una situación de exclusión social.
Con este fin, es necesario profundizar en las líneas que se han ido desarrollando en los últimos tiempos, para perfeccionar y reforzar el marco de protección a los deudores que, a causa de tales circunstancias excepcionales, han visto alterada su situación económica o patrimonial y se han encontrado en una situación merecedora de protección.

A estos efectos se aprueba esta Ley, que consta de cuatro capítulos.

El primero de ellos prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.

La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. En efecto, para que un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de aplicación será necesario el cumplimiento de dos tipos de requisitos. De un lado, los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.

Asimismo, en las familias que se acojan a esta suspensión, los ingresos no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este límite se eleva respecto de unidades familiares en las que algún miembro sea persona con discapacidad o dependiente o que conviva con personas con discapacidad o dependientes. Además, es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

La alteración significativa de sus circunstancias económicas se mide en función de la variación de la carga hipotecaria sobre la renta sufrida en los últimos cuatros años. Finalmente, la inclusión en el ámbito de aplicación pasa por el cumplimiento de otros requisitos, entre los que se pueden destacar que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

La trascendencia de esta previsión normativa es indudable, pues garantiza que durante este período de tiempo, los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual.

Para estos deudores especialmente vulnerables se prevé además que la deuda que no haya podido ser cubierta con la vivienda habitual no devengue más interés de demora que el resultante de sumar a los intereses remuneratorios un dos por cien sobre la deuda pendiente.

El Capítulo II introduce mejoras en el mercado hipotecario a través de la modificación de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946; la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario; y la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. Especialmente relevante es el hecho de que, para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. Adicionalmente se fortalece en la Ley Hipotecaria el régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados. Por otro lado, se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito.

En la venta extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda suspender la misma cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente, en la forma prevista por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, que dicte resolución decretando la improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario, o su continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Además, se faculta expresamente al Notario para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede ser abusiva. Dichas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto por el que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.

El Capítulo III recoge diferentes modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecución hipotecaria se realiza de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecución. En particular, como medida de gran relevancia, se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. Además, se permite que el deudor participe de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada. Por otro lado, se facilita el acceso de postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se imponen a los licitadores, de modo que, por ejemplo, se disminuye el aval necesario para pujar del 20 al 5 por cien del valor de tasación de los bienes. Asimismo se duplica, en idéntico sentido, el plazo de tiempo para que el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación.

Se introducen determinadas mejoras en el procedimiento de subasta, estableciéndose que el valor de tasación a efectos de la misma no podrá ser inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo. Anteriormente no existía ningún límite para el tipo de subasta. Además, en caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, se incrementan los porcentajes de adjudicación del bien. En concreto, se elevaría del 60 por cien hasta un máximo del 70 por cien, siempre para los supuestos de vivienda habitual.

Este Capítulo recoge también la modificación del procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. Dicha modificación se adopta como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto, por la que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.

Por último, el Capítulo IV modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas.

Adicionalmente, esta Ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que sólo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos.

 

CAPÍTULO I

Suspensión de los lanzamientos

Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos  especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá  el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se  hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual  de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las  circunstancias económicas previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior  son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad  superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite  acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de  desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas  que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco  hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación  personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite  acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo  establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento  constituya su domicilio habitual.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además  de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las  circunstancias económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere  el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Dicho límite  será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en los supuestos  previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el  caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o  con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior  al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de  discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de  enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para  realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar  haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos  de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que  perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga  sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la  misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas  cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya  multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado  legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que  residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o  acogimiento familiar.

[Los apartados 1, 2 y 3 de este artículo han sido modificados por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE núm. 51, de 28-02-2015, pp. 19058-19101). Para ver la versión actualizada, por favor consulte el Texto consolidado de esta ley en el BOE)].

 

Artículo 2. Acreditación.

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditará por el  deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la  ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento,  mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del  Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con  relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Últimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure  la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o  ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las  entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado expedido por  la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la  cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la  vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y  a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en  relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía  hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales  o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los  requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de esta Ley.

CAPÍTULO II

Medidas de mejora del mercado hipotecario

Artículo 3. Modificación de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de  febrero de 1946.

 La Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946, queda  modificada como sigue:

Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 21 que queda redactado del siguiente modo:

«1. Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse  expresarán, por lo menos, todas las circunstancias que necesariamente debe  contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las  fincas y a los derechos inscritos.

2. Las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren,  constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y  los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestación  consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, deberán  expresar, además de las circunstancias previstas en el apartado anterior, la  identificación de los medios de pago empleados por las partes, en los términos  previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.

3. En las escrituras de préstamo hipotecario sobre vivienda deberá constar el  carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se  presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento de la ejecución judicial  del inmueble es vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura de  constitución.»

Dos. Se añade un tercer párrafo al artículo 114 que queda redactado del siguiente  modo:

 «Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de  vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda,  no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán  devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no  podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el  artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Tres. Se modifica el artículo 129, que queda redactado del siguiente modo:

«1. La acción hipotecaria podrá ejercitarse:

a) Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a lo  dispuesto en el Título IV del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de  Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que se establecen en su Capítulo V.

b) O mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al  artículo 1.858 del Código Civil, siempre que se hubiera pactado en la escritura de  constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de pago del capital o de los  intereses de la cantidad garantizada.

