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 PONÈNCIA A LES XV JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
CINQUENA PONÈNCIA
ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA

Comunidad hereditaria y partición

José Luis Valle Muñoz
Registrador de la Propietat

Sumari

 

I. Introducción: la comunidad hereditaria como comunidad accidental

En materia de comunidad hereditaria, la nueva regulación contiene una serie de novedades dirigidas fundamentalmente a conseguir una mayor agilidad de la misma, pues determinadas circunstancias indudablemente encorsetan el gobierno del patrimonio objeto de la comunidad. Las novedades comienzan ya desde el mismo momento de la ordenación sistemática del Libro IV, donde se contiene un capítulo dedicado precisamente a la “comunidad hereditaria” (el II del título VI), acabando con la dispersión del Código de Sucesiones. La Exposición de Motivos señala como esta reordenación sistemática tiene su precedente en el Proyecto de Compilación de 1.955 y pretende ajustarse al orden temporal de las fases en que se desenvuelve el fenómeno sucesorio.

Este encorsetamiento de la comunidad viene determinado por una serie de circunstancias que afectan a la misma, las cuales provocan que la misma no pueda regirse por las normas de la comunidad ordinaria contenidas en el Libro V, pues frente al carácter voluntario de esta última, la comunidad hereditaria podría considerarse como accidental y, en cierto modo, imprevisible. Es accidental, en la medida en que, en sí misma considerada, no pretende cumplir ninguna función económico-social, sino que pretende ser una situación interina que conserve el patrimonio lo mejor posible hasta que, a través de la partición, se produzcan las adjudicaciones que conviertan la titularidad compartida de un patrimonio en diversas titularidades sobre bienes y derechos concretos. Asimismo es imprevisible en la medida en que su existencia no viene determinada por una única voluntad, sino que se requiere el concurso, cuanto menos, de tres voluntades: la del causante y la de al menos dos herederos. Ni siquiera la voluntad del causante es esencial pues, de hecho, es más probable que nos encontremos ante una comunidad hereditaria cuando el causante ha guardado silencio, es decir, cuando nos encontramos ante una sucesión intestada, dado el llamamiento que en primer lugar se realiza a favor de los descendientes del causante, lo cual supone que siempre habrá la posibilidad de que nazca la comunidad hereditaria si hay pluralidad de descendientes. Así el artículo 442-1 de la nueva regulación señala, al igual que el artículo 330 del CS, que en la sucesión intestada la herencia se defiere en primer lugar a los hijos del causante por derecho propio, y a sus descendientes por derecho de representación.

En la sucesión testada o en la contractual, el causante puede pretender la existencia de la comunidad, nombrando una pluralidad de herederos, pero lo que ya no depende de su voluntad es que todos o algunos de los herederos repudien la herencia. A sensu contrario, ni siquiera puede el causante evitar la comunidad: El causante puede pretender evitarla nombrando un solo heredero, pero en aquellas regulaciones que restringen la libertad de testar, imponiendo un amplio sistema de legítimas, tendrán que intervenir en la partición todos los legitimarios y por ello nos encontraremos ante una comunidad hereditaria, pese a la contrariedad del causante, siempre que haya pluralidad de legitimarios, a salvo los supuestos de desheredación. Esto supone que es muy importante la determinación objetiva de la Ley aplicable a la sucesión, punto en el que debemos jugar un papel muy importante notarios y registradores, de cara a que todos los intereses en juego queden adecuadamente garantizados. La existencia de la comunidad depende no sólo del acto de última voluntad, sino también de la Ley aplicable a la sucesión. Es este un tema que no está exento de polémica, pues existe la creencia infundada de que si el testador reside en Cataluña y el testamento está otorgado en Cataluña, la ley aplicable a la sucesión será la catalana. Sin embargo, el artículo 9.8 del Código Civil estatal establece como criterio determinante la vecindad civil del causante en el momento del fallecimiento, a la cual deben ajustarse las legítimas. Si tenemos en cuenta las normas que regulan la vecindad civil, y especialmente la norma de cierre del sistema (el artículo 14,6 del propio Código), en base a la cual se presume que la vecindad civil en último término es la del lugar de nacimiento, llegamos a la conclusión de que no pueda quedar sujeta a la mera declaración de voluntad de los comparecientes en el negocio jurídico la determinación de la vecindad civil del causante, pues por esta vía se podrían atribuir como propios los derechos sobre la herencia en perjuicio de terceros no intervinientes. Así, por ejemplo, en materia de “actas notariales de declaración de herederos abintestato”, el artículo 209 bis.5 del Reglamento Notarial impone al notario la obligación de practicar las pruebas que estime oportunas, en especial las dirigidas a acreditar la nacionalidad y la vecindad civil. La misma prevención, por lógica, debería tenerse en matera de sucesión testamentaria.

