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Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
(BOE núm. 310, de 27-12-02, pp.
45504-45515; corrección de errores BOE núm. 92, de 17-04-2003, p. 15229)
[El apartado 1 del artículo 45 ha sido
modificado por la Disposición Final segunda de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE núm. 284, de 27-11-2003,
pp. 42079-42126)].
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A
todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El
artículo 34 de la
Constitución reconoce «el derecho de fundación para fines de interés
general, con arreglo a la Ley». Por su parte, el artículo 53.1 del texto
constitucional reserva a la ley la regulación del ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I,
entre los que se encuentra el de fundación, especificando que dichas
normas legales deben en todo caso respetar el contenido esencial de tales
derechos y libertades.
Hasta el momento, esta previsión constitucional se encontraba cumplida
mediante la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general, que regulaba en un solo cuerpo legal
el régimen jurídico de los entes fundacionales y las ventajas de carácter
impositivo que se conceden a las personas privadas, físicas o jurídicas
(sin limitarse a las de naturaleza fundacional), por sus actividades o
aportaciones económicas en apoyo de determinadas finalidades de interés
público o social. Dicha Ley puso fin a un régimen regulador de las
fundaciones que cabría calificar de vetusto (algunas de sus normas databan
de mediados del siglo XIX), fragmentario, incompleto y aun contradictorio,
satisfaciendo las legítimas demandas y aspiraciones reiteradamente
planteadas por el sector, y adaptando, en suma, esta normativa a las
exigencias del nuevo orden constitucional, singularmente en lo que se
refiere al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
Diversas exigencias aconsejan, sin embargo, proceder a la revisión de este
marco legal.
En
primer lugar, resulta necesario acoger en nuestro sistema jurídico algunas
experiencias innovadoras que se han desarrollado en los últimos años en el
derecho comparado, y que pueden servir para fortalecer el fenómeno
fundacional en nuestro país.
Por
otro lado, la reforma da respuesta a las demandas de las propias
fundaciones, en un sentido general de superar ciertas rigideces de la
anterior regulación, que, sin significar claras ventajas para el interés
público, dificultaban el adecuado desenvolvimiento de la actividad
fundacional: simplificación de trámites administrativos, reducción de los
actos de control del Protectorado, reforma del régimen de organización y
funcionamiento del Patronato, etc.
La
presente Ley aborda la regulación sustantiva y procedimental de las
fundaciones, dejando para una norma legal distinta lo que constituía el
contenido del Título II de la anterior, esto es, los incentivos fiscales a
la participación privada en actividades de interés general, por ser ésta
una materia que presenta unos perfiles específicos que demandan un
tratamiento separado.
Tres son los objetivos que se pretende alcanzar con esta nueva regulación
del derecho de fundación. En primer término, reducir la intervención de
los poderes públicos en el funcionamiento de las fundaciones. Así, se ha
sustituido en la mayor parte de los casos la exigencia de autorización
previa de actos y negocios jurídicos por parte del Protectorado, por la de
simple comunicación al mismo del acto o negocio realizado, con objeto de
que pueda impugnarlo ante la instancia judicial competente, si lo
considera contrario a derecho, y, eventualmente, ejercitar acciones
legales contra los patronos responsables.
Por
otra parte, se han flexibilizado y simplificado los procedimientos,
especialmente los de carácter económico y financiero, eximiendo además a
las fundaciones de menor tamaño del cumplimiento de ciertas obligaciones
exigibles a las de mayor entidad.
Por
último, la Ley pretende, a lo largo de todo su articulado, dinamizar y
potenciar el fenómeno fundacional, como cauce a través del que la sociedad
civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de fines de
interés general.
El
Parlamento Europeo, en su Resolución sobre las fundaciones en Europa (RA.
304/93), señala, en este sentido, que «merecen apoyo especial las
fundaciones que participen en la creación y desarrollo de respuestas e
iniciativas, adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad
contemporánea. Particularmente, las que luchan por la defensa de la
democracia, el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos,
la profundización de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente,
la financiación de la cultura, las ciencias y prácticas médicas y la
investigación».
También nuestro Tribunal Constitucional (STC 18/1984, de 7 de febrero,
entre otras) ha apuntado que una de las notas características del Estado
social de Derecho es que los intereses generales se definen a través de
una interacción entre el Estado y los agentes sociales, y que esta
interpenetración entre lo público y lo privado trasciende también al campo
de lo organizativo, en donde, como es fácil entender, las fundaciones
desempeñan un papel de primera magnitud.
En
un breve repaso de las novedades más significativas del nuevo texto legal,
destaca en el capítulo I la regulación de las
fundaciones extranjeras, que queda circunscrita a aquéllas que pretendan
ejercer actividades en España de manera estable. Se especifica que el
Registro competente para su inscripción dependerá del ámbito, autonómico o supraautonómico en que desarrollen principalmente sus actividades, y que
se sancionará el incumplimiento de los requisitos legales con la
prohibición de usar la denominación «Fundación» en nuestro territorio.
Se
introduce en este capítulo una nueva regulación de la denominación de las
fundaciones, que pretende evitar duplicidades e inscripciones abusivas.
En
el capítulo II, la Ley establece una presunción de
suficiencia de la dotación a partir de 30.000 euros, a fin de garantizar
la viabilidad económica de la nueva entidad, sin perjuicio de que esta
cantidad pueda ser reducida cuando el Protectorado lo considere necesario,
en atención a los fines específicos de cada fundación.