2. La venta extrajudicial se realizará ante Notario y se ajustará a los requisitos  y formalidades siguientes:

a) El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la  subasta no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el  procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún caso ser inferior  al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada conforme a lo previsto en  la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

b) La estipulación en virtud de la cual los otorgantes pacten la sujeción al  procedimiento de venta extrajudicial de la hipoteca deberá constar separadamente  de las restantes estipulaciones de la escritura y deberá señalar expresamente el  carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se  presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento de la venta extrajudicial  el inmueble es vivienda habitual si así se hubiera hecho constar en la escritura de  constitución.

c) La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse a las hipotecas constituidas en  garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca inicialmente determinada, de sus  intereses ordinarios y de demora liquidados de conformidad con lo previsto en el  título y con las limitaciones señaladas en el artículo 114.

En el caso de que la cantidad prestada esté inicialmente determinada pero el  contrato de préstamo garantizado prevea el reembolso progresivo del capital, a la  solicitud de venta extrajudicial deberá acompañarse un documento en el que  consten las amortizaciones realizadas y sus fechas, y el documento fehaciente que  acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en la  escritura de constitución de hipoteca.

En cualquier caso en que se hubieran pactado intereses variables, a la solicitud  de venta extrajudicial, se deberá acompañar el documento fehaciente que acredite  haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en la escritura  de constitución de hipoteca.

 d) La venta se realizará mediante una sola subasta, de carácter electrónico,  que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal efecto dispondrá la Agencia  Estatal Boletín Oficial del Estado. Los tipos en la subasta y sus condiciones serán,  en todo caso, los determinados por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

e) En el Reglamento Hipotecario se determinará la forma y personas a las  que deban realizarse las notificaciones, el procedimiento de subasta, las cantidades  a consignar para tomar parte en la misma, causas de suspensión, la adjudicación y  sus efectos sobre los titulares de derechos o cargas posteriores así como las  personas que hayan de otorgar la escritura de venta y sus formas de representación.

 f) Cuando el Notario considerase que alguna de las cláusulas del préstamo  hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese  determinado la cantidad exigible pudiera tener carácter abusivo, lo pondrá en  conocimiento de deudor, acreedor y en su caso, avalista e hipotecante no deudor, a  los efectos oportunos.

En todo caso, el Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera de  las partes acredite haber planteado ante el Juez que sea competente, conforme a lo establecido en el artículo 684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el carácter  abusivo de dichas cláusulas contractuales.

La cuestión sobre dicho carácter abusivo se sustanciará por los trámites y con  los efectos previstos para la causa de oposición regulada en el apartado 4 del  artículo 695.1 de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una vez sustanciada la cuestión, y siempre que no se trate de una cláusula  abusiva que constituya el fundamento de la ejecución, el Notario podrá proseguir la  venta extrajudicial a requerimiento del acreedor.

 g) Una vez concluido el procedimiento, el Notario expedirá certificación  acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos los conceptos,  con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a  intereses de demora y a costas, todo ello con aplicación de las reglas de imputación  contenidas en el artículo 654.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier  controversia sobre las cantidades pendientes determinadas por el Notario será  dilucidada por las partes en juicio verbal.

 h) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá carácter supletorio en todo aquello  que no se regule en la Ley y en el Reglamento Hipotecario, y en todo caso será de  aplicación lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Artículo 4. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado  Hipotecario.

Uno. El artículo tercero queda redactado del siguiente modo:

«1. Las sociedades de tasación y los servicios de tasación de las entidades  de crédito estarán sometidas a los requisitos de homologación previa,  independencia y secreto que se establezcan reglamentariamente.

2. Las sociedades de tasación cuyos ingresos totales deriven, en el período  temporal que reglamentariamente se establezca, al menos en un 10 por cien de su  relación de negocio con una entidad de crédito o con el conjunto de entidades de  crédito de un mismo grupo, deberán, siempre que alguna de esas entidades de  crédito haya emitido y tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de  mecanismos adecuados para favorecer la independencia de la actividad de  tasación y evitar conflictos de interés, especialmente con los directivos o las  unidades de la entidad de crédito que, sin competencias específicas en el análisis o  la gestión de riesgos, estén relacionados con la concesión o comercialización de  créditos o préstamos hipotecarios.

Esos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno de conducta  que establezca las incompatibilidades de sus directivos y administradores y los  demás aspectos que resulten más adecuados para la entidad, atendiendo a su  tamaño, tipo de negocio, y demás características. El Banco de España verificará  dichos mecanismos y podrá establecer los requisitos mínimos que deban cumplir  con carácter general y requerir a las entidades, de manera razonada, para que  adopte las medidas adicionales que resulten necesarias para preservar su  independencia profesional.

La obligación de disponer de esos mecanismos afectará también a los servicios  de tasación de las entidades de crédito. Igualmente afectará a aquellas sociedades  de tasación en las que ejerzan una influencia significativa, accionistas con intereses  específicos en la promoción o comercialización de inmuebles, o en actividades  que, a juicio del Banco de España, sean de análoga naturaleza.

3. Las entidades de crédito que hayan emitido y tengan en circulación títulos  hipotecarios y cuenten con servicios propios de tasación deberán constituir una  comisión técnica que verificará el cumplimiento de los requisitos de independencia  mencionados en el apartado anterior. Dicha comisión elaborará un informe anual,  que deberá remitir al consejo de administración u órgano equivalente de la entidad,  sobre el grado de cumplimiento de las citadas exigencias. El referido informe anual  deberá ser remitido igualmente al Banco de España.