Pero es que, además, en el Registro, como señaló la Resolución de la DGRN de 21 de febrero de 1992, no pueden ingresar derechos que en última instancia basan su existencia en la mera manifestación de quien los alega. Por ello, un caso muy frecuente aquí en Cataluña es que sea nombrado heredero el cónyuge o la pareja del testador, a salvo las legítimas de los descendientes. En este ejemplo, si la Ley aplicable es la catalana, la aragonesa o la navarra, no existirá comunidad hereditaria pero, por el contrario, si fuese aplicable el Código Civil, sí que existirá. Por ello, la mera declaración del cónyuge o pareja sin que la misma sea contrastada, provocaría la inscripción de los bienes a su favor como heredero único, dejando fuera de la partición a los legitimarios, lo cual es contrario al principio de ingreso contrastado de los derechos en el Registro.

Tampoco depende de la voluntad de los herederos la existencia de la comunidad, pues en caso de que, habiendo sido nombrados varios, sólo uno de ellos aceptase la herencia, en virtud del derecho de acrecer y a salvo el juego de las sustituciones, no habría comunidad hereditaria. En este sentido, el artículo 38 del todavía vigente CS establece, en caso de institución conjunta, que si por cualquier causa algún instituido no llegase a ser efectivamente heredero, su cuota hereditaria vacante acrecerá a los otros herederos, salvo que el testador haya prohibido el derecho de acrecer. Este derecho no tiene lugar cuando en lugar del heredero que falte llegue a serlo alguno de sus herederos por derecho de transmisión sucesoria, o lo sean los llamados por vía de sustitución vulgar o por fideicomiso. En la nueva regulación del Libro IV, el artículo 462,1 modifica la regulación del derecho de acrecer, conteniéndose las siguientes novedades:

-El derecho de acrecer tendrá lugar aunque el causante lo haya prohibido.

-El derecho tendrá lugar también respecto de la cuota hereditaria de la cual el causante no haya dispuesto. En este caso, al igual que en el anterior, se intenta evitar la apertura de la sucesión intestada.

-Los casos en que no tiene lugar este derecho se complementan con los supuestos en los que opere el derecho de representación, y se elimina la referencia al fideicomiso.

II. Nacimiento de la comunidad hereditaria

Hasta que nace la Comunidad hereditaria se produce un iter temporal que comienza con el fallecimiento del causante. Cierto es que el artículo 463-1 señala que “si concurren a la sucesión, simultáneamente, una pluralidad de herederos, adquieren el patrimonio hereditario en proporción a sus respectivas cuotas”, pero no debemos olvidar que el artículo 411-5 establece que  “la herencia deferida, la adquiere el heredero con su aceptación” y que, con arreglo al 461,1 “El llamado a la herencia podrá libremente aceptarla o repudiarla”. Por tanto, la muerte del causante produce únicamente la apertura de la sucesión, pero la adquisición efectiva se produce con la aceptación y ello sin perjuicio de los efectos retroactivos de ésta. No se produce ningún cambio, por lo tanto, en el Libro IV con respecto a la regulación actual, pues los preceptos citados reproducen los artículos 1 párrafo 2º, 5 y 16 del CS.

El iter temporal continuaría con la situación de yacencia de la herencia. Una de las novedades de la nueva regulación es la pretensión de minorar la duración de esta fase al establecer el artículo 411-9.4 que basta la aceptación de uno sólo de los herederos para que esta situación se extinga, correspondiendo a éste, o a los varios que hayan aceptado, la administración ordinaria. Nace de esta manera una especie de comunidad hereditaria parcial, si bien con facultades restringidas, y que en todo caso, para consolidarse, requerirá de la aceptación de otros herederos. En la regulación del CS la comunidad hereditaria no nace hasta la aceptación de la herencia por todos los herederos. La nueva regulación anticipa el nacimiento, si bien sólo atribuye al aceptante o aceptantes la capacidad para realizar actos de administración ordinaria, así como para, bajo su responsabilidad, pagar las deudas de la herencia y las cargas hereditarias, satisfacer las legítimas y cumplir los legados. Fuera de estos supuestos carecen de facultades los aceptantes: así, por ejemplo, no podrían realizar actos de disposición de los bienes.

Si algún heredero lo es sujeto a condición, el artículo 4,2 del CS señala que la herencia se defiere en el momento de cumplirse la condición. De modo análogo, en la sustitución vulgar se defiere al sustituto la herencia cuando se ha frustrado el anterior llamamiento. Si algunos herederos están instituidos bajo condición suspensiva y otros no, parece que la partición de la herencia podrá efectuarse con carácter provisional, pues pese a no contener la norma catalana una disposición equivalente al artículo 1054 del Código Civil no aparece recogido este supuesto entre los que provocan la suspensión de la partición (artículo 46 del CS), pero en todo caso habrá que asegurar los derechos del instituido para el caso de que la condición se cumpla. La nueva regulación da solución expresa a esta situación en el artículo 423-14, explicitando como se ejercen las facultades de administración de la herencia mientras la condición está pendiente de cumplimiento y permitiendo a los coherederos que ya hayan aceptado la herencia practicar la partición con la posibilidad de que el instituido bajo condición intervenga si quiere, dejando en administración los bienes asignados a la cuota del heredero condicional.