Por
otra parte, para garantizar la seriedad de las actuaciones conducentes a
la constitución de las fundaciones, se prevé el cese de los patronos que
no hubiesen instado la inscripción de la entidad constituida en los seis
meses siguientes al otorgamiento de la escritura fundacional, procediendo
el Protectorado a nombrar nuevos patronos, previa autorización judicial,
que asuman explícitamente la obligación de inscribir la fundación en el
correspondiente Registro de Fundaciones.
En
el capítulo III, se potencia la estabilidad y el
adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno de las fundaciones con
la obligatoriedad de la figura del Secretario, y con la posibilidad de
crear órganos distintos del Patronato para el desempeño de los cometidos
que expresamente se le encomienden.
Con
objeto de facilitar el funcionamiento del Patronato, se prevé, además de
la obligada representación de las personas jurídicas por personas físicas,
que los patronos puedan ser representados por otros miembros del órgano
colegiado.
Se
admite la posibilidad, hasta ahora inédita en la Ley, de que el Patronato
acuerde una retribución adecuada a los patronos que presten a la fundación
servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que
les corresponden como miembros del Patronato, siempre que el fundador no
lo hubiese prohibido, resolviéndose así una problemática reiteradamente
planteada por el sector.
El
patrimonio de la fundación, regulado en el capítulo IV,
es uno de los campos donde el principio de libertad inspirador de toda la
Ley se pone más ampliamente de manifiesto, al sustituirse, en determinados
supuestos, el sistema de autorización previa por parte del Protectorado
por la simple comunicación al mismo del acto o negocio realizado, al
objeto de que éste pueda, en su caso, llevar a cabo las acciones legales
procedentes.
En
el capítulo V se recoge la posibilidad de que la
fundación pueda desarrollar por sí misma actividades económicas, siempre
que se trate de actividades relacionadas con los fines fundacionales o
sean accesorias o complementarias de las mismas.
Con
objeto de facilitar la gestión contable de las fundaciones de menores
dimensiones, se autoriza la utilización de modelos abreviados de rendición
de cuentas cuando cumplan los requisitos establecidos legalmente al efecto
para las sociedades mercantiles. Por otra parte, las fundaciones de
reducido tamaño podrán adoptar un modelo simplificado de llevanza de
contabilidad y estarán exentas de la obligación general de someter las
cuentas anuales a auditoría externa.
Por
otra parte, la obligación de aprobar un presupuesto anual ha sido
sustituida por la de presentar un plan de actuación, con lo que,
manteniéndose la finalidad esencial de ofrecer información acerca de los
proyectos fundacionales, se facilita en gran medida la gestión de estas
entidades.
El
capítulo VII reformula las funciones del Protectorado,
potenciando las de apoyo y asesoramiento a las fundaciones sobre las que
ejerce su competencia, en especial a las que se encuentran en proceso de
constitución.
En
el capítulo VIII, regulador del Registro de Fundaciones
de competencia estatal, se prevé por vez primera la creación de una
sección de denominaciones, en la que se anotarán los nombres de las
fundaciones inscritas en los Registros estatal y autonómicos, así como las
denominaciones sobre cuya utilización exista reserva temporal, con objeto
de evitar duplicidades.
De
otro lado, se crea en el Consejo Superior de Fundaciones una Comisión de
cooperación e información registral que se encargará de establecer
mecanismos para la colaboración e información mutua entre Registros.
El
capítulo XI diseña el régimen aplicable a las
fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector público
estatal, aplicando la técnica fundacional al ámbito de la gestión pública.
En esta regulación se establecen los requisitos y limitaciones exigidos
por la especial naturaleza de la referida figura fundacional de carácter
público.
En
las disposiciones adicionales y finales
se excluye de la aplicación de la Ley a las fundaciones gestionadas por el
Patrimonio Nacional, denominadas Reales Patronatos, y se dispone el
estricto respeto a lo dispuesto en los acuerdos y convenios de cooperación
suscritos por el Estado con la Iglesia Católica y con otras iglesias y
confesiones, en relación con las fundaciones creadas o fomentadas por las
mismas.
Por
otra parte, la aplicación de la nueva normativa obliga a establecer las
necesarias previsiones en cuanto a la subsistencia temporal de los
actuales Registros de Fundaciones de competencia estatal, así como a fijar
un plazo para la adaptación, cuando proceda, de los Estatutos de las
fundaciones ya constituidas.
En
una Ley como la presente, donde se contienen preceptos reguladores de las
fundaciones de competencia estatal junto a otros dirigidos a todas las
fundaciones, resulta de capital importancia efectuar una delimitación
precisa de los distintos tipos de normas.
En
tal sentido, la disposición final primera enumera los
preceptos que son de aplicación a todas las fundaciones, sean estatales o
autonómicas, bien por regular las condiciones básicas que garantizan la
igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de fundación (artículo
149.1.1.ª CE), bien por su naturaleza procesal (artículo 14 CE), bien
por incorporar normas de derecho civil, sin perjuicio de la aplicabilidad
preferente del derecho civil foral o especial allí donde exista (artículo
149.1.8.ª CE). Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación
únicamente a las fundaciones de competencia estatal.
La
nueva regulación de las Fundaciones del Sector Público Estatal ha obligado
a realizar en la Ley General Presupuestaria determinadas adaptaciones, que
se introducen por medio de una disposición final.
Por
último, cabe destacar que, pese a la relevancia de las innovaciones
realizadas, se ha conservado un importante número de preceptos de la
Ley de 1994, cuya validez y eficacia han sido
confirmadas por la práctica.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
La
presente Ley tiene por objeto desarrollar el derecho de fundación,
reconocido en el artículo
34 de la Constitución y establecer las normas de régimen jurídico de
las fundaciones que corresponde dictar al Estado, así como regular las
fundaciones de competencia estatal.