4. Las sociedades de tasación deberán someterse a auditoría de cuentas,  ajustando el ejercicio económico al año natural. La revisión y verificación de sus  documentos contables se realizará de acuerdo con lo previsto en las normas  reguladoras de la auditoría de cuentas.»

Dos. Se modifica el apartado 2.a).1.ª del artículo tercero bis, que queda redactado  como sigue:

 «1.ª El incumplimiento, durante un período superior a tres meses, del requisito  del capital social mínimo exigible para ejercer la actividad de tasación en la  legislación del mercado hipotecario, así como, durante igual período, la ausencia, o  la cobertura por importe inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad  civil establecido en esa misma normativa.»

Tres. La letra a) del artículo tercero bis.4 queda redactada del siguiente modo:

«a) El Banco de España incoará obligatoriamente un procedimiento  sancionador cuando exista una comunicación razonada de otro organismo o  autoridad administrativa en la que se ponga de manifiesto que la prestación  irregular de los servicios de tasación ha tenido repercusiones en su campo de  actuación administrativa. Asimismo, el Consejo de Consumidores y Usuarios podrá  solicitar al Banco de España la incoación de un procedimiento sancionador cuando,  a su juicio, se ponga de manifiesto la prestación irregular de los servicios de  tasación.»

Cuatro. El artículo tercero bis I) queda redactado del siguiente modo:

«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios  de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien aportada  por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador homologado de  conformidad con lo previsto en la presente Ley y no esté caducada según lo  dispuesto legalmente, y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda  realizar las comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningún caso  podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación. El incumplimiento de  esta obligación se entenderá en todo caso como infracción grave o muy grave de la  entidad de crédito en los términos de los artículos 5.d) o 4.e), respectivamente, de  la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de  Crédito, respectivamente.»

Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo tercero ter quedan redactados como sigue:

«1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente,  una participación significativa en una sociedad de tasación deberá informar  previamente de ello al Banco de España. Asimismo, se deberá comunicar al Banco  de España, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de  participaciones en su capital que traspasen el nivel señalado en el apartado 2 de este  artículo. Queda prohibida la adquisición o mantenimiento por parte de las entidades  de crédito, de forma directa o indirecta, de una participación significativa en una  sociedad de tasación. Idéntica prohibición de adquisición o mantenimiento de  participaciones significativas en una sociedad de tasación se extenderá a todas  aquellas personas físicas o jurídicas relacionadas con la comercialización, propiedad,  explotación o financiación de bienes tasados por la misma.

2. A los efectos de esta Ley se entenderá por participación significativa en una  sociedad de tasación aquélla que alcance, de forma directa o indirecta, al menos  el 10 por cien del capital o de los derechos de voto de la sociedad.

También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin  llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la  sociedad.»

Seis. El segundo párrafo del artículo quinto queda redactado del siguiente modo.

«El préstamo o crédito garantizado con esta hipoteca no podrá exceder del 60  por ciento del valor de tasación del bien hipotecado. Cuando se financie la  construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo o crédito podrá  alcanzar el 80 por ciento del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que  prevé esta Ley. El plazo de amortización del préstamo o crédito garantizado,  cuando financie la adquisición, construcción o rehabilitación de la vivienda habitual,  no podrá exceder de treinta años.»

Siete. Se suprime el tercer párrafo del artículo quinto.

Artículo 5. Modificación de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la  Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas  del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el  seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

La letra a) del apartado 1 de la disposición adicional primera queda redactada de la siguiente manera:

«a) que el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean  personas de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia o  personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o  superior al 33 por ciento.»

Artículo 6. Fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario en la comercialización  de los préstamos hipotecarios.

1. En la contratación de préstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado  siguiente se exigirá que la escritura pública incluya, junto a la firma del cliente, una  expresión manuscrita, en los términos que determine el Banco de España, por la que el  prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos  derivados del contrato.

2. Los contratos que requerirán la citada expresión manuscrita serán aquellos que  se suscriban con un prestatario, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una  vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o  edificios construidos o por construir, en los que concurra alguna de las siguientes  circunstancias:

 a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las  cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al  límite de variabilidad al alza;

 b) que lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de  tipo de interés, o bien;

 c) que se concedan en una o varias divisas.

 

CAPÍTULO III

Mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria

Artículo 7. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 552 que queda redactado del  siguiente modo:

«Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título  ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en  el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.ª»

Dos. Se añade una causa 7.ª al apartado 1 del artículo 557 que queda redactado del  siguiente modo:

«7.ª Que el título contenga cláusulas abusivas.»

Tres. Se añade un punto 3.ª al apartado 1 del artículo 561, que queda redactado del  siguiente modo:

«3.ª Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el  auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la  improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de  aquéllas consideradas abusivas.»

Cuatro. Se añade un apartado 1 bis al artículo 575 que queda redactado del  siguiente modo:

«1 bis. En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las  costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad  que se reclame en la demanda ejecutiva.»

Cinco. El artículo 579 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 579. Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados.