III. Régimen aplicable a la comunidad hereditaria durante su vigencia

Mientras dura la comunidad hereditaria el ordenamiento jurídico provee una serie de reglas para hacer la situación más llevadera, buscando ante todo la conservación del valor de los bienes y la protección de los futuros titulares. Ello es así porque la comunidad hereditaria no pretende cumplir ninguna función en sí misma considerada, por lo que podría considerarse como un “mal menor” o comunidad accidental. La Ley presupone que el interés de los comuneros es salirse cuanto antes y por lo tanto debe atribuírsele un carácter interino, sin perjuicio de que el causante o los propios coherederos puedan pactar plazos de duración para la misma. Pero, en principio, nos encontramos ante una situación transitoria que pretende subvenir una determinada situación de hecho: el de una herencia aceptada por una pluralidad de herederos, pero todavía no partida.

La comunidad es por tanto un medio y no un fin, a diferencia de lo que ocurre con las llamadas comunidades funcionales, donde la situación de comunidad es buscada por las partes o por el ordenamiento jurídico, con una vocación de permanencia, para dar solución al ejercicio de derechos individuales. Esto tiene una trascendencia importante pues si la comunidad es accidental el ordenamiento busca medios para poner fin cuanto antes a esta situación anómala, bien sea a través de los derechos de adquisición preferente, bien sea a través de las acciones de división, o bien sea concediendo a la autoridad judicial una potestas que busca el interés individual por encima del colectivo. Por ello, como digo, la situación de comunidad no busca el incremento del patrimonio ni su disfrute, sino que busca ante todo su conservación. En este sentido, el artículo 51 CS señala que “los coherederos podrán ejercitar, en proporción a sus cuotas, los derechos de tanteo y retracto cuando alguno de ellos venda su cuota hereditaria a un extraño”. Compárese esta norma con el artículo 553-52, 1,a) del Libro V relativo a la comunidades de garajes y trasteros, en el cual se excluyen expresamente los derechos de adquisición preferente y el ejercicio de la acción de división. En la nueva regulación, los derechos de tanteo y retracto se regulan en el artículo 463-6, número 2, para los supuestos de compraventa o dación en pago en proporción a las cuotas respectivas, remitiéndose en cuanto al tiempo y forma de ejecución a la regulación del Libro V.

El artículo 47 del CS establece que “En tanto no tenga lugar la división de la herencia, el juez podrá, a instancia de cualquier interesado, adoptar las medidas que crea oportunas con vistas a conservar el caudal, incluso nombrar un administrador, si no hay una persona especialmente facultada para administrar la herencia. En los otros casos, corresponde a los herederos la administración del caudal”. El alcance de la actuación judicial se modeliza en el nuevo artículo 463-3,4, a cuyo tenor, “aunque haya prohibición o pacto de indivisión, a instancia de cualquier coheredero, el Juez puede autorizar la partición o un anticipo parcial en bienes de la herencia o en dinero, aunque no lo haya, si concurre justa causa sobrevenida”.

En cuanto a la extensión de la comunidad por razón de los bienes, la misma no posee una naturaleza homogénea en cuanto al patrimonio relicto, pues la situación es distinta en cuanto al activo que respecto del pasivo. Así, en cuanto al activo no hay una comunidad ordinaria o romana al uso, sino que se atribuye a los coherederos una cuota ideal que recae sobre la integridad del caudal hereditario y no sobre cada uno de los bienes y derechos concretos del mismo: mientras no se haya producido la atribución concreta de activo y pasivo por vía de la partición, aquello que se adquiere no son bienes, o derechos concretos, sino una titularidad sobre un patrimonio. Por el contrario, en cuanto al pasivo, el artículo 1,2 del CS se inclina por la mancomunidad individualizada, de manera que las obligaciones y cargas de la herencia quedan divididas entre los coherederos en proporción a sus respectivas cuotas, sin solidaridad entre ellos, reputándose, en consecuencia, obligaciones y cargas distintas. Esta redacción se mantiene en el artículo 463,1 número 2. El nuevo artículo 411,1 posee un contenido más explicativo, y así señala que “El heredero sucede en todo el derecho de su causante”. Consecuentemente, adquiere los bienes y los derechos de la herencia, se subroga en las obligaciones del causante que no se extinguen por la muerte, queda vinculado por los actos propios de éste y, además, ha de cumplir las cargas hereditarias”.