Artículo 2. Concepto.
1.
Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por
voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio
a la realización de fines de interés general.
2.
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos
y, en todo caso, por la Ley.
Artículo 3. Fines y beneficiarios.
1.
Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden
ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas
del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social,
cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios,
laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el
desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción
social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social,
de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores
constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de
la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de
investigación científica y desarrollo tecnológico.
2.
La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de
personas. Tendrán esta consideración los colectivos de trabajadores de una
o varias empresas y sus familiares.
3.
En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal
de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes
hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas
singularizadas que no persigan fines de interés general.
4.
No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones cuya finalidad
exclusiva o principal sea la conservación y restauración de bienes del
patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en particular
respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.
Artículo 4. Personalidad jurídica.
1.
Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la
escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de
Fundaciones. La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura
no se ajuste a las prescripciones de la ley.
2.
Sólo las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el apartado
anterior, podrán utilizar la denominación de «Fundación».
Artículo 5. Denominación.
1.
La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas:
a)
Deberá figurar la palabra «Fundación», y no podrá coincidir o asemejarse
de manera que pueda crear confusión con ninguna otra previamente inscrita
en los Registros de Fundaciones.
b)
No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las
leyes o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
c)
No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar el nombre de
organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como internacionales,
salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.
d)
La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la
denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador
deberá contar con su consentimiento expreso, o, en caso de ser incapaz,
con el de su representante legal.
e)
No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que
no se correspondan con los fines fundacionales, o induzcan a error o
confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.
f)
Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en la
legislación vigente.
2.
No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las reglas
establecidas en el apartado anterior, o conste que coincide o se asemeja
con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro público, o
con una denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o
privadas por su legislación específica.
Artículo 6. Domicilio.
1.
Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen
principalmente su actividad dentro del territorio nacional.
2.
Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se
encuentre la sede de su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen
principalmente sus actividades.
Las
fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una actividad
principal en el extranjero, tendrán su domicilio estatutario en la sede de
su Patronato dentro del territorio nacional.
Artículo 7. Fundaciones extranjeras.
1.
Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma
estable en España, deberán mantener una delegación en territorio español
que constituirá su domicilio a los efectos de esta Ley, e inscribirse en
el Registro de Fundaciones competente en función del ámbito territorial en
que desarrollen principalmente sus actividades.
2.
La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante
el Registro de Fundaciones correspondiente que ha sido válidamente
constituida con arreglo a su ley personal.
La
inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia
señalada en el párrafo anterior, así como cuando los fines no sean de
interés general con arreglo al ordenamiento español.
3.
Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en
este artículo no podrán utilizar la denominación de «Fundación».
4.
Las delegaciones en España de fundaciones extranjeras quedarán sometidas
al Protectorado que corresponda en función del ámbito territorial en que
desarrollen principalmente sus actividades, siéndoles de aplicación el
régimen jurídico previsto para las fundaciones españolas.
CAPÍTULO II
Constitución de la fundación
Artículo 8. Capacidad para fundar.
1.
Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas
jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
2.
Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la
dotación.
3.
Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo
expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes,
con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable.
Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano
rector.
4.
Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir
fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.
Artículo 9. Modalidades de constitución.
1.
La fundación podrá constituirse por actos «inter vivos» o «mortis causa».
2.
La constitución de la fundación por acto «inter vivos» se realizará
mediante escritura pública, con el con tenido que determina el artículo
siguiente.
3.
La constitución de la fundación por actos «mortis causa» se realizará testamentariamente, cumpliéndose en el testamento los requisitos
establecidos en el artículo siguiente para la escritura de constitución.
4.
Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa» el testador
se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de
disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en
la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará
por el albacea testamentario y, en su defecto, por los herederos
testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta
obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, previa
autorización judicial.
Artículo 10. Escritura de constitución.
La
escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:
a)
El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si
son personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas
jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de
identificación fiscal.
b)
La voluntad de constituir una fundación.
c)
La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d)
Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las
prescripciones del artículo siguiente.
e)
La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su
aceptación si se efectúa en el momento fundacional.
Artículo 11. Estatutos.
1.
En los Estatutos de la fundación se hará constar:
a)
La denominación de la entidad.
b)
Los fines fundacionales.
c)
El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de
desarrollar principalmente sus actividades.
d)
Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de
los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios.
e)
La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución
de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de
deliberar y adoptar acuerdos.
f)
Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador o
fundadores tengan a bien establecer.
2.
Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la
voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá por no puesta,
salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último
caso, no procederá la inscripción de la fundación en el correspondiente
Registro de Fundaciones.
Artículo 12. Dotación.
1.
La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase,
ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines
fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico
alcance los 30.000 euros.
Cuando la dotación sea de inferior valor, el fundador deberá justificar su
adecuación y suficiencia a los fines fundacionales mediante la
presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio
económico que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos
recursos.
2.
Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal
caso, el desembolso inicial será, al menos, del 25 por 100, y el resto se
deberá hacer efectivo en un plazo no superior a cinco años, contados desde
el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.
Si
la aportación no es dineraria, deberá incorporarse a la escritura de
constitución tasación realizada por un experto independiente.
En
uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las
aportaciones ante el notario autorizante, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
3.
Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones de terceros,
siempre que dicha obligación conste en títulos de los que llevan aparejada
ejecución.
4.
Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de contenido
patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal
concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el
Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
5.