1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o  pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V  de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera  insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la  ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución  proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en el supuesto de  adjudicación de la vivienda habitual hipotecada, si el remate aprobado fuera  insuficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, la  ejecución, que no se suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las  siguientes especialidades:

a) El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el  plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o  adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara  pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el  momento del pago. Quedará liberado en los mismos términos si, no pudiendo  satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, satisficiera el 80 por cien  dentro de los diez años. De no concurrir las anteriores circunstancias, podrá el  acreedor reclamar la totalidad de lo que se le deba según las estipulaciones  contractuales y normas que resulten de aplicación.

b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en  favor del ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o  cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación,  procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda  pagar al ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por  cien de la plusvalía obtenida en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los  costes que debidamente acredite el ejecutante.

Si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que  exceda del importe por el que el deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se pondrá a su disposición el remanente. El Secretario judicial  encargado de la ejecución hará constar estas circunstancias en el decreto de  adjudicación y ordenará practicar el correspondiente asiento de inscripción en el  Registro de la Propiedad en relación con lo previsto en la letra b) anterior.»

Seis. El artículo 647.1 queda redactado del siguiente modo:

 «Artículo 647. Requisitos para pujar. Ejecutante licitador.

1. Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes  requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la  subasta.

3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y  Consignaciones o de que han prestado aval bancario por el 5 por ciento del valor  de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades  recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a  los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652.»

Siete. El artículo 654 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 654. Pago al ejecutante, destino del remanente, imputación de pagos y  certificación de deuda pendiente en caso de insuficiencia de la ejecución.

 1. El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por  la que se hubiere despachado ejecución y, si sobrepasare dicha cantidad, se  retendrá el remanente a disposición del tribunal, hasta que se efectúe la liquidación  de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe de las costas de la  ejecución.

 2. Se entregará al ejecutado el remanente que pudiere existir una vez  finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el ejecutante  y pagadas las costas.

 3. En el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la  cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas  devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente  orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además  el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda  pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal,  a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas.»

Ocho. El artículo 668 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 668. Contenido del anuncio de la subasta.

La subasta se anunciará con arreglo a lo previsto en el artículo 646,  expresándose en los edictos la identificación de la finca, que se efectuará en forma  concisa e incluyendo los datos registrales y la referencia catastral si la tuviera, la  situación posesoria si le consta al juzgado, la valoración inicial para la subasta,  determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 666 y los extremos siguientes:

 1. Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o  inmuebles que se subastan está de manifiesto en la Oficina judicial sede del órgano  de la ejecución.

 2. Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación  existente o que no existan títulos.

 3. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor  continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de  aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Asimismo la subasta se anunciará en el portal de subastas judiciales y  electrónicas existentes y dependiente del Ministerio de Justicia. En la publicación  del anuncio se hará expresa mención al portal y a la posibilidad de consulta más  detallada de los datos.»

Nueve. El apartado 1 del artículo 670 queda redactado del siguiente modo:

«1. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el  que el bien hubiere salido a subasta, el Secretario judicial responsable de la  ejecución, mediante decreto, el mismo día o el día siguiente, aprobará el remate en  favor del mejor postor. En el plazo de cuarenta días, el rematante habrá de  consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo  depositado y el precio total del remate.»

Diez. El artículo 671 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 671. Subasta sin ningún postor.

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el  plazo de veinte días, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda  habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del  valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba  por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la  adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien  hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es  inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de  imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el  Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»

Once. El artículo 682 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 682. Ámbito del presente capítulo.

1. Las normas del presente Capítulo sólo serán aplicables cuando la ejecución  se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la  deuda por la que se proceda.

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente  Capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior,  se cumplan los requisitos siguientes:

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio  en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la  subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado  en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de  marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para  la práctica de los requerimientos y de las notificaciones. En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente  por domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.

3. El Registrador hará constar en la inscripción de la hipoteca las  circunstancias a que se refiere el apartado anterior.»

Doce. Se modifica el artículo 691.2, que pasa tener la siguiente redacción:

«2. La subasta se anunciará, al menos, con veinte días de antelación. El  señalamiento del lugar, día y hora para el remate se notificará al deudor, con la misma antelación, en el domicilio que conste en el Registro o, en su caso, en la  forma en que se haya practicado el requerimiento conforme a lo previsto en el  artículo 686 de esta Ley. Durante dicho plazo cualquier interesado en la subasta  podrá solicitar del tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles hipotecados, quien  lo comunicará a quien estuviere en la posesión, solicitando su consentimiento.  Cuando el poseedor consienta la inspección del inmueble y colabore  adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para facilitar el mejor desarrollo  de la subasta del bien hipotecado, podrá solicitar al tribunal una reducción de la  deuda hipotecaria de hasta un 2 por cien del valor por el que el bien hubiera sido  adjudicado. El tribunal, atendidas las circunstancias, y previa audiencia del  ejecutante por plazo no superior a cinco días, decidirá lo que proceda dentro del  máximo deducible.»

Trece. El artículo 693 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 693. Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo  pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a  plazos.

 1. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de  pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse  en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su  obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha  incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así se  hará constar por el Notario en la escritura de constitución. Si para el pago de alguno  de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien  hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará  la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la  parte del crédito que no estuviere satisfecha.

 2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si  se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos,  tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de  cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al  menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de  constitución.

 3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar  que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se  comunique al deudor que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta,  podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por  principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda,  incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de  demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten  impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se  proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el  consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las  cantidades expresadas en el párrafo anterior.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores  ocasiones siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación  y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados  anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas  atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1 bis y, una vez  satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará decreto liberando el bien y  declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo  realice un tercero con el consentimiento del ejecutante.»