Esta titularidad universal implica que los actos de disposición a título individual lo tienen que ser sobre la cuota que les corresponda sobre el total patrimonio no sobre los bienes concretos (artículo 463-6,1), requiriendo por el contrario para los negocios sobre estos últimos el consentimiento unánime de todos los comuneros (artículo 463-5,1). Cualquier negocio particular de uno de los coherederos sobre un bien concreto, se vería afectado por la pendencia de la partición, por lo que sólo sería efectivo si el bien es adjudicado al coheredero contratante. Incluso cualquiera de los coherederos que pretenda saldar las deudas con los acreedores del causante necesitará el consentimiento de los otros cotitulares, ya sea porque necesita enajenar bienes para obtener líquido, ya sea porque pretende realizar adjudicaciones en pago de deudas. Ello no obsta para que los acreedores puedan exigir el pago de sus créditos vencidos en cualquier momento, si bien por aplicación del criterio general de atribución de las deudas mancomunadamente, la acción deberá dirigirse contra todos los herederos.

Por otra parte, la comunidad no se extiende a la totalidad del patrimonio del causante, ni desde el punto de vista del activo ni respecto del pasivo. Como comunidad patrimonial que es, se excluyen de la misma los derechos no patrimoniales del causante, como los derechos de carácter político o los derechos personalísimos o vinculados de tal forma a una determinada persona por sus cualidades que tienen su razón de ser exclusivamente en elementos o circunstancias que sólo se dan en el titular. Incluso desde el punto de vista patrimonial no se integran en la comunidad los bienes especialmente legados ni los derechos patrimoniales de duración limitada legal o convencionalmente a la vida del causante, como usufructos, derechos de habitación o rentas vitalicias. Como novedad, el nuevo artículo 464-6 permite a los coherederos a la hora de realizar la partición que, si el causante no lo ha prohibido, puedan acordar por unanimidad considerar la atribución de prelegados como operación particional del causante y prescindir de la misma. Tampoco se incluyen en la comunidad las indemnizaciones derivadas de seguros de vida contratados por el difunto, que se integran en el patrimonio del beneficiario, ni los derechos arrendaticios que se transmiten por razón marital o relación de afectividad. Desde el punto de vista del pasivo es posible que determinadas deudas no se integren en la comunidad por hallarse vinculadas a algún legado (artículo 427-28,4).

El hecho de que la comunidad recaiga sobre un patrimonio influye indudablemente en el plano registral pues debe partirse de la idea de que por definición el Registro de la Propiedad tiene por objeto fincas y derechos, no patrimonios. Así el artículo 1 de la L.H. señala que “El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles”. No obstante, la idea de patrimonio no es ajena al Registro, sobre todo en materia de incapacitados y concursados. Así, el artículo 388 del R.H. en materia de incapacitados prevé la inscripción de dicha situación sobre los bienes inscritos a nombre del incapaz así como también la extensión de un asiento en un libro especial (Libro de Incapacitados), respecto de los bienes que pudiera adquirir en lo sucesivo. En materia de concurso, el artículo 24 de la Ley Concursal señala en su número 4 que “si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos se anotará preventivamente en el folio correspondiente a cada uno de ellos la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición”.

En todo caso, la idea misma de comunidad producirá una aplicación matizada de los principios hipotecarios, básicamente los de tracto sucesivo y legitimación. Son interesantes en este sentido los párrafos cuarto y quinto del artículo 20 de la L.H., no exigiendo el primero la previa inscripción o anotación a favor de los representantes, albaceas y demás personas que con carácter temporal actúen como órganos de representación y dispongan de intereses ajenos en la forma permitida por las Leyes, y conteniendo el segundo igual previsión respecto de los documentos otorgados por los herederos cuando ratifiquen contratos privados realizados por su causante, siempre que conste por escrito y firmados por éste, o cuando vendan o cedan a un coheredero fincas adjudicadas pro indiviso a los vendedores o cedentes, pero en la inscripción que se haga habrá de expresarse dicha previa adjudicación pro indiviso con referencia al título en que así constare. 

Esta normativa tendrá especial relevancia si, como admite el artículo 463-4, el causante o la autoridad judicial a instancia de cualquier interesado han designado una persona especialmente legitimada para la administración de la herencia.

Dado que durante la situación de comunidad los herederos no poseen un derecho sobre bienes individualizados, la protección de los mismos en vía registral se realizará a través del mecanismo de las anotaciones preventivas, es decir, a través de asientos de carácter temporal limitado que pretenden atender a situaciones transitorias. Así, señala el artículo 46 de la L.H. que “El derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, sólo podrá ser objeto de anotación preventiva. Esta anotación podrá ser solicitada por cualquiera de los que tengan derecho a la herencia o acreditan un interés legítimo en el derecho que se trata de anotar”.