En ningún caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar
donativos.
Artículo 13. Fundación en proceso de formación.
1.
Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la inscripción
en el correspondiente Registro de Fundaciones, el Patronato de la
fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción,
únicamente aquellos otros que resulten indispensables para la conservación
de su patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para la
fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta
cuando obtenga personalidad jurídica.
2.
Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública
fundacional sin que los patronos hubiesen instado la inscripción en el
correspondiente Registro de Fundaciones, el Protectorado procederá a cesar
a los patronos, quienes responderán solidariamente de las obligaciones
contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que ocasione la
falta de inscripción.
Asimismo, el Protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, previa
autorización judicial, que asumirán la obligación de inscribir la
fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones.
CAPÍTULO III
Gobierno de la fundación
Artículo 14. Patronato.
1.
En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un
órgano de gobierno y representación de la misma, que adoptará sus acuerdos
por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.
2.
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con
diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
Artículo 15. Patronos.
1.
El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros, que
elegirán entre ellos un Presidente, si no estuviera prevista de otro modo
la designación del mismo en la escritura de constitución o en los
Estatutos.
Asimismo, el Patronato deberá nombrar un Secretario, cargo que podrá
recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá voz pero no voto,
y a quien corresponderá la certificación de los acuerdos del Patronato.
2.
Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena
capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos
públicos.
Las
personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, y deberán designar a
la persona o personas físicas que las representen en los términos
establecidos en los Estatutos.
3.
Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado
expresamente el cargo en documento público, en documento privado con firma
legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el
Registro de Fundaciones.
Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato,
acreditándose a través de certificación expedida por el Secretario, con
firma legitimada notarialmente.
En
todo caso, la aceptación se notificará formalmente al Protectorado, y se
inscribirá en el Registro de Fundaciones.
4.
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a
ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les
ocasione en el ejercicio de su función.
No
obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que el fundador
hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar una retribución
adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les
corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del
Protectorado.
5.
El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse
personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre y representación
otro patrono por él designado. Esta actuación será siempre para actos
concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el
representado formule por escrito.
Podrá actuar en nombre de quien fuera llamado a ejercer la función de
patrono por razón del cargo que ocupare, la persona a quien corresponda su
sustitución.
Artículo 16. Delegación y apoderamientos.
1.
Si los Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar sus
facultades en uno o más de sus miembros. No son delegables la aprobación
de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos,
la fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran
la autorización del Protectorado.
2.
Los Estatutos podrán prever la existencia de otros órganos para el
desempeño de las funciones que expresamente se les encomienden, con las
excepciones previstas en el párrafo anterior.
3.
El Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales, salvo
que los Estatutos dispongan lo contrario.
4.
Las delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación, así como
la creación de otros órganos, deberán inscribirse en el Registro de
Fundaciones.
Artículo 17. Responsabilidad de los patronos.
1.
Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un
representante leal.
2.
Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños
y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o
por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del
acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y
ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a
aquél.
3.
La acción de responsabilidad se entablará, ante la autoridad judicial y en
nombre de la fundación:
a)
Por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo motivado
del mismo, en cuya adopción no participará el patrono afectado.
b)
Por el Protectorado, en los términos establecidos en el
artículo 35.2.
c)
Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos del apartado 2 de
este artículo, así como por el fundador cuando no fuere Patrono.
Artículo 18. Sustitución, cese y suspensión de
patronos.
1.
La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los
Estatutos. Cuando ello no fuere posible, se procederá de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 29 de esta Ley, quedando
facultado el Protectorado, hasta que la modificación estatutaria se
produzca, para la designación de la persona o personas que integren
provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la fundación.
2.
El cese de los patronos de una fundación se producirá en los supuestos
siguientes:
a)
Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la
persona jurídica.
b)
Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo
establecido en la Ley.
c)
Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del
Patronato.
d)
Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el
apartado 1 del artículo anterior, si así se declara
en resolución judicial.
e)
Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los
actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior.
f)
Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la
escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción en el
correspondiente Registro de Fundaciones.
g)
Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un
determinado tiempo.
h)
Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cual quiera de los medios y
mediante los trámites previstos para la aceptación.
i)
Por las causas establecidas válidamente para el cese en los Estatutos.
3.
La suspensión de los patronos podrá ser acordada cautelarmente por el juez
cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.
4.
La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se inscribirán en
el correspondiente Registro de Fundaciones.
CAPÍTULO IV
Patrimonio de la fundación
Artículo 19. Composición, administración y
disposición del patrimonio.
1.
El patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes, derechos
y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la
dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con
posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
2.
La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato
en la forma establecida en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en
la presente Ley.
Artículo 20. Titularidad de bienes y derechos.
1.
La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos
integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual.
2.
Los órganos de gobierno promoverán, bajo su responsabilidad, la
inscripción a nombre de la fundación de los bienes y derechos que integran
el patrimonio de ésta, en los Registros públicos correspondientes.
Artículo 21. Enajenación y gravamen.
1.
La enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y
derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente vinculados
al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa
autorización del Protectorado, que se concederá si existe justa causa
debidamente acreditada.
2.
Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha
vinculación esté contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea
del fundador, del Patronato de la fundación o de la persona física o
jurídica, pública o privada que realice una aportación voluntaria a la
fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados.
Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá
realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la autoridad
judicial.
3.
Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos
fundacionales distintos de los que forman parte de la dotación o estén
vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales,
incluida la transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés cultural,
así como aquéllos cuyo importe, con independencia de su objeto, sea
superior al 20 por 100 del activo de la fundación que resulte del último
balance aprobado, deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado
en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.