Catorce. El artículo 695 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 695. Oposición a la ejecución.

1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la  oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se  presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en  su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de  cancelación de la garantía.

2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda  garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y  ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten  los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje  dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al  saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas  de contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro o financiación  en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será  la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, pero el ejecutado  deberá expresar con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación  efectuada por la entidad.

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se  haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra  prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al  gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la  correspondiente certificación registral.

4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el  fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario  judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia  ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo  mediar cuatro días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las  partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo  que estime procedente dentro del segundo día.

3. El auto que estime la oposición basada en las causas 1.ª y 3.ª del apartado 1  de este artículo mandará sobreseer la ejecución; el que estime la oposición basada  en la causa 2.ª fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución.

De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución  cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se continuará  la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la  inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este  artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán  exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»

CAPÍTULO IV

Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de  protección de deudores hipotecarios sin recursos

Artículo 8. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas  urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de  deudores hipotecarios sin recursos, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a los contratos  de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se  encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de su  entrada en vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que  serán de aplicación general.

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los  avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual y con las mismas  condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.»

Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo: «

1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de  un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando  concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no  supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A  estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su  cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con  independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados  por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público  de Renta de Efectos Múltiples en caso de que alguno de los miembros de la unidad  familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de  dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma  permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador,  en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con  enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad  reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o  sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por  ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente,  a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

 b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad  familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas,  en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho  período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa  de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga  hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que  la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del  préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud  de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de  especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo

3.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada  discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad  que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una  actividad laboral.

4.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos  netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho  porcentaje será del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo párrafo del  apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una  discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la  Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente  en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases  pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad  permanente para el servicio o inutilidad.

2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la  ejecución hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será además  preciso que se cumplan los siguientes requisitos.

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de  cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer  frente a la deuda.

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que  recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido  para la adquisición de la misma.

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías,  reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros  bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad  familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

3. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se  acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los  siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación  del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración  Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, con  relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Últimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que  figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por  desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de  inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades  Autónomas y las entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la  prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el  que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de  hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas  en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos  acreditativos y a los seis meses anteriores.

3.º Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad  permanente para realizar una actividad laboral.

c) Titularidad de los bienes: 1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en  relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar. 2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía  hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías  reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de  los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión según  el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del  cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.»

Tres. Se introduce un nuevo artículo 3 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 3 bis. Fiadores e hipotecantes no deudores.

Los fiadores e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de  exclusión podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin  perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código  de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el  contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.»

Cuatro. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca  inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el  interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad  la aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas prácticas y  acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como  máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el  préstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.

2. Esta moderación de intereses no será aplicable a deudores o contratos  distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley.»

Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«1. El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo será de adhesión  voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de  manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos  hipotecarios.

2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas  constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de  viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores:

a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 250.000 euros para  viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 50.000  euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los  integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de  habitantes: 225.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas,  ampliándose dicho valor en 45.000 euros adicionales por cada persona a cargo,  hasta un máximo de tres;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 euros para  viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 37.500 euros  adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 euros para viviendas  habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 30.000 euros  adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres.

A efectos de lo anterior se tendrán en cuenta las últimas cifras de población  resultantes de la revisión del Padrón Municipal. Asimismo se entenderán por  personas a cargo, los descendientes y ascendientes y los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar que habiten en la misma vivienda  y que dependan económicamente del deudor por percibir rentas inferiores al salario  mínimo interprofesional.

No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del  Código las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos  para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido  de los siguientes valores:

a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en  áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 180.000 euros;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 euros.

3. Las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro  y Política Financiera. En los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y  octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante  resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede  electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín  Oficial del Estado.

4. Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una vez que se produzca la  acreditación por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de  exclusión, serán de obligada aplicación las previsiones del Código de Buenas  Prácticas. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá compeler a la  otra a la formalización en escritura pública de la novación del contrato resultante de  la aplicación de las previsiones contenidas en el Código de Buenas Prácticas. Los  costes de dicha formalización correrán a cargo de la parte que la solicite.

5. La novación del contrato tendrá los efectos previstos en el artículo 4.3 de la  Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos  Hipotecarios, con respecto a los préstamos y créditos novados.

6. La adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo de dos  años, prorrogable automáticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa  de la entidad adherida, notificada a la Secretaría General del Tesoro y Política  Financiera con una antelación mínima de tres meses.

7. El contenido del Código de Buenas Prácticas resultará de aplicación  exclusiva a las entidades adheridas, deudores y contratos a los que se refiere este  Real Decreto-ley. No procederá, por tanto, la extensión de su aplicación, con  carácter normativo o interpretativo, a ningún otro ámbito.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades adheridas  podrán con carácter puramente potestativo aplicar las previsiones del Código de  Buenas Prácticas a deudores distintos de los comprendidos en el artículo 3 y  podrán, en todo caso, en la aplicación del Código, mejorar las previsiones  contenidas en el mismo.

9. Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas habrán de informar  adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el  Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente en su red comercial de  oficinas. En particular, las entidades adheridas deberán comunicar por escrito la  existencia de este Código, con una descripción concreta de su contenido, y la  posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que hayan incumplido el pago  de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el  pago de su deuda hipotecaria.»