Durante la fase interina que la comunidad comporta, los herederos tienen una serie de derechos y obligaciones. Así:

1-     Pueden pactar la duración de la comunidad por el tiempo que estimen pertinente, el cual, en principio, no puede exceder de diez años desde la apertura de la sucesión (artículo 463-2). Este término puede alcanzar los quince años respecto del inmueble que sea residencia habitual de uno de los coherederos si éste es cónyuge, conviviente en unión estable de pareja o hijo del causante. Los plazos superiores, incluso aunque éste hubiese sido ordenado por el causante, se deben reducir en cuanto al exceso.

2-     Facultades de uso y disfrute (artículo 463-3): Los coherederos pueden usar de los bienes de la comunidad y aprovecharse de los frutos y los rendimientos de acuerdo con lo que establece el artículo 552-6. El uso exclusivo de los bienes hereditarios por alguno o algunos de los herederos no los deja fuera de la partición a salvo el juego de la usucapión a favor de los poseedores en concepto de titulares exclusivos.

3-     Facultad de administrar los bienes a falta de persona nombrada por el causante o por la autoridad judicial, debiéndose ejercer dicha administración de conformidad con lo dispuesto en los artículos 552-6 y 7. Con independencia de dicha administración, los coherederos se encuentran legitimados para realizar cualquier acto de defensa y conservación de los bienes (artículo 463-4).

4-     Pueden realizar, por unanimidad, actos de disposición sobre los bienes de la comunidad, integrándose en la comunidad por subrogación real las contraprestaciones e indemnizaciones percibidas por razón de actos de disposición o de la pérdida o menoscabo de bienes de la comunidad hereditaria, así como los bienes adquiridos a cargo de estas contraprestaciones e indemnizaciones (artículo 463-5).

IV. La colación

La comunidad hereditaria, como luego veremos, se extingue por la partición, pero previamente podemos encontrarnos con la colación, la cual propiamente no es una operación particional, pues la partición básicamente consiste en inventariar los bienes, evaluarlos y adjudicarlos. La colación es una operación previa pues se refiere a unos bienes que un día pertenecieron al causante, y lo que se trata ahora es de traerlos a la masa hereditaria no en sí mismos considerados sino exclusivamente en cuanto a su valor actualizado al momento del fallecimiento del causante, en base a una presunción legal de que el causante por principio pretende beneficiar por igual a todos sus descendientes. Con base en estas premisas, la colación requiere los siguientes requisitos (artículo 464-17):

a) Deben colacionar sólo los descendientes que concurran como herederos con otros descendientes de un causante común.

b) Es necesario que el causante no manifieste su voluntad contraria a la colación. La nueva normativa (artículo 464-17,2) señala que “el causante no puede ordenar, después de haber otorgado un acto a título gratuito, que la atribución sea colacionable, pero puede dispensar de la colación en testamento, codicilo o pacto sucesorio y puede también excluirla en su sucesión”.

c) Los bienes deben haber sido adquiridos a título gratuito por actos inter vivos.

d) No puede aprovechar la colación a los herederos que no son descendientes del causante. Ello supone que si entre los herederos, hay algunos que son descendientes y otros que no, las cuotas respectivas deberán ajustarse a dicha circunstancia.

e) Es necesario que la donación sea en concepto de legítima, o sea imputable a la misma, o se haga con la advertencia expresa en el acto del otorgamiento de que será colacionable.

La colación se refiere a los descendientes, y no solo a los hijos, por ello, como señala el artículo 464-18 el nieto heredero en la sucesión de su abuelo ha de colacionar la donación o liberalidad que por alguno de los conceptos expresados había recibido y habría de haber colacionado su padre si viviera, en el caso de que sea también heredero de éste dicho nieto, y respecto a todo aquello que haya llegado a su poder.

V. Extinción de la comunidad: la partición

La extinción de la comunidad se produce por la partición. En principio depende de la voluntad de los herederos el momento de proceder a la misma (el artículo 45 del CS establece que todo coheredero, o su representante legítimo, puede pedir, en cualquier tiempo, la partición de la herencia, lo cual reitera el nuevo artículo 464-1) si bien hay una serie de excepciones, así, no se podrá proceder a la partición en los siguientes supuestos:

1- Cuando el causante haya ordenado o los coherederos hayan convenido que, tanto respecto de bienes concretos de la herencia, como respecto de la totalidad de la misma, no se proceda a la partición en los términos antes apuntados. Con esta posibilidad se busca una cierta permanencia en las explotaciones económicas. De la misma manera que en la partición se deben adjudicar los bienes de una forma económica, en muchas ocasiones puede resultar antieconómico, dada la naturaleza del patrimonio hereditario, una partición rápida de los bienes. Los plazos legales en ambos casos debe considerarse como limitaciones a la comunidad hereditaria pero sin que impidan que la voluntad de las partes renueve cuantas veces quiera los pactos de indivisión, funcionándose entonces como una comunidad ordinaria. Precisamente, nos encontramos en el CS con un precepto que tratar de paliar la anti economicidad sobrevenida, cual es el artículo 45-2, al autorizar al Juez, en todo caso, permitir la partición a instancia de cualquier heredero, si concurre justa causa sobrevenida y que, con mayor precisión, el nuevo artículo 463-2, ya visto, lo amplía no sólo una posible partición sino también a la posibilidad de anticipos parciales.