El
Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que
correspondan contra los patronos, cuando los acuerdos del Patronato fueran
lesivos para la fundación en los términos previstos en la Ley.
4.
Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere el presente artículo se
harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones al término del
ejercicio económico. Del mismo modo, se inscribirán en el Registro de la
Propiedad o en el Registro público que corresponda por razón del objeto, y
se reflejarán en el Libro inventario de la fundación.
Artículo 22. Herencias y donaciones.
1.
La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre
a beneficio de inventario. Los patronos serán responsables frente a la
fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a que se
refiere el artículo 1024 del Código
Civil.
2.
La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias
y la repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas será
comunicada por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de los diez
días hábiles siguientes, pudiendo éste ejercer las acciones de
responsabilidad que correspondan contra los patronos, si los actos del
Patronato fueran lesivos para la fundación, en los términos previstos en
esta Ley.
CAPÍTULO V
Funcionamiento y actividad de la fundación
Artículo 23. Principios de actuación. Las fundaciones están obligadas
a:
a)
Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la
presente Ley y los Estatutos de la fundación, a sus fines fundacionales.
b)
Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean
conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
c)
Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la
determinación de sus beneficiarios.
Artículo 24. Actividades económicas.
1.
Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté
relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o
accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la
defensa de la competencia.
Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través
de su participación en sociedades, con arreglo a lo previsto en los
siguientes apartados.
2.
Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que no
se responda personalmente de las deudas sociales. Cuando esta
participación sea mayoritaria deberán dar cuenta al Protectorado en cuanto
dicha circunstancia se produzca.
3.
Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la
dotación inicial, bien en un momento posterior, alguna participación en
sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales,
deberá enajenar dicha participación salvo que, en el plazo máximo de un
año, se produzca la transformación de tales sociedades en otras en las que
quede limitada la responsabilidad de la fundación.
Artículo 25. Contabilidad, auditoría y plan de
actuación.
1.
Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su
actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones
realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro
de Inventarios y Cuentas Anuales.
2.
El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundación,
o al acuerdo adoptado por sus órganos de gobierno corresponda, formulará
las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas en el plazo máximo de seis
meses desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la fundación.
Las
cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la
memoria, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la fundación.
La
memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida
en el balance y en la cuenta de resultados, incluirá las actividades
fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y
representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación,
indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de
beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los
convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades
para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en
el artículo 27 de la presente Ley.
Las
actividades fundacionales figurarán detalladas con los requisitos que
reglamentariamente se establezcan. Igualmente, se incorporará a la memoria
un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se
desarrollará reglamentariamente.
3.
Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos
abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos al respecto para las
sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de
negocios, establecida en la legislación mercantil, se entenderá realizada
al importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, si
procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
4.
Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza simplificado de
la contabilidad, que podrá ser aplicado por las fundaciones en las que, al
cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes
circunstancias:
a)
Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos
efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo de
balance.
b)
Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más,
en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil, sea
inferior a 150.000 euros.
c)
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a 5.
5.
Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de
todas las fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio,
concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
a)
Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
b)
Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad
propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad
mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c)
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea
superior a 50.
La
auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, disponiendo los
auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les
fueran entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe
de auditoría. El régimen de nombramiento y revocación de los auditores se
establecerá reglamentariamente.
6.
En relación con las circunstancias señaladas en los apartados 3, 4 y 5
anteriores, éstas se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
a)
Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir
dos de las citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal
situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se
repite durante dos ejercicios consecutivos.
b)
En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las
fundaciones cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente
mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las
tres circunstancias que se señalan.
7.
Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se
presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a
su aprobación. En su caso, se acompañarán del informe de auditoría. El
Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuación formal a la
normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones.
Cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados.
8.
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres
meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados
los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el
ejercicio siguiente.
9.
Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las
fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio, debiendo
formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en
cualquiera de los supuestos allí previstos para la sociedad dominante.
En
cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado
específico de la memoria, indicando los distintos elementos patrimoniales
afectos a la actividad mercantil.
Artículo 26. Obtención de ingresos.
Las
fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades siempre que ello
no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles
beneficiarios.
Artículo 27. Destino de rentas e ingresos.
1.
A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al
menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que
se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro
concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales
resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la
dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos
realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en
su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores,
de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos
financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de
los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el
cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de
esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que
se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.
En
el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones
recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de la
constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la
transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle
la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el
importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los
que concurra dicha circunstancia.
2.
Se entiende por gastos de administración los directamente ocasionados por
la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de
la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a
resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4.
Reglamentariamente se determinará la proporción máxima de dichos gastos.
Artículo 28. Autocontratación.
Los
patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de
un tercero, previa autorización del Protectorado que se extenderá al
supuesto de personas físicas que actúen como representantes de los
patronos.
CAPÍTULO VI
Modificación, fusión y extinción de la fundación
Artículo 29. Modificación de los Estatutos.
1.
El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la
fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma, salvo
que el fundador lo haya prohibido.
2.
Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación
hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con
arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de
los mismos, salvo que para este supuesto el fundador haya previsto la
extinción de la fundación.
3.
Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior,
el Protectorado le requerirá para que lo cumpla, solicitando en caso
contrario de la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la
modificación de Estatutos requerida.
4.
La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el
Patronato se comunicará al Protectorado, que sólo podrá oponerse por
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de
tres meses a contar desde la notificación al mismo del correspondiente
acuerdo del Patronato. El Protectorado podrá comunicar en cualquier
momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su no oposición a la
modificación o nueva redacción de los Estatutos.