Seis. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«1. El cumplimiento del Código de Buenas Prácticas por parte de las  entidades adheridas será supervisado por una comisión de control constituida al  efecto.

2. La comisión de control estará integrada por once miembros:

a) Uno nombrado por el Ministerio de Economía y Competitividad con al  menos rango de Director General, que presidirá la comisión y tendrá voto de  calidad.

b) Uno designado por el Banco de España, que actuará como Secretario.

c) Uno designado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

d) Un juez designado por el Consejo General del Poder Judicial.

e) Un Secretario Judicial designado por el Ministerio de Justicia.

f) Un Notario designado por el Consejo General del Notariado.

g) Uno designado por el Instituto Nacional de Estadística.

h) Uno designado por la Asociación Hipotecaria Española.

i) Uno designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.

j) Dos designados por las asociaciones no gubernamentales que determinará  el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que realicen labores de  acogida.

La comisión de control determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá  cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia  de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio  régimen de convocatorias.

3. Para la válida constitución de la comisión a efectos de la celebración de  sesiones, deliberaciones y adopción de decisiones, será necesaria la asistencia de,  al menos, cinco de sus miembros, siempre que entre ellos figure el Presidente. Sus  acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros.

4. La comisión de control recibirá y evaluará la información que, en relación con  los apartados 5 y 6, le traslade el Banco de España y publicará semestralmente un  informe en el que evalúe el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.  Este informe deberá remitirse a la Comisión de Economía y Competitividad del  Congreso de los Diputados.

Asimismo, corresponderá a esta comisión la elaboración del modelo normalizado  de declaración responsable a que se refiere la letra d) del artículo 3.3.

5. Las entidades adheridas remitirán al Banco de España, con carácter  mensual, la información que les requiera la comisión de control. Esta información  incluirá, en todo caso:

a) El número, volumen y características de las operaciones solicitadas,  ejecutadas y denegadas en aplicación del Código de Buenas Prácticas, con el  desglose que se considere adecuado para valorar el funcionamiento del Código.

b) Información relativa a los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre  viviendas de personas físicas.

c) Información relativa a las prácticas que lleven a cabo las entidades en  relación con el tratamiento de la deuda hipotecaria vinculada a la vivienda de las  personas físicas.

d) Las reclamaciones tramitadas conforme a lo previsto en el apartado  siguiente. La Comisión de Control podrá igualmente requerir a las entidades adheridas  cualquier otra información que considere apropiada en relación con la protección  de deudores hipotecarios.

6. Podrán formularse ante el Banco de España las reclamaciones derivadas  del presunto incumplimiento por las entidades de crédito del Código de Buenas  Prácticas, las cuales recibirán el mismo tratamiento que las demás reclamaciones  cuya tramitación y resolución corresponde al citado Banco de España.

7. La Comisión podrá analizar y elevar al Gobierno propuestas relativas a la  protección de los deudores hipotecarios.»  

Siete. Se introduce un nuevo Capítulo VI con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO VI

Régimen sancionador

Artículo 15. Régimen sancionador.

Lo previsto en los apartados 4 y 9 del artículo 5, y en el artículo 6.5 tendrá la  condición de normativa de ordenación y disciplina, conforme a lo previsto en la  Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de  Crédito, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan de los mismos se  considerará infracción grave, que se sancionará de acuerdo con lo establecido en  dicha Ley.»

Ocho. El Anexo queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO

Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con  garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual

1. Medidas previas a la ejecución hipotecaria: reestructuración de deudas  hipotecarias.

 a) Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del  Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de  deudores hipotecarios sin recursos, podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora  la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio  y largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuración, acompañarán la  documentación prevista en el artículo 3.3 del citado Real Decreto-ley.

No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un  procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la subasta.

 b) En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud anterior junto  con la documentación a que se refiere la letra anterior, la entidad deberá notificar y  ofrecer al deudor un plan de reestructuración en el que se concreten la ejecución y  las consecuencias financieras para el deudor de la aplicación conjunta de las  medidas contenidas en esta letra. Sin perjuicio de lo anterior, el deudor podrá  presentar en todo momento a la entidad una propuesta de plan de reestructuración,  que deberá ser analizada por la entidad, quien, en caso de rechazo, deberá  comunicar al deudor los motivos en que se fundamente.

i. Carencia en la amortización de capital de cinco años. El capital  correspondiente a las cuotas de ese periodo podrá o bien pasarse a una cuota final  al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o realizarse  una combinación de ambos sistemas.

ii. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar  desde la concesión del préstamo.

iii. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el  plazo de carencia.

Adicionalmente, las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas  contraídas por el deudor.

No conllevará costes por compensación la amortización anticipada del crédito o  préstamo hipotecario solicitada durante los diez años posteriores a la aprobación  del plan de reestructuración.

c) En el plan de reestructuración la entidad advertirá, en su caso, del carácter  inviable del plan conforme al criterio previsto en el apartado siguiente o que, de resultar dicho plan inviable, se podrán solicitar las medidas complementarias  previstas en el siguiente apartado.

2. Medidas complementarias.

a) Los deudores para los que el plan de reestructuración previsto en el  apartado anterior resulte inviable dada su situación económico financiera, podrán  solicitar una quita en el capital pendiente de amortización en los términos previstos  en este apartado, que la entidad tendrá facultad para aceptar o rechazar en el plazo  de un mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de  reestructuración.