2-Aparte de los supuestos voluntarios, nos encontramos con otros casos en que la partición se suspende por la Ley. En todos estos casos subyace una razón de protección de los herederos, dada su indeterminación o situación de indefensión. Así, establecen tanto el artículo 46 CS como el nuevo 464-2 que la partición se suspende:

a)  Si la viuda está embarazada. Para que opere esta causa es necesario que el futuro hijo haya sido llamado como heredero, pues no puede tener el nasciturus mayores derechos que el ya nacido. El nuevo artículo 464-2, en la letra a) sustituye los términos “viuda embarazada” por “si es llamado a la herencia un concebido, hasta que tenga lugar el parto o se produzca un aborto”.

b) Si se ha entablado una demanda sobre filiación, hasta que sea dictada sentencia firme.

c) Si se ha iniciado un expediente de adopción, hasta que éste acabe con sentencia o resolución firme.

d) Si el causante ha expresado de manera fehaciente su voluntad de fecundación asistida post mortem, hasta que devenga el parto o transcurra el término correspondiente según la Ley para practicarla.

e)  Si el causante ha hecho alguna disposición a favor de una fundación que ha ordenado crear en el testamento, hasta que quede válidamente constituida de conformidad con la Ley. Con mayor precisión el nuevo artículo 464-2 en la letra e) se refiere no sólo a fundaciones, sino a personas jurídicos en general, añadiendo a la expresión “hasta que quede válidamente constituida” la precisión de “o que se declare, de acuerdo con la Ley, la imposibilidad de constituirla”.

En muchos de estos supuestos la suspensión de la partición puede prolongarse excesivamente en el tiempo, y por ello, el artículo 47 del CS prevé que el Juez pueda, a instancias de cualquier interesado, adoptar las medidas que crea oportunas con vistas a conservar el caudal. No se contiene en la reforma el precepto equivalente, aunque esta posibilidad debe entenderse incluida en la legitimación que individualmente se concede a todo coheredero por el artículo 463-4,3 para realizar los actos de conservación y defensa de los bienes.

En cuanto a las clases de partición, la doctrina tradicionalmente distingue entre la partición judicial y la extrajudicial, y a su vez dentro de esta última se distingue la realizada por el testador, la efectuada por albacea o contador partidor, la que llevan a cabo los propios coherederos, y la que puede confiarse a un tercero o árbitro.

1-Respecto de la partición realizada por el testador, la misma si es total excluye la comunidad hereditaria. No así si es parcial. La partición realizada por el causante atribuye directamente los bienes a los herederos, no el patrimonio, aunque dicha adjudicación lo sea por cuotas. Por ello no es lo mismo nombrar herederos por partes iguales que adjudicar bienes por partes iguales. La partición se puede llevar a cabo por acto entre vivos o de última voluntad. La realizada inter vivos, como señala la STS de 1 de septiembre de 1997, puede realizarse en forma libre, en documento público, privado o incluso verbalmente. El artículo 55 del CS contiene una norma interpretativa del testamento: si la partición se hace por el testador en el mismo acto de disposición hereditaria, las cláusulas de partición prevalecen sobre las dispositivas en caso de contradicción. Si es hecha en acto separado, prevalecen las cláusulas dispositivas, salvo que sean revocables y puedan ser efectivamente revocadas por el acto de partición. Por disposición de última voluntad el causante puede, si quiere, imponer normas vinculantes para la partición. Estas prevenciones se trasladan al nuevo artículo 464-4.2.

La STS de 4 de febrero de 1994 señala que la partición hecha por el testador vincula a los coherederos siempre que se respeten los derechos legitimarios.

2-El causante puede designar a determinadas personas para que efectúen las operaciones particionales. El artículo 55 del CS prevé que la partición pueda también realizarse por un albacea o contador partidor. No existiendo contador partidor, si el albacea nombrado es particular debe habérsele encomendado expresamente la función particional. Por el contrario, el albacea universal nombrado sí podrá realizar la partición, pues el artículo 316.3 del CS le permite la entrega directa de bienes hereditarios si no hay contador partidor. El nuevo artículo 464-5 señala que el causante puede también encomendar la partición a un albacea o a un contador partidor que ha de actuar de acuerdo con las reglas que ésta haya establecido y, en lo no previsto, de acuerdo con la Ley. Esto supone que el albacea particular sólo puede realizar las funciones particionales si las tiene expresamente encomendadas por el causante (artículo 429-12) y que el albacea universal lo debe ser de “entrega directa del remanente de bienes” y no “de realización de herencia”, pues es al primero al que corresponden, con arreglo al artículo 429-10, letra f), practicar la partición de la herencia en defecto de contador partidor.