5.
La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura
pública e inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 30. Fusión.
1.
Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán
fusionarse previo acuerdo de los respectivos Patronatos, que se comunicará
al Protectorado.
2.
El Protectorado podrá oponerse a la fusión por razones de legalidad y
mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la notificación al mismo de los respectivos acuerdos de las fundaciones
interesadas. El Protectorado podrá comunicar en cualquier momento dentro
de dicho plazo y de forma expresa su no oposición al acuerdo de fusión.
3.
La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción
en el correspondiente Registro de Fundaciones.
La
escritura pública contendrá los Estatutos de la fundación resultante de la
fusión, así como la identificación de los miembros de su primer Patronato.
4.
Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus fines, el
Protectorado podrá requerirla para que se fusione con otra de análogos
fines que haya manifestado ante el Protectorado su voluntad favorable a
dicha fusión, siempre que el fundador no lo hubiera prohibido.
Frente a la oposición de aquélla, el Protectorado podrá solicitar de la
autoridad judicial que ordene la referida fusión.
Artículo 31. Causas de extinción.
La
fundación se extinguirá:
a)
Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b)
Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c)
Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 29 y
30 de la presente Ley.
d)
Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
e)
Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en
los Estatutos.
f)
Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes.
Artículo 32. Formas de extinción.
1.
En el supuesto del párrafo a) del artículo anterior
la fundación se extinguirá de pleno derecho.
2.
En los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y e)
del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo
del Patronato ratificado por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo del
Patronato, o éste no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de
la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada
por el Protectorado o por el Patronato, según los casos.
3.
En el supuesto del párrafo f) del artículo anterior
se requerirá resolución judicial motivada.
4.
El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial, se
inscribirán en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 33. Liquidación.
1.
La extinción de la fundación, salvo en el supuesto previsto en el
artículo 31.d), determinará la apertura del
procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la
fundación bajo el control del Protectorado.
2.
Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de
interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el
supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido
designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación
extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de
las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando
tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad,
corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán
prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y
derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades
públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés
general.
4.
Reglamentariamente se establecerán los criterios reguladores del
procedimiento de liquidación a que se hace referencia en los apartados
anteriores.
CAPÍTULO VII
El Protectorado
Artículo 34. Protectorado.
1.
El Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación
y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
2.
El Protectorado será ejercido por la Administración General del Estado, en
la forma que reglamentariamente se determine, respecto de las fundaciones
de competencia estatal.
Artículo 35. Funciones del Protectorado.
1.
Son funciones del Protectorado:
a)
Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de
Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de
constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos
3 y 12 de la presente Ley.
b)
Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución,
en relación con la normativa aplicable a dicho proceso.
c)
Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico,
económico-financiero y contable, así como sobre cualquier cuestión
relativa a las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento de
sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario.
d)
Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones.
e)
Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo
con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la consecución del
interés general.
f)
Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a
los fines fundacionales, pudiendo solicitar del Patronato la información
que a tal efecto resulte necesaria, previo informe pericial realizado en
las condiciones que reglamentariamente se determine.
g)
Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la
fundación si por cualquier motivo faltasen todas las personas llamadas a
integrarlo.
h)
Designar nuevos patronos de las fundaciones en período de constitución
cuando los patronos inicialmente designados no hubieran promovido su
inscripción registral, en los términos previstos en el
artículo 13.2 de la presente Ley.
i)
Cuantas otras funciones se establezcan en ésta o en otras leyes.
2.
En todo caso, el Protectorado está legitimado para ejercitar la
correspondiente acción de responsabilidad por los actos relacionados en el
artículo 17.2 y para instar el cese de los patronos
en el supuesto contemplado en el párrafo d) del
artículo
18.2.
Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato
que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se
rige la fundación.
3.
Cuando el Protectorado encuentre indicios racionales de ilicitud penal en
la actividad de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado
de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada.
CAPÍTULO VIII
El Registro de Fundaciones de competencia estatal
Artículo 36. El Registro de Fundaciones de
competencia estatal.
1.
Existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del
Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las
fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado
o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma.
2.
La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de competencia
estatal se determinarán reglamentariamente.
3.
En el Registro de Fundaciones de competencia estatal se llevará una
sección de denominaciones, en la que se integrarán las de las fundaciones
ya inscritas en los Registros estatal y autonómicos, y las denominaciones
sobre cuya utilización exista reserva temporal.
Las
Comunidades Autónomas, una vez realizada la inscripción de la constitución
de la fundación o, en su caso, de la extinción de la misma, darán traslado
de estas circunstancias al Registro de Fundaciones de competencia estatal,
a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior y para constancia y
publicidad general.
Artículo 37. Efectos.
1.
Los Registros de Fundaciones serán públicos, presumiéndose el conocimiento
del contenido de los asientos.
2.
La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los
asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los
documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o
telemáticos que se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
3.
Los actos sujetos a inscripción no inscritos no perjudicarán a tercero de
buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que
conocía el acto sujeto a inscripción no inscrito.
4.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa
reguladora de otros Registros públicos existentes.
5.
Cuando el Registro encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la
constitución de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado
de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada,
quedando suspendido el procedimiento de inscripción hasta tanto recaiga
resolución judicial firme.
CAPÍTULO IX
El Consejo Superior de Fundaciones
Artículo 38. Consejo Superior de Fundaciones.
1.
Se crea, con carácter de órgano consultivo, el Consejo Superior de
Fundaciones.