A estos efectos, se entenderá por plan de reestructuración inviable aquel que  establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 50 por cien de los ingresos  que perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar.

b) Al objeto de determinar la quita, la entidad empleará alguno de los  siguientes métodos de cálculo y notificará, en todo caso, los resultados obtenidos  al deudor, con independencia de que la primera decida o no conceder dicha quita:

i. Reducción en un 25 por cien.

ii. Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que  guarde con el total del capital prestado la misma proporción que el número de  cuotas satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas.

iii. Reducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor  actual de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación  dos veces la diferencia con el préstamo concedido, siempre que el primero resulte  inferior al segundo.

c) Esta medida también podrá ser solicitada por aquellos deudores que se  encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya  producido el anuncio de la subasta. Asimismo podrá serlo por aquellos deudores  que, estando incluidos en el umbral de exclusión al que se refiere el Real Decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores  hipotecarios sin recursos, no han podido optar a la dación en pago por presentar la  vivienda cargas posteriores a la hipoteca.

3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la  vivienda habitual.

a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los  deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decretoley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores  hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuración y las medidas  complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el  apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los  términos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estará obligada a  aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o  tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.

b) La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada  con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente  a la entidad por razón de la misma deuda.

c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago,  podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de  arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la  deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta  devengará un interés de demora del 10 por cien.

d) Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la  plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la  colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión.

e) Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en  procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los  que la vivienda esté gravada con cargas posteriores

4. Publicidad del Código de Buenas Prácticas.

Las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de  Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes.»

 

 Disposición adicional primera. Fondo social de viviendas.

Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de  un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer  cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el  impago de un préstamo hipotecario. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo  facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles  en función de los ingresos que perciban.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se podrá valorar la  ampliación del ámbito de cobertura del fondo social de viviendas a personas que se  encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas en el  artículo 1 de esta Ley. Antes de dicho periodo, únicamente podrán efectuarse  adjudicaciones a dichas personas cuando las circunstancias excepcionales del caso lo  justificasen y así se pusiese de manifiesto.

 

Disposición adicional segunda. Informe del Banco de España sobre la independencia  de las sociedades de tasación.

En el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ley, el Banco de España  remitirá al Gobierno un informe en el que se analicen las posibles medidas a impulsar  para, en aras de garantizar la estabilidad financiera y el correcto funcionamiento del  mercado hipotecario, se fortalezca la independencia en el ejercicio de la actividad de las  sociedades de tasación y la calidad de sus valoraciones de bienes inmuebles.

Disposición adicional tercera. Publicación por el Banco de España de la Guía de Acceso  al Préstamo Hipotecario.

En el plazo de dos meses desde la aprobación de esta Ley, el Banco de España  publicará la «Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario» a la que se refiere el artículo 20  de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente  de servicios bancarios.

 

 Disposición adicional cuarta. Exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales.

A los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisición de viviendas acogidas a  financiación estatal protegida, no se les exigirá la autorización administrativa ni el  reintegro a la Administración General del Estado de las ayudas recibidas ni de las  exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas cuando la vivienda protegida sea objeto  de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisión  mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.

Tampoco se exigirá a los adquirentes de viviendas acogidas a financiación estatal de  protección oficial la devolución de las ayudas otorgadas siempre que, como consecuencia  de reestructuraciones o quitas de deudas hipotecarias realizadas al amparo del Real  Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a deudores  hipotecarios sin recursos, se modifiquen las condiciones de los préstamos regulados en los  distintos planes estatales de vivienda aun cuando éstos se conviertan en préstamos libres.

Las previsiones contenidas en esta Disposición adicional no implicaran la modificación  del régimen jurídico de calificación de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a la  misma.

 

Disposición transitoria primera. Procedimientos en curso.

Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución  hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se  hubiese ejecutado el lanzamiento.

 

Disposición transitoria segunda. Intereses de demora de hipotecas constituidas sobre  vivienda habitual.

La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda  habitual prevista en el artículo 3 apartado Dos será de aplicación a las hipotecas  constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos en  los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la  entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a  los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la  entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se  solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el  Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad  conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.»

 

Disposición transitoria tercera. Régimen de participaciones significativas en una sociedad  de tasación.

 Las entidades de crédito, así como las personas físicas o jurídicas relacionadas con  la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por aquellas,  deberán reducir sus participaciones en las sociedades de tasación en cumplimiento de lo  previsto en el artículo 3 ter de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado  Hipotecario, en el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de esta Ley.

 

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procesos de ejecución.

1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,  introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados  a su entrada en vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes  de realizar.

2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de  esta Ley en los que haya transcurrido el periodo de oposición de diez días previsto en el  artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán de un  plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición basado  en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del  artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la entrada en  vigor de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de oposición tendrá como  efecto la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a  lo previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya  culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en  el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en  vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el periodo de oposición de diez días previsto en el  artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán del  mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para formular oposición  basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición previstas en los artículos 557  y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de comunicación plena  y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3  de este artículo, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil será de aplicación  a las adjudicaciones de vivienda habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor  de esta Ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y  que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las letras a) y b) del citado  artículo. En estos casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 2013 se  prolongarán hasta el 1 de enero de 2014.