El contador partidor puede ser designado judicialmente, con arreglo al artículo 56 del CS, en aquellos supuestos en que el causante no haya hecho la partición ni haya designado contador partidor o el cargo haya quedado vacante, siempre que los herederos y legatarios que representen la mitad del caudal hereditario lo soliciten. Esta partición requiere la aprobación judicial, salvo que sea ratificada por todos los herederos y legatarios. No prevé esta posibilidad la nueva regulación que, de manera más sencilla, se limita a señalar en el artículo 464-7, número 2, que si los coherederos no llegan a un acuerdo para hacer la partición ni procede hacerla de otra forma, cualquiera de ellos puede instar la partición judicial.

3-En defecto de los supuestos anteriores, la partición deben hacerla los propios herederos de común acuerdo. En este caso la voluntad de los coherederos es la ley de la partición, pudiendo prescindir incluso de las disposiciones establecidas por el causante. También pueden prescindir del contador partidor nombrado por el causante, salvo que éste haya dispuesto expresamente lo contrario (artículo 464-6, número 2). Respecto de la forma, la jurisprudencia admite que la partición pueda hacerse en documento público, privado o incluso verbalmente (STS de 1 de septiembre de 1997, anteriormente citada).

4-Los herederos de común acuerdo pueden decidir no proceder a la partición sino encargarla a un tercero o que éste resuelva las controversias que surjan. Este arbitraje puede incluso establecerse por el propio testador. Se recogen estas posibilidades en el nuevo artículo 464-7.

5-Por último, a falta de las posibilidades anteriores y si los coherederos no se entienden entre ellos acerca de cómo efectuar la partición, deberá acudirse a la partición judicial, a través del procedimiento que regulan los artículos 782 y siguientes de la LEC.

Las operaciones particionales, dado que la colación la hemos considerado como una operación previa, comienzan con el inventario y avalúo de los bienes. Especialmente son importantes el asesoramiento notarial y el control registral respecto de la valoración de los bienes de modo que no se produzcan situaciones de indefensión derivadas de posibles conflictos de intereses.

Estas operaciones terminan con las adjudicaciones a los distintos herederos de bienes o lotes, de acuerdo con la respectiva cuota. En la partición debe guardarse la igualdad en la medida de lo posible, tanto si se hacen lotes como si se adjudican bienes concretos (artículo 464-8).

A partir de este momento la titularidad sobre un patrimonio se convierte en titularidad sobre bienes concretos. La Ley contempla que determinados bienes no admitan una fácil adjudicación por lo que prevé que las cosas indivisibles o que desmerezcan con su división, así como las colecciones de interés histórico, científico, artístico o documental han de ser adjudicadas de acuerdo con las complejas reglas del artículo 552-11, salvo voluntad contraria del causante o acuerdo unánime de los coherederos. Por otra parte, la partición no puede ser una vía de incumplir ninguna clase de normativa de carácter imperativo, por lo que se deben respetar los límites a la propiedad e interés público y privado y, en particular la legislación urbanística, forestal y agraria, incluso el régimen de las unidades mínimas de cultivo. Se sigue en este precepto el criterio sentado por diversas resoluciones de la DGRN, las cuales señalan que ni siquiera el hecho de que la adjudicación sea resultado de un procedimiento judicial permite eludir la normativa sectorial.

En cuanto a la eficacia de la partición, la adjudicación de los bienes asignados a cada coheredero comporta la extinción de la comunidad y la adquisición por parte de cada uno de la propiedad exclusiva o por cuotas de los bienes adjudicados. No obstante, nacen en este momento una serie de obligaciones de unos herederos respecto de otros, y así, con arreglo al artículo 464-11, existe una obligación de saneamiento por evicción o vicios ocultos salvo que la partición haya sido hecha por el causante y el testamento no disponga lo contrario o permita presumirlo de manera clara, o los coherederos hayan eliminado expresamente esta obligación o renuncien a la misma.

En caso de evicción la acción prescribe a los tres años de la privación del bien y si el saneamiento es por vicios ocultos, la acción sólo puede ejercitarse, salvo pacto en contrario, si el vicio aparece dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación del bien, y prescribe a los tres años contados desde la aparición.

Puede resultar que la partición no comprenda la totalidad de los bienes, por ignorancia de los herederos. En la práctica son muy frecuentes las adiciones de inventario. En este caso se respeta la validez de la partición ya efectuada, si bien será necesario complementar la misma con los nuevos bienes inventariados y evaluados.