2.
El Consejo Superior de Fundaciones estará integrado por representantes de
la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
las fundaciones, atendiendo especialmente a la existencia de asociaciones
de fundaciones con implantación estatal, y se regirá por las normas que
reglamentariamente se establezcan sobre su estructura y composición.
Artículo 39. Funciones del Consejo Superior de Fundaciones.
Serán funciones del Consejo Superior de Fundaciones:
a)
Asesorar e informar sobre cualquier disposición legal o reglamentaria de
carácter estatal que afecte directamente a las fundaciones, así como
formular propuestas en este ámbito. Asimismo podrá informar sobre tales
asuntos cuando le sean consultadas por los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas.
b)
Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y
fomento de las fundaciones, realizando los estudios precisos al efecto.
c)
Las demás que le puedan atribuir las disposiciones vigentes.
Artículo 40. Comisión de cooperación e información registral.
Se
crea en el Consejo Superior de Fundaciones la Comisión de cooperación e
información registral, que estará integrada por representantes de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Dicha
Comisión se encargará de establecer mecanismos para la colaboración e
información mutua entre los distintos registros, en particular en lo
relativo a las denominaciones y a las comunicaciones sobre la inscripción
y, en su caso, la extinción de fundaciones.
CAPÍTULO X
Autorizaciones, intervención temporal y recursos
Artículo 41. Autorizaciones.
La
tramitación de las autorizaciones a que hace referencia la presente Ley se
regirá por lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 42. Intervención temporal.
1.
Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión
económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una
desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada,
requerirá del Patronato, una vez oído éste, la adopción de las medidas que
estime pertinentes para la corrección de aquélla.
2.
Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese
atendido en el plazo que al efecto se señale, el Protectorado podrá
solicitar de la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia del
Patronato, la intervención temporal de la fundación. Autorizada
judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado asumirá
todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el
tiempo que determine el juez. La intervención quedará alzada al expirar el
plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla mediante una nueva
resolución judicial.
3.
La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la
fundación se inscribirá en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 43. Recursos jurisdiccionales.
1.
Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán
impugnables ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2.
Las resoluciones dictadas en los recursos contra la calificación de los
Registros de Fundaciones ponen fin a la vía administrativa y podrán ser
impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3.
Corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la
fundación conocer, de acuerdo con los trámites del proceso declarativo que
corresponda, de las pretensiones a las que se refieren los
artículos 9.4, 13.2;
17.3; 18.2.d);
18.3; 29.3; 30.4;
32.2, 3 y 4; 35.2 y
42.2 de la presente Ley.
CAPÍTULO XI
Fundaciones del sector público estatal
Artículo 44. Concepto.
A
los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones del sector público
estatal aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a)
Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de
la Administración General del Estado, sus organismos públicos o demás
entidades del sector público estatal.
b)
Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté
formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos
por las referidas entidades.
Artículo 45. Creación.
1. La
constitución, transformación, fusión y la extinción, y los actos o
negocios que impliquen la pérdida de su carácter de fundación del sector
público estatal o la adquisición del carácter de fundación del sector
público estatal de una fundación preexistente, requerirán autorización
previa del Consejo de Ministros.
En la constitución y
en la adquisición del carácter de fundación del sector público estatal
de una fundación preexistente se asegurará, en todo caso, la designación
por las entidades del sector público estatal de la mayoría de los
miembros del patronato.
2.
En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria, que habrá
de ser informada por el Ministerio de Administraciones Públicas, en la
que, entre otros aspectos, se justifiquen suficientemente las razones o
motivos por los que se considera que existirá una mejor consecución de los
fines de interés general perseguidos a través de una fundación que
mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la
normativa vigente.
3.
También deberá presentarse una memoria económica, que habrá de ser
informada por el Ministerio de Hacienda. En el caso de creación de
fundaciones, en la memoria se justificará la suficiencia de la dotación
inicialmente prevista para el comienzo de su actividad y, en su caso, de
los compromisos futuros para garantizar su continuidad.
[El
apartado 1 ha sido modificado por la Disposición Final segunda de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE núm. 284, de
27-11-2003, pp. 42079-42126). Para ver la antigua redacción, haga clic
aquí]
Artículo 46. Régimen jurídico.
1.
Las fundaciones del sector público estatal estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
a)
No podrán ejercer potestades públicas.
b)
Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito
competencial de las entidades del sector público estatal fundadoras,
debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que
ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión
legal expresa.
2.
El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá, con independencia del
ámbito territorial de actuación de las mismas, por la Administración
General del Estado.
3.
En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, estas
fundaciones se regirán por las disposiciones que les sean aplicables del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
En
todo caso, la realización de la auditoría externa de las fundaciones del
sector público estatal en las que concurran las circunstancias previstas
en el artículo 25.5 de la presente Ley, corresponderá
a la Intervención General de la Administración del Estado.
4.
La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente
convocatoria.
5.
Asimismo, su contratación se ajustará a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a
realizar sea incompatible con estos principios.
6.
Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación sea la
disposición dineraria de fondos, sin contraprestación directa de los
beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos específicos,
dicha actividad se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad, siempre que tales recursos provengan del sector público
estatal.
7.
En los aspectos no regulados específicamente en este capítulo, las
fundaciones del sector público esta tal se regirán, con carácter general,
por lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición adicional primera. Fundaciones del
Patrimonio Nacional.
La
presente Ley no será de aplicación a las fundaciones a que se refiere la
Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional.
Disposición adicional segunda. Fundaciones de entidades religiosas.