La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso la obligación  del ejecutante de devolver las cuantías ya percibidas del ejecutado.

 

 Disposición transitoria quinta. Venta extrajudicial.

Lo previsto en el artículo 3 apartado Tres se aplicará a las ventas extrajudiciales que  se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la esta Ley, cualquier que fuese la  fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitución de hipoteca. En las ventas extrajudiciales iniciadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley  y en las que no se haya producido la adjudicación del bien hipotecado, el Notario acordará  su suspensión cuando, en el plazo preclusivo de un mes desde el día siguiente a la  entrada en vigor de esta Ley, cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el  Juez competente, conforme a lo previsto por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el  carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo hipotecario que constituya  el fundamento de la venta extrajudicial o que determine la cantidad exigible.

 

Disposición transitoria sexta. Constitución de la Comisión de Control del Código de  Buenas Prácticas.

La Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas habrá de constituirse y  celebrar su primera reunión, con la composición prevista en el apartado 6 del artículo 8,  en el plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

 

Disposición transitoria séptima. Aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Los procedimientos de aplicación del Código de Buenas Prácticas iniciados y no  finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por lo dispuesto en el Real  Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, incorporando las adaptaciones necesarias para  ajustarse a los cambios que introduce esta Ley en el Código, a partir de que la entidad  comunique su adhesión.

La aplicación de las modificaciones de este Código en ningún caso implicará un  empeoramiento de la situación para el deudor, en relación con la protección que hubiera  recibido de acuerdo con la antigua redacción del Código.

 

Disposición transitoria octava. Adhesión al Código de Buenas Prácticas.

Las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el  Código de Buenas Prácticas por esta Ley a la Secretaria General del Tesoro y Política  Financiera. En los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el  Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará  la publicación del listado de las entidades adheridas a dichas modificaciones en la sede  electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el Boletín Oficial  del Estado.

Las entidades que se hubieran adherido al Código de Buenas Prácticas aprobado por  el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de  deudores hipotecarios sin recursos y no se adhieran a las modificaciones introducidas en  el mismo por esta Ley seguirán obligadas en los términos de dicho Real Decreto Ley, en  su versión originaria.

 

 Disposición transitoria novena. Límite de emisión de cédulas hipotecarias.

Los préstamos y créditos hipotecarios con plazo de amortización superior a 30 años  formalizados por las entidades con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y que  cumpliesen el resto de requisitos contenidos en la Sección II de la Ley 2/1981, de 25 de  marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, seguirán perteneciendo, hasta su completa  amortización, a la cartera de préstamos y créditos elegibles a efectos del cálculo del límite  de emisión de cédulas hipotecarias contenido en el artículo 16 de dicha Ley.

 

 Disposición transitoria décima. Aplicaciones de las exenciones de devolución de ayudas  y beneficios fiscales relativos a Viviendas de Protección Oficial.

Lo previsto en la disposición adicional cuarta será de aplicación tanto a los  procedimientos iniciados a la entrada en vigor de esta Ley como a aquellos otros que,  habiéndose iniciado antes de dicha fecha, no hayan finalizado.

 

Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de  los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002,  de 29 de noviembre.

Se añade una Disposición adicional séptima en los términos siguientes:

 «Disposición adicional séptima. Disponibilidad de los planes de pensiones en  caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual.

Durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de  medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración  de deuda y alquiler social, excepcionalmente, los partícipes de los planes de  pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de  procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe.  Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán  hacerse efectivos los derechos consolidados en dicho supuesto, debiendo concurrir  al menos los siguientes requisitos:

a) Que el partícipe se halle incurso en un procedimiento de ejecución forzosa  judicial, administrativa o venta extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones,  en el que se haya acordado proceder a la enajenación de su vivienda habitual.

b) Que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía  suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución y evitar la  enajenación de la vivienda.

c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de  pensiones sea suficiente para evitar la enajenación de la vivienda.

El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del  partícipe, en un pago único en la cuantía necesaria para evitar la enajenación de la  vivienda, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los  planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de  siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa  correspondiente.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá  ampliar el plazo previsto en esta Disposición para solicitar el cobro de los planes de  pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual o  establecer nuevos periodos a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de  renta disponible ante la situación de endeudamiento derivada de las circunstancias  de la economía.

Lo dispuesto en esta Disposición será igualmente aplicable a los asegurados  de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y  mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en  general a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en  los que se haya transmitido a los asegurados la titularidad de los derechos  derivados de las primas pagadas por la empresa así como respecto a los derechos  correspondientes a primas pagadas por aquellos.»

 

 Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de ordenación y  supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004,  de 29 de octubre.

Se modifica el apartado 3 del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de ordenación  y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004,  de 29 de octubre, en los siguientes términos:

«3. En los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversión  se informará de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a percibir  depende de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del  asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros.

En aquéllas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no asuma el  riesgo de la inversión se informará de la rentabilidad esperada de la operación,  considerando todos los costes. Las modalidades a las que resulta aplicable así  como la metodología de cálculo de la rentabilidad esperada se determinarán  reglamentariamente.»

Disposición final tercera. Títulos competenciales.

Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª  del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia  exclusiva sobre legislación mercantil y procesal, legislación civil, bases de la ordenación  del crédito, banca y seguros, bases y coordinación de la planificación general de la  actividad económica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

 

 Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan  guardar esta ley.

Madrid, 14 de mayo de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

 


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