La partición puede adolecer de otra serie de imperfecciones, derivada no ya de los bienes en sí mismos considerados, como es el caso de la  evicción, sino provenientes de los propios herederos. Podríamos considerar cuatro clases de problemas:

a)Partición hecha con alguien a quien se creía heredero y no lo era. La nueva regulación cambia el criterio, pues frente a la nulidad sancionada por la normativa anterior, el nuevo artículo 464-15, número 2, señala que la parte que al mismo se adjudicó deberá adicionarse a la del resto de los coherederos, si bien la mayoría, según el valor de las cuotas, pueden acordar dejar la partición sin efecto, para que la misma se vuelva a practicar. La L.H. prevé la situación del heredero aparente en el artículo 28, suspendiendo los efectos de la fe pública registral respecto de herederos no forzosos durante el plazo de dos años contados desde la muerte del causante, en previsión de que algún heredero finalmente no lo sea.

b)La partición hecha sin la intervención de algún heredero. El heredero puede aceptar la herencia en el plazo de treinta años, pudiendo reclamar del resto de coherederos la parte que le corresponda.

c)La partición en que se produzca lesión para alguno de los herederos, concretamente, la denominada lesión “ultra dimidium”, que implica una adjudicación a un heredero notablemente inferior a la que le correspondería. El artículo 59 del CS cifra la lesión en más de la mitad, lo cual recoge el nuevo artículo 464-13, número 1.

d)La partición en que no están debidamente representados los herederos, especialmente los menores e incapacitados. Debe equipararse a los supuestos de partición hecha sin intervención de algún heredero.

Por último, en cuanto a la inscripción de los bienes hereditarios, partiendo de la idea apuntada de que el Registro funciona en base a fincas o derechos, la titulación a efectos de inscripción varía según haya habido una comunidad hereditaria o no, pues con arreglo al artículo 14 de la L.H. cuando haya heredero único no será necesaria la escritura de partición. Tiene, en este sentido, una importancia capital la diferencia entre los legitimarios según su derecho sea un pars valoris, o un pars bonorum, pues según posean una u otra consideración su intervención será necesaria para que la partición sea eficaz. El precepto establece que “el título de la sucesión hereditaria a los efectos del Registro es el testamento, el contrato sucesorio, la declaración judicial de herederos abintestato o el acta de notoriedad a que se refiere el artículo 979 de la LEC. Para inscribir bienes y adjudicaciones concretas deberán determinarse en escritura pública o por sentencia firme los bienes, o parte indivisa de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero. Cuando se tratare de heredero único y no exista ningún interesado con derecho a legítima, ni tampoco Comisario o persona autorizada para adjudicar la herencia, el título de la sucesión, acompañado de los documentos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, bastará para inscribir directamente a favor del heredero los bienes y derechos de que en el Registro era titular el causante”.

En Cataluña, la existencia de legitimarios no herederos no puede evitar la aplicación del artículo 14, pues los mismos poseen un mero derecho de crédito, que el heredero, a salvo que el causante haya establecido otra cosa, puede pagar en bienes de la herencia o en dinero (artículo 451-11, número 1).

No solamente cobran relevancia los legitimarios a la hora de determinar las personas interesadas en la partición, pues existen otras personas que podrían tener derechos en la misma, como los legatarios de parte alícuota, los acreedores de la herencia, los usufructuarios o los herederos fideicomisarios, para determinar si los mismos son integrantes o no de la comunidad.

Los acreedores de la herencia no tienen derecho a intervenir en la partición pero, con arreglo al artículo 48 del CS, pueden oponerse a que se lleve a cabo la misma mientras sus derechos no sean pagados o afianzados, prevención que mantiene el artículo 464-3. 

En cuanto a los legatarios de parte alícuota, en Cataluña no parece que forman parte de la comunidad hereditaria, pues como señala el nuevo artículo 427-36, tiene carácter de legado de eficacia obligacional, permitiéndose al heredero satisfacer el valor líquido correspondiente a la parte alícuota fijada por el causante en dinero, aunque no lo haya en la herencia. Por el contrario, el legado de usufructo tiene carácter real, salvo que se haya ordenado con eficacia obligacional, por lo que el usufructuario sí debe intervenir en la partición.

En cuanto al fideicomiso, para que tenga lugar la comunidad hereditaria es preciso que sea de herencia o universal, pues en caso contrario (si es sobre bienes concretos), tendrá el carácter de legado (como establece el nuevo artículo 426-5). Si el fideicomiso se cumple durante la comunidad hereditaria, entonces deberán intervenir los fideicomisarios en la partición. Por el contrario, si no se cumple antes de la partición, su derecho se limita por el artículo 426-20, número 3, a intervenir en el inventario de los bienes hereditarios si lo solicitan.

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Amunt

 

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Última actualització de la web: 15/07/14