Lo
dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los
acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de
cooperación suscritos por el Estado con otras iglesias, confesiones y
comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su
aplicación, para las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas.
Disposición adicional tercera. Fundaciones públicas excluidas.
Las
fundaciones públicas sanitarias a que se refiere el artículo 111 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, seguirán rigiéndose por su normativa específica.
Disposición adicional cuarta. Fundaciones constituidas al amparo de la
Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud.
Las
fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril,
sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud, seguirán rigiéndose por su normativa específica, aplicándoseles los
preceptos del capítulo XI con carácter supletorio.
Disposición adicional quinta. Obligaciones de los notarios.
Los
notarios deberán poner en conocimiento del Protectorado el contenido de
las escrituras públicas en lo referente a la constitución de las
fundaciones y sus modificaciones posteriores, mediante la remisión de
copia simple de las citadas escrituras.
En
el caso de que la fundación haya sido constituida en testamento, la
referida obligación será cumplimentada cuando el notario autorizante
tuviere conocimiento del fallecimiento del testador.
Disposición adicional sexta. Depósito de cuentas y legalización de
libros.
Corresponden al Registro de Fundaciones de competencia estatal las
funciones relativas al depósito de cuentas y la legalización de los libros
de las fundaciones de competencia estatal. Reglamentariamente se
desarrollarán las prescripciones contenidas en este precepto.
Disposición adicional séptima. Fundaciones vinculadas a los partidos
políticos.
Las
fundaciones vinculadas a los partidos políticos se regirán por lo
dispuesto en la presente Ley, y sus recursos podrán proceder de la
financiación pública a través de los presupuestos de las distintas
Administraciones públicas en los términos establecidos en la legislación
presupuestaria aplicable y, en su caso, mediante las correspondientes
convocatorias públicas.
Disposición transitoria primera. Adaptación de los Estatutos de las
fundaciones y modificación de la dotación.
1.
En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las
fundaciones ya constituidas deberán adaptar sus Estatutos, cuando proceda,
a lo dispuesto en la misma, quedando extinguidos los plazos de adaptación
estatutaria previstos en la legislación anterior. La dotación de dichas
fundaciones no se someterá al régimen previsto en el
artículo 12 de esta Ley.
2.
Para las fundaciones de competencia de las Comunidades Autónomas dicha
adaptación sólo procederá en los términos de la
disposición
final primera.
3.
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 sin haberse producido
la adaptación de Estatutos, cuando sea necesario, no se inscribirá
documento alguno de la fundación en el correspondiente Registro de
Fundaciones hasta que la adaptación se haya verificado; todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.3 de esta Ley.
4.
Las condiciones estatutarias contrarias a la presente Ley de las
fundaciones constituidas «a fe y con ciencia» se tendrán por no puestas.
Disposición transitoria segunda. Fundaciones preexistentes del sector
público estatal.
Las
fundaciones del sector público estatal ya constituidas deberán, en su
caso, adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en el capítulo
XI de la presente Ley, en el plazo de dos años a contar desde la fecha
de su entrada en vigor.
Disposición transitoria tercera. Protectorados de fundaciones.
Hasta tanto se apruebe la regulación reglamentaria del Protectorado de las
fundaciones de competencia estatal, las fundaciones de este carácter
continuarán adscritas a los Protectorados actualmente existentes.
Disposición transitoria cuarta. Registros de Fundaciones de
competencia estatal.
A
los efectos previstos en esta Ley, y en tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones a que se refiere el artículo
36, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
A
la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones
que se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, el Título I
y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, octava,
decimotercera, decimocuarta, decimoséptima y decimoctava de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General.
Disposición final primera. Aplicación de la Ley.
1.
Los artículos 2; 3.1, 2 y 3;
4; 14; 31 y
34.1 constituyen las condiciones básicas para el
ejercicio del derecho de fundación reconocido en el
artículo 34, en relación
con el 53, de la Constitución, y son de aplicación general al amparo
de lo previsto en el artículo 149.1.1 a de la Constitución.
2.
a) Los artículos 6; 7 y
37.4 son de aplicación general al amparo de lo
previsto en el artículo
149.1.1.ª y 8.ª de la Constitución.
b)
Los artículos 5, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 17.1 y
2, 18.1.2. y 4, 19.1,
22,1 y 2, excepto el último inciso,
29.1, 2,3 y 5, 30.1,3 y 4, 32
y 42 constituyen legislación civil y son de
aplicación general al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.8.ª de la
Constitución, sin perjuicio de la aplicabilidad preferente del Derecho
Civil Foral o Especial, allí donde exista.
3.
Los artículos 17.3; 18.3;
21.3, segundo párrafo; 22.2,
último inciso; 35.2 y 43,
constituyen legislación procesal, y son de aplicación general al amparo
del
artículo 149.1.6.ª de
la Constitución.
4.
Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las fundaciones de
competencia estatal.
Disposición final segunda. Modificación del apartado 5 del artículo 6
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
El
apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre, quedará redactado de la siguiente forma:
«5.
Son fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)
Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de
la Administración General del Estado, sus organismos públicos o demás
entidades del sector público estatal.
b)
Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté
formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos
por las referidas entidades.
Disposición final tercera. Adaptación del Plan General de Contabilidad y
normas de elaboración del plan de actuación.
En
el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley,
el Gobierno actualizará las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y aprobará las normas de
elaboración del plan de actuación de dichas entidades.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
Se
autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La
presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2003.
Por
tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley.
Madrid, 26 de diciembre de 2002.
El
Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
JUAN CARLOS R.
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